Nuevas tempestades pueden sumarse a la ya golpeada empresa de factoring Primus Capital S.A., la cual se ha visto enredada en un cruce de acusaciones con dos ex ejecutivos por presunto fraude, versus contrademandas por prevaricación respecto de uno de los socios. Ahora podrían enfrentar demandas laborales tras el despido de 25 personas, el pasado 18 de agosto, esgrimiendo “necesidades de la empresa”, a pesar de haber recibido una inyección de capital de $50.000 millones el día anterior, como se informó a través de un hecho esencial ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Pero además denuncian que se pretendía hacerlos firmar un finiquito con cláusulas “totalmente fuera de lo legal”, ya que les dejaba sin maniobra de reclamo ante tribunales laborales.
Toda esta situación que enfrentan desde marzo en adelante ha mermado su capacidad financiera, planteaba la empresa Primus Capital S.A. en los textos originales de los finiquitos propuestos a una veintena de funcionarios que fueron despedidos hace unas semanas, aludiendo como motivo el de “necesidades de la empresa”.
Como se indica en el punto “Primero: el trabajador declara que ha prestado servicios para el empleador entre … hasta el 18 de agosto de 2023, fecha esta última de la terminación de sus servicios originados conforme a la causal del artículo 161 numero 1, invocando como causal las “necesidades de la empresa, establecimiento o servicio”. La causal de terminación antes señalada se fundamenta en el proceso de reestructuración y racionalización de la compañía en su conjunto, y en particular del área “Comercial”, en la usted se desempeñaba como … a fin de reducir nuestros costos para poder hacer frente al complejo escenario actual que atraviesa la compañía. (…) Así las cosas, nos vemos en la necesidad de reducir nuestra dotación de personal, lo que implica replantear la estructura y organización de nuestra área comercial mediante la racionalización y reorganización de cargos y funciones, entre los cuales se encuentra su puesto de trabajo, sin que exista otra posición a la cual pueda ser asignado.”
Pero solo unos días antes, el 6 de agosto en una entrevista publicada en Cuerpo B de diario El Mercurio, Raimundo Valenzuela, accionista mayoritario de la compañía, declaraba que “hoy estamos abocados a rescatar Primus y mantener la fuente de trabajo de más de 150 personas, y la forma para preservar las fuentes de trabajo de los colaboradores que sufrieron como nosotros».
La ayuda económica para Primus Capital llegó, luego que en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 17 de agosto “se aprobó aumentar el capital de la sociedad por un monto de $50.000 millones, mediante la emisión de 17.724.340 nuevas acciones de pago, a un valor de colocación de $2.820,979512 por acción”, como indica el hecho esencial publicado en la CMF.
Ese importante empujón financiero se suma a los $20.000.000.000 de pesos de aumento de capital que ya se había acordado el 25 de mayo de 2023, según “escritura pública del acta de la 32º Junta Extraordinaria de Accionistas de PRIMUS CAPITAL S.A.”. Con ello, a fines de mayo el capital de la sociedad ascendía “a $51.995.883.879 pesos”.
Pero la razón utilizada públicamente por Valenzuela era que este último aumento de capital ayudaría a resguardar los trabajos de las personas. Ese compromiso no alcanzó para 25 de sus colaboradores.
De hecho, a través de una declaración por escrito que publicó Pulso el 22 de agosto, Primus lamentaba el despido de un 10% de su dotación, explicando textualmente lo mismo que se lee en los finiquitos originales que se pretendía hacer firmar. Que, “en marzo pasado, quedó al descubierto un esquema defraudatorio que comprometió una parte relevante de la cartera de Primus Capital S.A., lo que ha derivado en pérdidas y perjuicios financieros y reputacionales de gran relevancia. Desde entonces, la compañía, sus accionistas principales y su equipo ejecutivo han realizado todos los esfuerzos para cumplir cabal y oportunamente con todas las obligaciones con los colaboradores, clientes y acreedores”.
Cláusulas sospechosas
Como era de suponer, los trabajadores despedidos, en su mayoría, se negaron a firmar los finiquitos tal cual se les ofrecía ya que, además, consideraron que en el documento original propuesto había otras cláusulas que también rayaban en lo ilegal, que finalmente tuvieron que ser eliminadas para que los finiquitos se firmaran, aunque los exonerados por la empresa lo hicieron con “reserva de acciones”, para evaluar la presentación de demandas laborales.
“Los textos originales de estos finiquitos contenían cláusulas totalmente fuera de lo legal, ya que se obligaba a no emitir juicios contra la empresa, y a estar disponibles para declarar en tribunales a favor de Primus”, comentan los denunciantes.
La propuesta decía: “Sexto: el trabajador se obliga a abstenerse de efectuar, por cualquier medio, comentarios difamatorios que pudieren comprometer directa o indirectamente a la empresa, o que se encuentren relacionados al proceso de investigación llevado a cabo durante el año 2023. El presente compromiso comprende cualquier comentario adverso respecto del empleador, incluida toda información a la cual tuvo acceso por causa de sus funciones y actividades en la compañía.”
“Séptimo: el trabajador se compromete a prestar toda colaboración que el empleador pudiera requerirle en la investigación que se está llevando a cabo a raíz de los hallazgos evidenciados en la compañía en el mes de abril de 2023.”
También en los finiquitos entregados por la empresa incluso se descuenta el aporte del seguro de cesantía, alegan los denunciantes, práctica que es ilegal, ya que solo puede ser aplicada en empresas con crisis económicas, como liquidación o reorganización, y Primus está lejos de eso.
Algunos de los trabajadores afectados se encuentran evaluando las acciones a seguir ante los Tribunales del Trabajo.
