Amnistía Internacional celebró la imputación presentada hoy por la Fiscalía Regional Centro Norte en contra de tres altos mandos y ex mandos de Carabineros, por el papel que habrían desempeñado en la forma desproporcionada y contraria al derecho internacional, en que Carabineros de Chile reprimió las protestas masivas ocurridas en Chile a fines de 2019.
La imputación se formalizó en contra del actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien durante las protestas de 2019 se desempeñaba como director de Orden y Seguridad; Mario Rozas, ex general director de la institución; y Diego Olate, general en retiro y ex subdirector, por su presunta responsabilidad como altos mandos de la institución.
Amnistía Internacional valora este paso como un avance hacia la justicia por las graves y generalizadas violaciones de derechos humanos cometidas durante la respuesta a las protestas.
“La formalización del general Ricardo Yáñez por su eventual responsabilidad en el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, y de otros altos mandos de Carabineros, constituye una medida imprescindible para avanzar en la lucha contra la impunidad de altas autoridades en Chile, enquistada durante décadas, y a favor de la justicia por miles de víctimas”, dijo Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
Amnistía Internacional aportó a esta investigación antecedentes relativos a la violación generalizada del derecho a la integridad física ocurrida entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019, documentadas en el informe “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando en el estallido social”. En particular, este informe evidenció cómo, a través de órdenes tácitas u omisiones deliberadas, distintos mandos de Carabineros —incluido el actual General Director y entonces Director de Orden y Seguridad— habrían implementado una estrategia para silenciar las protestas donde destacó el uso indiscriminado e indebido de escopetas cargadas con munición altamente lesiva, dejando miles de personas heridas y más de 400 personas con trauma ocular.
“La solicitud de imputación de varios mandos y ex mandos de Carabineros, cuya decisión habría sido asumir miles de lesionados y la discapacidad de cientos de personas como un mal necesario para terminar con las protestas, tiene el potencial de abrir una nueva era en la lucha contra la impunidad y la no repetición de violaciones de derechos humanos en Chile. Esperamos que a la celebración de la audiencia de imputación le siga el procesamiento y juicio de todas aquellas personas responsables por el sufrimiento de miles, con todas las garantías del debido proceso y juicio justo para garantizar plenamente el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Reiteramos que la justicia no sólo debe perseguir a quien apretó el gatillo sino también a quien dio la orden o no hizo lo necesario para evitar las graves violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo en el país. La formalización de la investigación anunciada hoy es un paso fundamental que honra la lucha por más derechos de todas las víctimas del estallido social. Toda la línea de mando debe rendir cuentas por sus acciones y omisiones en ese periodo tan difícil y transformador de nuestra historia reciente”, concluyó Rodrigo Bustos.
