- El informe realizado por la Facultad de Ciencias de la Naturaleza de la Universidad San Sebastián propone medidas como la creación de sistemas de emergencia regionales y otorgar un rol al gobernador en el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid).
- En materia de comunicación de emergencias, sugiere integrar canales como mensajería capaz de interrumpir señales de TV y radio, carteles digitales y alertas inalámbricas para asegurar una entrega de mensajes efectiva
Entre 2010 y 2020 se registraron —en el planeta— 11 terremotos de magnitud 8 o superior, de los cuales cuatro (36%) ocurrieron en Chile. Nuestro territorio también ha sido afectado por inundaciones, aluviones catastróficos y erupciones volcánicas con capacidad destructiva. Este dato es parte del contexto que incluye el estudio “Brechas y propuestas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de Emergencias y Reducción de Riesgo de Desastres”, desarrollado por la Facultad de Ciencias de la Naturaleza de la Universidad San Sebastián (USS).
El análisis, liderado por Michel De L’Herbe, consultor y experto en manejo de emergencias, a su vez, detalla que desde 2014 a la fecha el país ha enfrentado la década más catastrófica desde que hay registro en materia de incendios forestales. Las temporadas 2014, 2023 y 2024 sumaron el mayor número de personas fallecidas. El incendio de febrero de este año en la región de Valparaíso fue el segundo más mortífero del siglo en el mundo, superado solo por los incendios de 2009 en Australia.
“Precisamente, a raíz de este último acontecimiento nació la necesidad de elaborar este informe. El objetivo es identificar brechas y desafíos en el sistema de emergencias de Chile y plantear mejoras concretas para modernizar la gestión de riesgos y emergencias en el país. Se busca un enfoque integral y multidimensional que permita fortalecer la capacidad de respuesta a nivel local, regional y nacional, integrando a la comunidad y adaptando las prácticas a la diversidad territorial y cultural del país”, explica De L’Herbe.
Descentralización y fortalecimiento de capacidades locales
Uno de los hallazgos del estudio es que la ley chilena centraliza la toma de decisiones en la gestión de emergencias a nivel nacional, a través del SENAPRED y el Ministerio del Interior, con escasas bajadas a nivel local.
Ante esto se propone una estructura de gestión que otorgue mayor poder y recursos a los niveles regional y local. Esto incluye la creación de sistemas de emergencia regionales que puedan coordinarse con el central, pero que tengan la autonomía necesaria para tomar decisiones rápidamente. Además, se sugiere fortalecer las capacidades técnicas y financieras de las municipalidades, especialmente, en áreas rurales.
“Hoy, más que nunca, necesitamos que exista colaboración a toda escala y entre el mundo público, privado, la sociedad civil y la academia para poder tener una real gestión de emergencias ante desastres naturales. Sobre todo, en el contexto de los graves efectos que está causando el cambio climático, que ha profundizado las amenazas”, dice la decana de la Facultad de Ciencias de la Naturaleza USS, María Emilia Undurraga.
Nuevas funciones para los gobiernos regionales
El informe expone que el sistema actual presenta una baja rendición de cuentas, con mecanismos limitados y poco claros que pueden generar falta de transparencia y dificultar la evaluación de su desempeño, lo que se agrava por un enfoque en la responsabilidad penal personal, en lugar de mejorar la gestión a nivel ejecutivo.
Frente a esto, se plantea establecer roles y funciones para los gobiernos regionales en cada fase del ciclo de vida de la emergencia. A lo anterior, se suma otorgar un rol al gobernador en el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid). Instancia superior encargada de definir políticas y estrategias nacionales, integrando a ministerios, organismos públicos y privados.
Comunicación más efectiva
El análisis de la USS también expone que la legislación chilena no establece estándares específicos para las comunicaciones de emergencia ni garantiza el desarrollo de un sistema acorde a las necesidades. Dentro de las propuestas para reducir esta brecha figuran acciones como integrar diferentes canales de comunicación, como mensajería capaz de interrumpir señales de TV y radio, carteles digitales y alertas inalámbricas para asegurar una comunicación efectiva durante las evacuaciones y otras acciones críticas.
“A pesar de ser uno de los países con mayor despliegue de fibra óptica según la OCDE, estos avances en conectividad no se reflejan en la seguridad pública. Este aspecto es crucial para establecer comunicaciones efectivas durante acciones clave como las evacuaciones”, agrega De L’Herbe.
En esa línea, pone como ejemplo los incendios de Valparaíso de este año. “Uno de los problemas que existió es que el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) no funcionó correctamente, por lo que la gente no sabía cómo ni cuándo evacuar cuando el fuego llegó a sus viviendas”, menciona.
También se levanta la necesidad de establecer una sola codificación de alertas, con una clara definición del significado y las acciones asociadas a cada nivel. Actualmente, SENAPRED posee un sistema de alerta que establece tres colores (verde, amarillo, rojo) y, por su parte, Sernageomin posee cuatro colores frente a amenaza volcánica. Resulta altamente recomendable establecer un solo lenguaje asociado a colores y acciones predefinidas para cada una de ellas que favorezca una adecuada comprensión por parte de la comunidad”, complementa María Emilia Undurraga.
Profesionalización en la gestión de emergencias
En análisis desarrollado por la USS plantea que Chile carece de un sistema normado para la selección, formación y certificación del personal en la gestión de emergencias. Actualmente no existen carreras técnicas o profesionales especializadas en Seguridad Pública y Gestión de Emergencias, por lo que se sugiere seguir las buenas prácticas internacionales para crear un modelo debidamente normado.
“El informe insta un cambio a nivel de ley donde además de requerir un título o grado académico en particular sea posible acreditar competencias, experiencia y especialización. A su vez, se requiere que el Estado genere programas de capacitación y entrenamiento normado que considere las debidas actualizaciones, revisiones y perfeccionamiento cuando corresponda en un modelo de educación continua de rápida implementación, flexible, adaptable al desarrollo y nuevos conocimientos. Esta medida es clave al momento de instalar capacidades y competencias en el nivel local, especialmente en las zonas rurales y más vulnerables”, finaliza María Emilia Undurraga.
Revisa el informe aquí.
