Conforme a los antecedentes recabados a través de diversos medios de comunicación, lo informado por la Contraloría General de la República, y la presentación de parlamentaros ante diversas instituciones, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, decidió abrir una investigación penal de oficio con el de fin de recabar todos los antecedentes y, a partir de ello, analizar la posible comisión de delitos en la entrega de pensiones de gracia.
Para esto, designó a Marcos Pastén, quien hace poco asumió la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, asumir la indagatoria.
Dentro de los delitos que podrían configurarse -dependiendo si se acreditan conductas dolosas o culposas, tanto activas como omisivas, de parte de funcionarios públicos o de particulares- se encuentran las figuras previstas en los arts. 233, 234, 239 o 470 N° 8, todas del Código Penal.
Al respecto, la investigación debería determinar si los funcionarios públicos efectivamente se encontraban a cargo de los pagos, si intervinieron o participaron en la asignación de los recursos, si incumplieron con sus funciones o si existieron conductas engañosas o fraudulentas para obtener los beneficios estatales, entre otras materias que deberán ser indagadas.
