En el marco de la décima primera sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de los Estados Americanos OEA, llevada a cabo en Washington, Estados Unidos, el Defensor Nacional Carlos Mora Jano, expuso sobre sobre las prácticas necesarias para garantizar el acceso a la justicia de las personas usuarias de servicios de salud mental, y cómo los Estados debiesen garantizar ese derecho.
La máxima autoridad lo hizo en su calidad de subcoordinador general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas AIDEF, instancia en la que profundizó respecto a la experiencia de defensoras y defensores penales públicos chilenos y las prácticas que ha logrado levantar e instalar la institución al prestar defensa a personas con discapacidad psicosocial, materializando –con ello- la garantía del acceso a la justicia en igualdad de condiciones.
Durante su exposición, Mora Jano destacó, entre otras cosas, el reconocimiento de la autonomía de la voluntad de quienes presentan condiciones mentales o psíquicas relevantes dentro de un proceso penal, afirmando que “como abogados y abogadas, tendemos inevitablemente a pensar erróneamente, por ejemplo, que nuestra posición y conocimientos nos permiten decidir de mejor manera qué es mejor para nuestros representados”.
“El respeto irrestricto a la voluntad de nuestros representados no es una premisa que sea aplicada para determinadas personas con determinadas características y en determinada condición de salud, por el contrario: hemos entendido que debe ser un elemento a considerar y respetar frente a cada uno de nuestros usuarios, sin distinción de ningún tipo, incluso si se trata de una condición de capacidad mental o psíquica diferente”, dijo.
“De este modo, y para casos en los que se ejerza la defensa penal de estas personas, se ha mandatado el deber de considerar la versión, la declaración y las instrucciones de nuestros representados o representadas, al punto de, por ejemplo, que nuestros defensores y defensoras no puedan contrariar los mandatos de la persona defendida si ésta expresa que no quiere que se ventilen sus antecedentes psicológicos o psiquiátricos, o bien, que no quiere que se adopte en su contra un procedimiento especial para personas consideradas penalmente inimputables”, agregó.
En la misma línea, destacó la importancia del uso de lenguaje sencillo y claro para poder garantizar de manera efectiva un acceso igualitario a la justicia, mencionando que “en nuestro caso, a la defensa penal, toda decisión, instrucción u opinión que nuestros usuarios puedan emitir, debe tener por antecedente el suministro de información precisa y de calidad”.
Asimismo, se refirió a la importancia de la instalación y el reforzamiento de los puentes de relación interinstitucional entre los diferentes actores del sistema penal, a objeto de tener sensibilización, preparación, capacitación y coordinación en materia de atención a personas en situación de discapacidad mental o psíquica.
“En nuestra experiencia, la coordinación interinstitucional ha brindado la posibilidad de mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia, facilitar el flujo de usuarios que son internados en recintos hospitalarios, tener noticia sobre las redes sociales de apoyo de las personas a las que defendemos, acceder a información sobre el avance de nuestros usuarios y usuarias en sus respectivos tratamientos y programas de inserción social, prevenir malas prácticas – tales como el uso desmedido de la fuerza, técnicas arcaicas de contención física y el trato discriminatorio-, prevenir y reaccionar adecuadamente ante situaciones de descompensación, entre otros”, insistió.
Para finalizar, el Defensor Nacional aseguró que “no existe una buena práctica que logre mejorar, de manera sustancial, la realidad que viven las personas con discapacidad psicosocial si no existe un compromiso real y serio por parte de la totalidad del Estado, destinando recursos materiales y humanos que garanticen realmente el acceso a justicia de estas personas”, mencionando que “en este sentido, Chile tiene una deuda importante en esta materia: en la actualidad, más de un centenar de personas que presentan antecedentes psicológicos o psiquiátricos esperan en recintos penitenciarios ordinarios que se libere un cupo-cama en recintos hospitalarios para que se les interne y para que sus facultades mentales sean evaluadas a fin de determinar su imputabilidad”.
“Entretanto, mientras esperan al interior de módulos penitenciarios, quienes se ven subsumidos en este dramático escenario no reciben tratamientos adecuados y son obligados a realizar labores indeseadas y que menoscaban su dignidad”, reiteró en su intervención, puntualizando que “si las falencias del Estado siguen recayendo sobre los ciudadanos, si como sociedad no somos capaces de brindar espacios adecuados y seguros para cumplir las exigencias de salud, seguridad y justicia; las prácticas que hoy describí y propuse, no serán más que palabras vacías y buenas intenciones”.
