La mañana de este miércoles 4 de octubre despegó un vuelo de la FACH con destino a las ciudades de Puerto Príncipe (Haití) y Bogotá (Colombia) para dar cumplimiento a treinta expulsiones judiciales dictadas por los tribunales. En el Grupo 10 de la FACH, abordaron las primeras 26 personas expulsadas, escoltadas por personal de la PDI. Luego, el vuelo hizo una escala en el aeropuerto de Iquique, donde abordaron cuatro personas más y sus respectivos escoltas.
De las personas expulsadas, 27 son de nacionalidad colombiana y tres de nacionalidad haitiana, quienes cumplían condenas inferiores a cinco años y un día, por diversos delitos como robo con violencia, robo con intimidación, homicidio frustrado y tráfico de drogas, entre otros.
De acuerdo al marco legal vigente y la Política Nacional de Migración y Extranjería, el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) es responsable de la logística, contratación de vuelos y financiamiento de pasajes para materializar, en conjunto con PDI, las expulsiones administrativas y judiciales, y prioriza la salida forzada del país de aquellas personas extranjeras que han cometido delitos en Chile y tienen antecedentes penales.
Entre las personas expulsadas en este vuelo, una fue detenida en Colchane intentando ingresar al país con 11 kilos de marihuana, que transportaba escondidos al interior de piezas de bicicletas. Otra fue detenida en Quinta Normal luego de dispararle al menos cuatro veces a su víctima, provocándole lesiones graves. Dos de los expulsados fueron detenidos en Iquique por robo con violencia, cuando asaltaron a dos personas, las golpearon, amenazaron y les robaron sus celulares y otras pertenencias.
Este vuelo a Puerto Príncipe y Bogotá costó 86 mil dólares aproximadamente, es decir, cada una de estas expulsiones tuvo un valor de $2.600.000, que incluye el pasaje de ida para la persona expulsada y los pasajes de ida y vuelta para el escolta de la PDI, además de otros gastos operativos.
Junto con avanzar en materializar las expulsiones administrativas y judiciales, estamos implementando medidas preventivas, como reforzar el control de nuestras fronteras y el empadronamiento de los datos biométricos de aquellas personas que ingresaron por pasos no habilitados, todas medidas que contribuyen a fortalecer la seguridad pública.
Durante el 2023, incluido el vuelo de la FACH, a la fecha se han realizado 640 expulsiones: 192 administrativas y 448 judiciales. Dos tercios de ellas se han realizado en vuelos de la FACH o comerciales y un tercio por vía terrestre.
Al respecto, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, destacó que en el marco de la Política Nacional de Migraciones, SERMIG trabaja en conjunto con PDI en materializar las expulsiones. “El criterio es priorizar las expulsiones de aquellas personas que han venido a nuestro país a cometer delitos y tienen antecedentes penales, siempre con apego a la normativa legal y el debido proceso”.
“Al mismo tiempo, estamos llevando adelante el proceso de empadronamiento biométrico de personas que ingresaron al país por pasos no habilitados, esto nos permite mejorar el nivel de información y elevar los estándares de seguridad del Estado”, agregó el director de SERMIG.
Adicionalmente,Thayer realizó un llamado a la oposición para que apoyen el proyecto de ley que permite expulsar del país a las personas condenadas por delitos vinculados al tráfico de drogas1.
El Prefecto Ernesto León, Jefe Nacional de Migraciones de la PDI, comentó “este vuelo es resultado del trabajo intersectorial liderado por la Subsecretaría del Interior y otros organismos como el Servicio Nacional de Migraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y el Servicio de Registro Civil e Identificación”.
En cuando al operativo, León explicó “este miércoles 4 de octubre, la PDI materializó, desde el grupo 10 de la FACH en Pudahuel, el operativo de 30 expulsiones judiciales correspondiente a personas que se encontraban privadas de libertad en distintas cárceles del país, y que contaban con un decreto de expulsión firmado conforme a los plazos establecidos por la normativa vigente. En este sentido, los oficiales de la PDI son los encargados de trasladar a estas personas desde los respectivos centros de reclusión hasta sus países de origen, en este caso la ciudad de Bogotá en Colombia y Puerto Príncipe en Haití, y entregarlos a las autoridades policiales correspondientes. Cabe destacar que las personas expulsadas se encontraban recluidas por diversos delitos como homicidio frustrado, robo con intimidación y tráfico de drogas entre otros”.
