¿Cuánto dinero estamos dispuestos a pagar los chilenos para evitar el corte de agua potable durante un evento hidrometeorológico extremo? Esta fue la pregunta que se hizo un grupo de investigadores liderados por los expertos de CIGIDEN.
Según el Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo 2020, alrededor del 74% de todos los desastres socionaturales (ocurridos entre 2001 y 2018) estuvieron relacionados con el agua. Las inundaciones y sequías afectaron a más de tres mil millones de personas, muchas de las cuáles se vieron obligadas a huir de sus hogares debido a estos desastres, los que además han convertido el acceso al agua potable en una situación muy problemática.
En este contexto e inspirados por los eventos hidrometeorológicos que ocurren cada vez con mayor frecuencia en la zona Central de Chile afectando al recurso hídrico, expertos del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN) elaboraron un estudio que cuantifica la disposición a pagar por parte de los consumidores, con el fin de que las empresas sanitarias incrementen la autonomía del servicio de agua potable ante un eventual desastre.
Para obtener los resultados, los autores consideraron en el trabajo denominado “Willingness to pay for improving water supply continuity in case of climatic extreme natural events: an empirical approach for Chile”, las variables o características socioeconómicas que influyen en la disposición a pagar por parte de la población.
“Normalmente, la regulación, explotación y gestión de las infraestructuras de agua potable se centran en el suministro en condiciones regulares, es decir, en ausencia de fenómenos extremos, sin embargo, los desastres socionaturales que afectan al suministro de agua potable son cada vez más frecuentes”, asegura el autor principal del estudio y profesor asociado del Instituto de Sociología UC, Luis Maldonado.
El 60% no estar dispuesta a pagar
“En este artículo abordamos un vacío que existe en la investigación científica respecto a la disposición a pagar por parte de los clientes como una forma de fomentar a las empresas de agua para aumentar la autonomía del servicio de agua potable, es decir, mejorar la continuidad del agua potable durante eventos climáticos extremos”, explica Maldinado.
Para esta investigación el grupo de expertos encuestó a 750 jefas y jefes de hogar en 2020, residentes en las comunas de Puente Alto, Las Condes, Cerro Navia, Melipilla y San José de Maipo.
“Cuando les preguntamos las razones de su respuesta, una parte importante dijo que creen que el sistema potable debe ser propiedad del Estado y en segundo lugar, que no confían en que su dinero vaya a ser utilizado para optimizar la gestión del agua”, explica la profesora asociada del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental UC, María Molinos,
En las zonas rurales, en tanto, la valoración del agua es mayor y los consumidores muestran una mayor disposición a pagar por la mejoría del servicio. En efecto, el estudio indica una disposición a pagar promedio de $1.371 (USD 1,81) que equivalen al 16,72% del costo promedio del consumo que detallan las boletas de agua.
Acceso agua en un país polarizado
Durante la última década, la Región Metropolitana y otras regiones de Chile han sufrido graves sequías, lo que ha incrementado el interés de la ciudadanía por el derecho al agua. Las empresas sanitarias, en cambio y los sistemas de agua potable rural (APR) han cobrado fuerza y una mayor prominencia en los debates públicos.
Como resultado, durante los últimos años el debate sociopolítico se ha vuelto cada vez más polarizado, en particular después de las protestas de los años 2019 y 2020.
“Una de las cosas importantes que logramos identificar en este estudio es es que las variables socioeconómicas, como el ingreso y/o educación, no son los principales factores que explican la disponibilidad a pagar de una persona, sino que esa decisión más bien se relaciona con factores políticos, como la confianza en las empresas sanitarias”, dice Molinos.
Esta investigación fue presentada en 2022 durante el coloquio “Gobernanza del agua y desastres socionaturales: conflictos y consensos” organizado por CIGIDEN y está disponible acá.
