En un contexto de creciente preocupación por la protección de los derechos de las mujeres, funcionarias del Estado han alzado su voz para denunciar al presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, por su defensa pública de Erwin René Valencia Órdenes, ex dirigente de una asociación de funcionarios del Senado, condenado por violencia intrafamiliar.
La denuncia surge luego que, en 2021, una trabajadora del Senado tuviera el coraje de acusar a Valencia por violencia física y psicológica, un acto que fue validado tanto por un sumario administrativo como por la justicia ordinaria. El proceso administrativo comprobó que Valencia cometió faltas graves a la probidad, lo que resultó en su destitución. Paralelamente, la justicia también lo condenó por las agresiones cometidas en un contexto de violencia intrafamiliar, tras el reconocimiento de los hechos por parte del agresor.
Sin embargo, a pesar de la contundencia de las pruebas y la condena, diversas dirigencias internas del Congreso Nacional, incluida la ANEF bajo la presidencia de José Pérez, han decidido proteger a Valencia, apelando al «fuero sindical». Esta defensa, según las funcionarias denunciantes, distorsiona el verdadero propósito del fuero, que debe proteger los derechos laborales de los empleados públicos, y no ser utilizado como un escudo para encubrir actos de violencia y agresión contra las mujeres.
Recientemente, el presidente de la ANEF ha redoblado sus esfuerzos en la defensa de Valencia, declarando públicamente en una entrevista que el ex dirigente fue «vulnerado en su fuero y en sus derechos». Pérez ha intentado victimizar a Valencia y minimizar la gravedad de las agresiones, calificándolas como asuntos de la «vida privada». Estas declaraciones no solo desinforman al público, sino que también revictimizan a la funcionaria afectada, quien ha sido sistemáticamente violentada, tanto por su agresor como por aquellos que, desde posiciones de poder, buscan protegerlo.
Las trabajadoras denuncian que José Pérez ha omitido deliberadamente los detalles sobre la condena de Valencia, incluso llevando la defensa del fuero sindical ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este acto, señalan, es una clara traición al deber del presidente de la ANEF, quien debería defender los derechos de todas las funcionarias y funcionarios del Estado, y no proteger a un maltratador.
Además, acusan a la ANEF de no pronunciarse en defensa de la funcionaria agredida, y exigen a su vicepresidenta de la Mujer y Género, Gina Sennas Ruíz, y a todas las directivas, una autocrítica profunda. «No más discursos vacíos», demandan. Exigen acciones concretas que garanticen justicia y equidad para las mujeres trabajadoras del Estado, y llaman a una reflexión sobre el rol que la ANEF debe jugar en la erradicación de la violencia de género en el ámbito laboral.
Las funcionarias concluyen su declaración con un llamado claro a José Pérez: que cumpla con su deber de representar y proteger a todos los trabajadores y trabajadoras del Estado. «Cuando se violenta a una, se nos violenta a todas», sentencian, subrayando la necesidad de acabar con la relativización de la violencia contra las mujeres en todas sus formas.
