“Como Defensoría Penal Pública esperamos que la creación del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil contribuya a robustecer el sistema de justicia penal adolescente, permitiendo que cada uno de los y las jóvenes que ingresan al sistema, reciba por parte del Estado, una repuesta adecuada a sus necesidades y situación de vida”, dijo este jueves el Defensor Nacional Carlos Mora Jano, luego que el ministro de Justicia Luis Cordero diera el vamos oficial a la Ley N° 21.527, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y perfecciona la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
La máxima autoridad de la Defensoría Penal Pública participó del acto a la Ley N° 21.527, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y perfecciona la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, instancia en la que además asistieron el presidente (s) de la Corte Suprema, Haroldo Brito; el fiscal nacional, Ángel Valencia; el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara; la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter; la subsecretaria de Justicia (s), María Ester Torres; la subsecretaria de la Niñez, Yolanda Pizarro; el director (s) del Servicio Nacional de Menores, Rachid Alay; y la directora implementadora Servicio Reinserción Social Juvenil, Rocío Faúndez, entre otras autoridades.
“Sabemos que, para entregar una defensa pertinente a cada uno de nuestros jóvenes representado, debemos hacerlo de manera especializada, tal como lo hemos hecho desde el inicio de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Estamos esperanzados de que contribuirá a la especialización de todos los actores del sistema de justicia penal adolescente, sólo de esta manera, se puede materializar una verdadera justicia juvenil”, recalcó Mora Jano.
Por su parte, el ministro Cordero subrayó que “el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil tiene no solo una simple pretensión de cambio institucional, sino que, ante todo, es un cambio de modelo de gestión pública en materia de reinserción. Supone la existencia de una política intersectorial, así como la alta especialización de quienes participan del Sistema de Justicia, es decir, los jueces, fiscales y defensores”.
El nuevo organismo es una prioridad de la administración del Gobierno del Presidente Gabriel Boric y su entrada en vigencia avanza en el cumplimiento de la obligación del Estado de Chile de aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña (CDN) como un eje central de la gestión.
El organismo tendrá como propósito administrar y ejecutar las medidas y sanciones contempladas por la Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente (Nº 20.084), mediante el desarrollo de programas que contribuyan a la reinserción social de las y los adolescentes y jóvenes, a su integración social y a la implementación de políticas conjuntas con este fin desde los distintos sectores del Estado.
