Tras la denuncia realizada por el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) advirtiendo que una interna de la Cárcel de San Miguel dio a luz mientras se encontraba en uno de los pasillos de la Cárcel de San Miguel. “Sin los cuidados de salud ni la atención necesaria para un embarazo que se encontraba en fase de término”, – según constan en el comunicado emitido por el organismo -, las diputadas de Renovación Nacional Sofía Cid, María Luis Cordero, Catalina del Real, Camila Flores, Paula Labra, Carla Morales, Ximena Ossandón y Marcia Raphael enviaron un oficio a los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero; y a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, solicitando recabar mayores antecedentes, realizar los sumarios correspondientes al interior de Gendarmería, como también “privilegiar la atención digna de la población penitenciaria”.
En el texto, las parlamentarias argumentan que “con estupor hemos tomado conocimiento de la denuncia acerca de cómo una interna habría dado a luz al interior de la Cárcel de Mujeres de San Miguel, el día 25 de diciembre del pasado 2022, sin la asistencia de personal sanitario especializado, sin acceso a medicamentación para el dolor y sin los resguardos clínicos ante cualquier complicación”.
Y agregan que “Así, en lo que fue una seguidilla de nuevas desprolijidades al interior de una institución pública, la interna, que se encontraba recluida con 40 semanas de gestación, habría dado aviso de molestias y del eventual inicio del parto con casi dos días de anticipación, el 23 de diciembre, sintiéndose aún más complicada el día 24, siendo trasladada a una celda de contención, sin que estuviera disponible un vehículo para su traslado a un centro asistencial, sin la presencia de personal sanitario capacitado y ocurriendo finalmente el día 25 su parto natural que contó solo con la asistencia de una Técnica en Enfermería del recinto penal. Una vez trasladada al Hospital Barros Luco Trudeau, de la misma comuna, se constató que había sufrido un desgarro muscular producto de la falta de asistencia en el parto, en lo que pudo haber supuesto graves consecuencias y secuelas tanto para la interna, como para el recién nacido”.
De igual forma, en el oficio las diputadas destacan que “Este grave hecho ocurre justo en pleno contexto de la conmoción que ha causado el episodio de los indultos concedidos por el Presidente de la República a un grupo de 13 condenados, entre los que se cuentan personas con denuncias por violencia intrafamiliar, agresiones a mujeres y el grave ataque a una funcionaria de la Policía de Investigaciones que la mantiene sin poder caminar. Así, es lamentable constatar que mujeres que carecen de los vínculos o contactos políticos para acceder a un indulto presidencial y que muchas veces cumplen condenas por delitos menores, atraviesen por una situación tan cruenta cómo la que se ha conocido, mientras condenados sin conciencia de su delito y que cometieron graves crímenes acceden al medio libre por la voluntad política de S.E. Gabriel Boric.Y aclaran que “lo anterior es citado no con el ánimo de efectuar un punto político oportunista ante este grave acontecimiento, sino para evidenciar lo apremiante que resulta que el Gobierno fiscalice el correcto actuar al interior de Gendarmería de Chile y en particular en lo relativo con el cumplimiento penal, una situación humanitaria compleja que está lejos de ser responsabilidad exclusiva de la actual Administración, pero que exige una atención permanente debido a los déficits existentes en los centros penitenciarios del país. Por ello, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 3 de su Ley Orgánica, contenida en el Decreto con Fuerza de Ley N°3 de 2016, debe supervigilar continuamente a Gendarmería con especial consideración del crítico estado de las cárceles en Chile antes que incentivar la irregular liberación de condenados”.
Tras lo anterior, las legisladoras solicitan a los ministros de Justicia, practicar un sumario interno a Gendarmería para esclarecer los hechos ocurridos en el recinto penal de San Miguel, y a la ministra de la Mujer, realizar todas las acciones tendientes a prevenir, sancionar y erradicar a la violencia contra la mujer y particularmente en los recintos penitenciarios.
Finalmente en el oficio enviado a los secretarios de Estado, las parlamentarias piden a las actuales autoridades de Gobierno, y especialmente al Presidente de la República, “ – privilegiar actuaciones que atiendan la dignidad de la población penitenciaria, en especial de mujeres embarazadas, en etapa de lactancia, personas discapacitadas o con enfermedades crónicas, terminales o invalidantes, disponiendo ante estos casos la misma preocupación mostrada ante quienes son calificados como “presos políticos”.
