Con un oficio enviado ayer a Contraloría, la AMUCH exige que se rindan cuentas a la ciudadanía respecto al sistema de inhibidores de señal dentro de las cárceles.
“Pedimos a la Contraloría General de la República, que realice una fiscalización a todo el proceso de instalación y funcionamiento de los inhibidores de señal. Ya que ni el Gobierno, ni el Ministro de Justicia, ni el Subsecretario de Prevención del Delito han entregado una explicación sobre lo que está ocurriendo en los recintos penales”, dice Gustavo Alessandri, tras conocerse los últimos incidentes al interior de los recintos penales en que los internos, en su mayoría ligados al Tren de Aragua, han persistido en sus intentos de vulnerar las medidas de seguridad. Tanto así, que Gendarmería debió interponer una querella por Ley de Seguridad del Estado en contra de 18 de reclusos.
“A todas luces hemos llegado a un punto de difícil retorno, perdimos el control de las cárceles y el Gobierno sigue en silencio. Una de las fallas más evidentes, es el fracaso de los inhibidores de señal -que significaron una inversión de miles de millones de pesos- y, en estos momentos, hay gendarmes que viven bajo amenaza. ¿Qué esperan las autoridades para dar un giro en las acciones? Nadie rinde cuentas. Desde diciembre de 2022 a la actualidad, la población carcelaria ha aumentado un 5,8%, por ende, esta situación solo puede empeorar”, finaliza.
