Esta audiencia, de acuerdo al artículo 102 del Código Orgánico de Tribunales, tiene por finalidad dar cuenta del trabajo efectuado por los Tribunales de la República durante el año recién pasado, de los asuntos que hubieren quedado pendientes, de las estadísticas del movimiento de causas y otras materias que ellos conozcan, así como de las dudas y dificultades que hayan ocurrido en la inteligencia y aplicación de las leyes y de los vacíos que se hubieren notado en ellas.

Dar cuenta pública de nuestro trabajo constituye un acto esencial de la República, lo que queda de manifiesto con la presencia del Presidente de la República, de los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados y Diputadas y demás autoridades que nos acompañan.

Previo al inicio de esta exposición quiero hacer referencia al duro momento que han vivido tantas personas en la zona centro sur de nuestro país, que se han visto afectadas por los incendios forestales. Se trata de un desastre medioambiental y humano de inestimables consecuencias. Manifiesto mi solidaridad hacia las personas que han perdido a sus seres queridos y sus bienes en estos lamentables siniestros, así como mi sentido reconocimiento a quienes, con sacrificio y entrega, han estado en terreno colaborando en el combate contra el fuego, apoyando a los afectados y participando en la reconstrucción de las zonas destruidas. A los bomberos, personal de Carabineros, de Investigaciones y de las Fuerzas Armadas, a los funcionarios de gobierno y de CONAF, a los brigadistas y socorristas nacionales y extranjeros y a todos los voluntarios que se han apersonado para estos fines, les brindo mis más sinceros agradecimientos. El Poder Judicial no ha estado ausente de esta colaboración. A través de los buses de la justicia se ha entregado orientación a las personas afectadas en relación a sus necesidades jurídicas, a lo que se suma la presencia del ministro visitador de esta corte en esa zona.

Ese espíritu de compromiso y servicio hacia las personas ha de ser la guía inspiradora de toda función pública.

Bajo esa premisa, hoy cumplimos con esta tradición de comunicar a nuestra sociedad cómo hemos ejercido la tarea de impartir justicia y también compartiremos algunas reflexiones sobre la función jurisdiccional, el acceso a la justicia y el rol de la judicatura en el actual contexto nacional.

Este año la Corte Suprema celebra 200 años desde su creación en la Constitución de 1823, lo que reafirma la trascendencia que tiene en la historia de nuestra República, por lo que observar su trayectoria y atender a las proyecciones de su función reviste un especial significado para el país.

II. TRABAJO JURISDICCIONAL Y PANDEMIA

1. Superando la pandemia

La pandemia y sus duros efectos paulatinamente se han ido superando. No ha sido fácil este camino que comenzó sin aviso, obligándonos en estas circunstancias a adecuar nuestra organización y trabajo a la vía telemática, resguardando siempre los derechos de las partes en cada juicio.

Hoy el escenario ha cambiado. Si bien aún la pandemia sigue presente, hemos logrado progresivamente retomar la vida tal como la conocíamos antes, pero con la diferencia que han quedado varios aprendizajes. Quiero por lo menos rescatar dos.

El primero de ellos es la importancia que tiene la presencialidad para la función jurisdiccional. La inmediatez que debe existir entre magistrados y partes litigantes se logra con un sistema donde ellas estén presentes. El Poder Judicial está transitando hacia la plena presencialidad y no tengo dudas que continuaremos en esa dirección, retomando prontamente esta forma de trabajo.

Una segunda reflexión, es que, sin perjuicio de lo anterior, debemos ser capaces de identificar aquellas instancias y procesos donde excepcionalmente la vía telemática constituye una oportunidad para fortalecer el acceso a la justicia. Este tránsito obligado por las circunstancias nos ha mostrado que es posible, en determinadas materias, procedimientos y gestiones, mantener el uso de medios tecnológicos en la medida que impliquen una respuesta judicial eficaz, útil y oportuna a la ciudadanía.

No obstante lo anterior, quiero manifestar la satisfacción que me genera el hecho que, a pesar de las restricciones derivadas de la pandemia, pude visitar numerosas jurisdicciones y en ese contacto directo con los jueces, juezas, funcionarios y funcionarias de nuestra institución a lo largo del país, pude constatar que a pesar de las dificultades, el servicio judicial se ha seguido prestando.

2. Datos y Estadísticas

El año pasado afirmé que las estadísticas sobre tramitación de causas de los tribunales que forman parte del Poder Judicial han de ser consideradas con cautela, pues los efectos de la pandemia podían influir en la actividad jurisdiccional. Si bien el escenario se ha ido estabilizando, considero que debemos seguir con atención y prudencia el análisis de los ingresos, términos y causas pendientes.

Las cifras que a continuación expondré, así como su detalle, están desde ahora a disposición del público en nuestro sitio web.

Durante el año 2022 ingresaron a los tribunales de primera instancia poco más de 2 millones 460 mil causas (2.468.942), sin incluir exhortos, lo que representa un aumento de un 14 por ciento (14,31%) respecto del año anterior. Desglosando las cifras, se aprecia que el mayor incremento de estos ingresos se produjo en las causas civiles, con una variación del 33 por ciento (33,01%); seguido de las causas de familia y laborales, con un 29 (28,84%) y 16 por ciento (15,63%), respectivamente.

Por su parte, los ingresos de las causas de competencia penal experimentaron una disminución de un 16 por ciento (15,63%), mientras que las de cobranza laboral y previsional se redujeron en poco más de 2 por ciento (2,24%).

En cuanto al término de causas, la cifra rozó el millón 960 mil (1.959.993), número prácticamente igual al del año 2021 (variando apenas un 0,34%). Considerando los términos por competencia, tanto en civil como familia, se distingue un notorio aumento respecto del año anterior con un 27 (26,89%) y 17 por ciento (16,72%), respectivamente. Por el contrario, cobranza laboral y previsional presentó una disminución correspondiente a un 32 por ciento (32,28%), al igual que la jurisdicción penal, con un 18 por ciento (17,62%).

En lo que respecta a las causas pendientes en primera instancia, ellas superaron levemente las 2 millones 480 mil (2.483.489), lo que importa una disminución (3,73%) respecto del año anterior.

En segunda instancia los ingresos experimentados durante el 2022 muestran un comportamiento distinto al del año 2021. En el último año se contabilizaron poco más de 840 mil (840.405) causas en las 17 Cortes de Apelaciones del país, lo que representa un incremento que supera el 186 por ciento (186,36%) respecto al año 2021, superávit que se explica por el significativo aumento de recursos de protección interpuestos contra isapres, que en 2022 superó las 668 mil (668.916) causas. También los recursos de amparo mostraron un comportamiento diverso al de la pasada anualidad, pues mientras el 2021 tales acciones se incrementaron al doble en sus ingresos, en el 2022 disminuyeron en casi un 19 por ciento (18,52%).

Por su parte, durante el año 2022 se resolvieron en las Cortes de Apelaciones poco más de 550 mil (551.437) causas, esto es, un 79 por ciento (78,83%) más que el año 2021. De ese total, más de 425 mil (425.055) corresponden a recursos de protección.

Por su parte, las causas pendientes en las Cortes de Apelaciones ascendieron a 338 mil (338.171), de las cuales 284 mil (284.623) corresponden a recursos de protección contra isapres.

A diferencia del año anterior, el ingreso de causas en la Corte Suprema superó las 171 mil (171.875), lo que representa un aumento de un 77 por ciento (76,85%), cifra notablemente influenciada por las apelaciones de recursos de protección contra isapres.

Por otra parte, el 2022 la Corte Suprema puso fin a 147 mil (147.088) causas, correspondiente a un 39 por ciento (38,81%) más que en 2021.

Las causas pendientes de esta Corte al 31 de diciembre de 2022 alcanzaron las 30 mil 650, de las cuales más de 24 mil 600 (24.680) correspondían a apelaciones de recursos de protección contra isapres, las que se han ido resolviendo en el curso de este año.

3. Implementación de leyes

En cuanto a la implementación de leyes, recientemente se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.527, que modifica la normativa sobre responsabilidad penal adolescente. Este texto legal tiene un fuerte impacto para el Poder Judicial, pues además de modificar la sanciones por delitos cometidos por adolescentes y de reemplazar al antiguo servicio a cargo de ellas, obliga en sede investigativa y jurisdiccional a la especialización, creando la figura de salas especializadas. Los tiempos apremian, pues la primera etapa de implementación, que corresponderá a la zona norte del país, está prevista para octubre del presente año, por lo cual ya nos estamos preparando a nivel interno e interinstitucional en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Academia Judicial.

Por su parte, la implementación de la Ley N° 21.389, que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, ha impuesto una alta exigencia a la jurisdicción de familia. En octubre del año pasado entró en vigencia este registro, cuya puesta en marcha implica para los tribunales un enorme trabajo para actualizar las liquidaciones de deudas alimenticias impagas, así como gestionar los procesos judiciales respectivos.

A lo anterior, se suma el importante desafío de implementación de la Ley N° 21.484, de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, que incrementa los deberes de los tribunales en orden a investigar el patrimonio de los activos de los deudores de alimentos, mediante sistemas de interconexión con la Comisión para el Mercado Financiero, que entrará en vigencia en mayo del presente año.

Asimismo, hemos continuado con la implementación de la Ley N° 21.378 que establece monitoreo telemático para las causas de violencia intrafamiliar, reforma que junto con fortalecer el estatuto de protección por violencia intrafamiliar a favor de las víctimas, extiende el uso del sistema de monitoreo telemático para el cumplimiento de medidas cautelares en sede penal y de familia. Tales modificaciones constituyen cambios radicales en las dinámicas de trabajo de estas jurisdicciones y un esfuerzo interinstitucional intenso.

En la implementación de estas normativas legales ha tenido un activo liderazgo la ministra Gloria Ana Chevesich.

Finalmente, en cuanto a la Ley 21.057 que regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas en resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales, en octubre pasado se cumplió el hito de entrada en vigencia de su última etapa de implementación, representativa del mayor desafío en términos cuantitativos, pues ella comprende las regiones Metropolitana, de Valparaíso, de O´Higgins y de los Lagos. Para ello, se habilitaron 27 nuevas salas para tomar declaraciones de niños, niñas y adolescentes, como también 15 interconexiones entre Tribunales de Juicio Oral en lo Penal y Juzgados de Garantía, y se ha continuado con las capacitaciones impartidas por la Academia Judicial para jueces y funcionarios.

III. Acceso a la Justicia

El acceso a la justicia es un eje fundamental para el Poder Judicial. Por ello hemos seguido desarrollando actividades para su fortalecimiento:

1. Infancia

En materia de infancia, el ministro encargado Diego Simpértigue continuó desarrollando diversas acciones, conformándose una Comisión de Familia e Infancia, integrada por ministros de Cortes de Apelaciones que tienen a su cargo temáticas específicas, tales como las relativas a los centros de medidas cautelares y centros de observación y cumplimiento de medidas de protección; los convenios con el Poder Judicial sobre materias de infancia; el seguimiento del protocolo de niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados en contexto de migración; la interconexión de sistemas con Mejor Niñez y servicios de protección especializada, en especial residencias y ofertas; y la capacitación de jueces y juezas de familia y la revisión de los procedimientos aplicados en el país, entre otros asuntos.

Esta instancia ha llevado a cabo un diagnóstico y una propuesta de trabajo que se encuentra en desarrollo a fin de cumplir con el compromiso del Poder Judicial para la infancia.

2. Género

En lo que refiere a igualdad de género y no discriminación en el Poder Judicial, se han desarrollado diversas actividades bajo la coordinación de la ministra Andrea Muñoz, entre ellas, el apoyo técnico en la implementación de la Ley que establece el Monitoreo Telemático en casos de violencia intrafamiliar y la adopción de un convenio marco entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública. Asimismo, se avanzó en todas las líneas de acción contenidas en los ejes estratégicos de la Política de Igualdad de Género y No Discriminación, destacándose el estudio «Acceso a la justicia de las personas LGBTI+».

Por su parte, en las Jornadas de Reflexión de octubre pasado, el Pleno de la Corte Suprema adoptó compromisos concretos en materia de obligatoriedad de la capacitación en violencia de género para la magistratura, acciones para la prevención y abordaje del acoso sexual en nuestra institución, así como estrategias para promover la participación de las mujeres en las cargos más altos de la judicatura.

3. Derechos Humanos

Un aspecto de especial preocupación para el Poder Judicial es el compromiso irrestricto con la protección de los derechos humanos. Sobre ello, cabe mencionar la labor que ha desempeñado el Ministro Mario Carroza en la Coordinación Nacional de las causas de graves violaciones a los derechos humanos en el período 1973 a 1990.

En esta labor se destaca lo realizado en la Mesa intersectorial para la búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzada ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1990, instancia que acordó la creación de un Formulario Obligatorio por Hallazgos de Osamentas, en el que se ha ido registrando y completando la información relativa a esta materia.

En lo que respecta a las causas sobre violaciones a los Derechos Humanos conocidas por ministros en visita, al 31 de diciembre de 2022 se encontraban en tramitación un total de 1.462 investigaciones. Por su parte, ante las Cortes de Apelaciones existían 42 recursos pendientes y, en la Corte Suprema, un total de 146.

La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema dictó, durante el 2022, 56 fallos en materia penal y civil relativas a este tipo de causas.

En relación a la tramitación de estas causas y con el objetivo de agilizar su conocimiento, el Pleno de la Corte Suprema adoptó un plan de trabajo especial.

Quisiera aprovechar este contexto para recordar que el 16 de noviembre pasado esta Corte, acogiendo una solicitud del Colegio de Abogados y de la Agrupación de Familiares y Ejecutados Políticos, otorgó de manera póstuma, simbólica, extraordinaria y como forma de reparación, el título de abogado y abogada a cinco personas que tenían la calidad de licenciados o licenciadas de la carrera de Derecho y que fueron víctimas calificadas de violaciones de los Derechos Humanos por el Estado.

Finalmente, cabe recalcar en este ámbito el compromiso permanente del Poder Judicial con los Sistemas Internacionales de Protección de los Derechos Humanos. En esta dirección, el Poder Judicial participó en el diálogo constructivo del Estado de Chile ante el Comité de los Derechos del Niño llevado a cabo en mayo de 2022 en Ginebra.

4. Grupos vulnerables

En lo que respecta a grupos vulnerables, ámbito a cargo de la ministra Ángela Vivanco, entre las principales actividades destaca la difusión de los protocolos de acceso a la justicia para personas y grupos vulnerables; y el ciclo de seminarios desarrollados en conjunto con la Academia Judicial sobre los protocolos de Personas Mayores, Personas, Pueblos y Comunidades indígenas y personas con discapacidad.

5. Acta 44-2022

Asumiendo el deber de fortalecer la publicidad de las sentencias, pero conciliando dicha pretensión con la protección de datos sensibles y el respeto a los resguardos establecidos en el ordenamiento jurídico, en la cuenta anterior anunciamos la reciente creación del Acta 44, sobre criterios de publicidad de las sentencias. Pues bien, a partir de julio del 2022 se inició su puesta en marcha, desafío que ha representado un gran esfuerzo para la anonimización de los fallos que conforme a la regulación dada deben ser objeto de ese proceso para su publicación, así como de adecuaciones informáticas con el fin de abrir a la comunidad el conocimiento más pleno sobre las decisiones judiciales.

6. Avances en gestión electrónica y atención a distancia

En cuanto a la gestión eléctronica y atención a distancia, a pesar que ya se han cumplido siete años desde su publicación, la Ley 20.886 sobre tramitación digital de los procedimientos judiciales ha abierto permanentes desafíos y oportunidades de mejora constante para el Poder Judicial y para los justiciables. La Comisión de Apoyo a la Tramitación Electrónica, presidida por el ministro Sergio Muñoz, ha ejercido con decisión el liderazgo en este ámbito, destacándose dentro del año pasado el fortalecimiento de la plataforma Conecta, duplicándose la cantidad de tribunales que la utilizan, pasando de 67 a 159 en todas las jurisdicciones del país. Esta plataforma, que atiende a distancia a usuarios y usuarias por vía telefónica, chat o videoconferencia, brindó más de un millón 100 mil atenciones efectivas. Además, se incorporaron nuevos servicios de atención digital, tales como los asociados al registro de deudores de alimentos.

IV. Trabajo Institucional

1. Trabajo no Jurisdiccional

Dentro de las labores que también corresponde realizar al Poder Judicial, se encuentran las visitas a centros de reclusión o privación de libertad. Durante el año 2022 las fiscalías judiciales practicaron 72 visitas ordinarias y 25 extraordinarias.

En cada una de estas visitas se constatan las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad y se da cuenta de sus resultados a los órganos pertinentes para su mejora. Seguiremos realizando esta labor e instaremos por la solución de las deficiencias detectadas ante las autoridades correspondientes.

En lo que a la responsabilidad disciplinaria refiere, la Fiscalía Judicial desarrolló 172 investigaciones.

Cabe también mencionar la fiscalización de las declaraciones de patrimonio e intereses realizadas por las fiscalías judiciales. La supervisión de la oportunidad de tales declaraciones se extendió a más de 4 mil 600 (4.666) personas. Y en lo que se refiere a su integridad, veracidad y exactitud, se revisó una muestra aleatoria de más de 2 mil 600 declaraciones.

En materia de gobierno judicial, cabe destacar el trabajo desarrollado por los comités de la Corte Suprema.

El Comité de Modernización, entre sus acciones más relevantes, ejecutó un proyecto de Consejería Técnica en jurisdicciones diversas al ámbito de familia; culminó el Estudio que nos ha permitido contar con una propuesta orgánica de la Corte Suprema y preparó la reformulación del Auto Acordado que regula la organización y funcionamiento de los Comités de este tribunal.

Por su parte, el Comité de Personas evacuó un total de 226 informes entre solicitudes de traslados, de permutas y de comisiones de servicio, además de informes de solicitud de juramento de abogados y abogadas sobre convalidaciones y de postulantes con antecedentes penales; así como solicitudes de habilitación de título extranjero y de revalidación de título extranjero.

Por último, el Comité de Comunicaciones conoció una serie de iniciativas, destacándose el proyecto de Revista de comentarios de Jurisprudencia del Poder Judicial, cuya primera edición se proyecta durante el presente año; así como el desarrollo de acciones de difusión sobre la regulación disciplinaria en el Poder Judicial.

Respecto a los asuntos que son conocidos por las salas de la Corte Suprema, desde hace un tiempo hemos considerado relevante comunicar a la comunidad las principales materias sobre las cuales ellas han tenido ocasión de pronunciarse.

La Primera Sala continuó asentando criterios sobre las facturas y la aplicación de la Ley 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de este instrumento. También abordó las condiciones necesarias para el éxito de la acción de precario, específicamente en lo referido a la ausencia de relación jurídica entre propietario y ocupante.

Las consecuencias patrimoniales de los distintos tipos de relaciones de convivencia también fueron materia de la jurisprudencia de la Primera Sala, así como los alcances del principio iura novit curia.

De la Segunda Sala emanaron pronunciamientos en los que se profundizó en la figura penal de fraude al Fisco, así como del rol de la perspectiva de género en el ámbito probatorio. Fueron también materia de sus sentencias los efectos que la conducta de jueces y juezas en redes sociales puede tener en la garantía fundamental del debido proceso y el deber de imparcialidad que pesa sobre ellos y ellas.

Los indicios para la realización del control de identidad, los requisitos de la prisión preventiva y de la fundamentación de la decisión que declara esta medida y la legalidad de la evidencia recogida en redes sociales abiertas para efectos de la detención de una persona, se cuentan también entre las materias analizadas por la Segunda Sala.

La Tercera Sala tuvo pronunciamientos en torno a la cobertura de medicamentos de alto costo, a los alcances de la Ley de Urgencia y a las variaciones de los precios de los planes de salud contratados con las isapres.

El derecho humano de acceso al agua potable, la protección de la maternidad, el derecho de propiedad ante las ocupaciones ilegales, la responsabilidad de las instituciones bancarias ante situaciones de fraude, las tensiones entre el derecho a la honra y a la vida privada frente a la libertad de expresión e información, así como entre el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, son otras de las temáticas sobre las cuales la Tercera Sala arrojó luz a través de sus sentencias.

Finalmente, en la jurisprudencia de la Cuarta Sala, destaca el análisis de la validez del descuento fundado en el artículo 13 de la Ley 19.728, sobre seguro de cesantía, cuando por sentencia judicial se ha declarado injustificado el despido por necesidades de la empresa.

También se concentró en la aplicabilidad de las sanciones del artículo 162 del Código del Trabajo al empleador por no pago de cotizaciones previsionales; en la aplicabilidad de la nulidad del despido en el ámbito de las relaciones laborales con la Administración del Estado, así como en el ámbito de la subcontratación; en la suficiencia de la causal de justificación de la inasistencia del trabajador a sus labores por licencia médica; y, en la legitimación pasiva de los órganos de la administración centralizada del Estado para ser demandados y emplazados en sede jurisdiccional.

En lo que refiere a las dudas y dificultades en la inteligencia y aplicación de las leyes y de los vacíos notados en ellas, las 17 Cortes de Apelaciones del país han informado un total de 220 inquietudes. De éstas, 60 corresponden al procedimiento civil; 52 al procedimiento penal; 46 al de familia; 42 al laboral; 17 a materias de derecho procesal general; y otros 3 a otros procedimientos. Todas ellas se han procesado y ordenado por materias para ser comunicadas al Ejecutivo.

El funcionamiento de la Academia Judicial durante el año 2022 ha ido retomando su normalidad, de manera que sus actividades virtuales comenzaron a coexistir con las presenciales.

A nivel de formación de nuevos jueces se ejecutaron los programas regulares 79 y 80 y el programa 81 especial. Respecto del Programa de Perfeccionamiento, la oferta fue completamente en línea, con un total de 264 cursos, en los que participaron más de 6 mil 800 alumnos (6.856). A ello se suma un gran número de cursos sobre reformas legales recientes.

En cuanto al trabajo colaborativo, al igual que en años anteriores el Poder Judicial ha continuado su participación en diversas instancias, tanto nacionales como internacionales.

Ejemplo de ello es su rol activo en la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, que dirige el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, particularmente en el trabajo de sus subcomisiones.

En el ámbito internacional, el Poder Judicial ha mantenido su participación en la Cumbre Judicial Iberoamericana, cuyo coordinador nacional es el ministro Sergio Muñoz.

Así, durante el año 2022 se desarrollaron reuniones preparatorias de la Asamblea Plenaria de la vigésimo primera versión de la Cumbre, cuyo eje temático se titula “Por una carrera judicial independiente y eficaz”, asumiéndose por nuestro país un protagónico papel en el proyecto sobre “Selección de jueces y juezas y permanencia en la carrera judicial”, sin perjuicio de participar también activamente en las temáticas asociadas a evaluación de desempeño en la judicatura, régimen disciplinario y tecnología en la función jurisdiccional.

Asimismo, se tuvo un importante rol en las Comisiones Permanentes de Ética Judicial, Lenguaje Claro y Accesible y Mecanismos Alternativos, Restaurativos de Resolución de Conflictos y Tribunales de Tratamientos de Drogas y Alcohol. Otro tanto ocurrió con la Comisión de Género y Acceso a la Justicia, que es presidida por la ministra de esta Corte Suprema, Andrea Muñoz.

(RPC) En el ciclo de reformas procesales un asunto pendiente es el que atañe al sistema Procesal Civil. A comienzos del año 2022 el Ejecutivo ingresó al Congreso Nacional dos proyectos de ley asociados a esta reforma: uno de mediación civil y comercial y el proyecto orgánico de la nueva justicia civil. La Corte Suprema dio su parecer respecto de ambos. Sin embargo, no se han producido avances en la tramitación legislativa. Es de esperar que se retome dicho trabajo, a fin de completar la necesaria modernización del sistema procesal de justicia.

(Ejecución penal) Otra materia planteada por el Poder Judicial refiere a la ejecución penal. En este mismo espacio señalé hace un año esta necesidad, recordando que la Corte Suprema ha dicho en forma reiterada que se requiere la implementación de un proceso de naturaleza jurisdiccional, entregado a una judicatura especializada.

(Código Penal) Por otra parte, valoramos la reactivación de la tramitación legislativa de un viejo anhelo: el nuevo Código Penal. Varios anteproyectos para reemplazar nuestro actual código, próximo a cumplir 150 años, han sido promovidos en las últimas dos décadas por los distintos gobiernos.

La tipificación y sistematización de los ilícitos, la magnitud y extensión de las penas y de las distintas medidas restrictivas de libertad, son algunos aspectos en torno a los cuales esperamos que el nuevo Código Penal refleje los acuerdos y valores de la sociedad chilena actual, lo que sin duda contribuiría, junto a otras medidas, a enfrentar adecuadamente los nuevos y crecientes fenómenos delictivos que preocupan a la ciudadanía y a todas las instituciones vinculadas con la seguridad y la justicia.

(Colaboración legislativa) En materia legislativa, durante el año 2022 se consultó por el Congreso Nacional la opinión de la Corte Suprema respecto de 37 proyectos de ley, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República. La Corte remitió al Legislativo los respectivos informes para dar a conocer su parecer sobre las propuestas legales consultadas.

Además, con el fin de fortalecer que la opinión técnica de la Corte Suprema sea prestada oportunamente y con posibilidades efectivas de ser atendida, durante las últimas jornadas de reflexión se acordó conformar una comisión de ministros encargada de la vinculación entre el Poder Judicial y los colegisladores. Nos interesa estrechar lazos de colaboración para avanzar en todos los asuntos legislativos que inciden en la modernización de la administración de justicia.

En su trabajo ordinario, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, de la mano de su Director Ricardo Guzmán, continuó su papel de soporte en la administración de recursos humanos, financieros y técnicos para el funcionamiento del Poder Judicial. Asimismo, en materia de reformas legales dicha entidad hizo frente a los ajustes y coordinaciones para su debida implementación. En infraestructura se inauguró el nuevo centro de justicia de La Serena y se finalizó la habilitación del nuevo edificio de la Academia Judicial de Santiago. En materia informática se reforzaron las funcionalidades de la Oficina Judicial Virtual. Y en materia financiera, el Poder Judicial ejecutó el 99,5% (99,53%) del presupuesto asignado para el período.

Cabe destacar que ante el incidente de ciber seguridad del que fue objeto el Poder Judicial, se logró dar pronta respuesta, controlando la situación y manteniendo el funcionamiento general de los tribunales de justicia. Para ello se adoptaron y se siguen implementando medidas permanentes a fin de fortalecer nuestra seguridad informática.

Quisiera relevar también las gestiones realizadas para poner en marcha el plan que incorpora transitoriamente jueces, juezas y personal de apoyo, que con aplicación de medios tecnológicos ha ido en la senda de superar los atrasos en las causas producto de la pandemia, de modo tal que no se afecte el normal funcionamiento de los tribunales. Durante el presente año y el próximo continuaremos ejecutando esta iniciativa.

El Poder Judicial es un órgano del Estado conformado por miles de personas que trabajan en pos de un mismo fin. De ahí la relevancia de contar con asociaciones gremiales de los distintos estamentos, a las que agradezco por la colaboración prestada en diferentes proyectos y comisiones de trabajo. A esta tarea se ha sumado la Asociación de funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial recientemente creada.

V. Cambios en la composición de la Corte Suprema

El año pasado estuvo también marcado por cambios en la conformación de este tribunal. Tras cumplir la edad prevista por la Constitución, cesaron en sus cargos de ministros la señora Rosa María Egnem Saldías y el señor Guillermo Silva Gündelach, quien además ocupó el cargo de Presidente de este tribunal durante los años 2020 y 2021. Agradezco a ambos por el gran compromiso mostrado; sus largas e intachables carreras fueron coherentes con los fecundos aportes en el ejercicio de la jurisdicción y en el gobierno judicial.

Durante el 2022 asumieron como nuevos integrantes de este tribunal la señora María Cristina Gajardo, el señor Diego Simpértigue y la señora Maria Soledad Melo, quienes han significado un gran aporte humano y jurídico a esta Corte Suprema.

También debemos lamentar la partida de otros colegas ex ministros. Es el caso del señor Juan Araya Elizalde y de la señora Gabriela Pérez Paredes. Asimismo, lamentamos el fallecimiento del señor Carlos Meneses Pizarro, quien por más de dos décadas fue Secretario de esta Corte. A ellos cabe rendirles un sentido homenaje por su excelencia, entrega y compromiso al servicio de la justicia.

VI. Jornadas de reflexión

En octubre pasado desarrollamos en la Región de Aysén la vigesimoquinta Jornada de Reflexión, que estuvo marcada por la asistencia de los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados y Diputadas y de la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, quienes en la sesión inaugural nos aportaron su parecer sobre temas centrales de nuestro quehacer, lo que sin duda contribuye a la necesaria coordinación que debe existir entre los Poderes del Estado.

Ya hemos hecho referencia en esta cuenta a los acuerdos allí logrados en materia de género y de cooperación legislativa. A ellos se suman los referentes a gobierno judicial y al fortalecimiento del trabajo jurisdiccional de las salas de la Corte Suprema.

Sobre esto último, cabe destacar que el Pleno adscribió decisiones para mejorar el trabajo y eficiencia en el conocimiento y tramitación de las causas de la Corte. Entre ellas, se acordó evaluar los tiempos de espera de las salas; el diseño de un buscador unificado de fallos; y la proposición de modificaciones legales para hacer más eficiente el tiempo de las audiencias de vista de las causas.

VII. Proceso constitucional

En el proceso constitucional anterior el Poder Judicial colaboró brindando su experiencia y conocimientos al órgano a cargo de elaborar la propuesta que fue plebiscitada en septiembre pasado, con el más pleno respeto de sus competencias.

Conocido el resultado del plebiscito, conscientes del inminente nuevo proceso constitucional, se previó para las últimas jornadas de reflexión la discusión de aspectos asociados al Poder Judicial. Siguiendo las líneas definidas en el año 2020 y 2021, en esta ocasión se adoptaron importantes acuerdos en torno al modelo de gobierno judicial que podría consagrarse, comprensiva de las funciones relativas a carrera funcionaria y evaluación de desempeño, control disciplinario, administración y presupuesto y formación y capacitación. A ello se añadieron otros asociados a la simplicidad y expedición de los procedimientos, las acciones constitucionales, fallos emitidos por los tribunales internacionales y unidad de jurisdicción.

Asimismo, para ejercer esa contribución con el nuevo proceso constitucional que iniciará sus funciones este mes (marzo), el tribunal pleno acordó que la comisión de ministros a cargo de la coordinación legislativa también sostendrá la vinculación con los órganos que elaborarán las propuestas que serán plebiscitadas. Dicha comisión se encuentra trabajando para estos fines y tenemos la seguridad que la información y antecedentes que pondremos a disposición de la instancia correspondiente, contribuirá en la tarea que autónomamente corresponde a la Comisión Experta y al Consejo Constitucional.

Como siempre, esta colaboración se afianza en el convencimiento de que cualquier cambio en la ley fundamental de nuestra República debe resguardar el respeto de los principios esenciales de la jurisdicción. A pesar que tuve ocasión de referirme detenidamente a ellos en la cuenta pasada, creo pertinente recordar que los principios de imparcialidad, autonomía, independencia, inamovilidad, legalidad, igualdad ante la ley, exclusividad, inexcusabilidad y cosa juzgada, constituyen pilares fundamentales de todo Estado de derecho y democrático. La afectación de estos principios implica, necesariamente, un serio riesgo para las personas y en particular para el debido proceso. El resguardo de este primordial derecho y principio no se satisface sólo con el cumplimiento de las formas procesales; ello exige, también, un marco orgánico de todas las instituciones involucradas que asegure que la investigación y juzgamiento de las respectivas causas se han de desarrollar con objetividad e imparcialidad, sin inclinaciones predefinidas ni presiones directas o indirectas de ningún tipo sobre quienes investigan y juzgan.

Asimismo, la denominación de la institución llamada a ejercer la jurisdicción como “Poder Judicial”, tiene un trasfondo que excede su significación semántica. Que los jueces y juezas formen parte de un poder es, a mi juicio, esencial para posicionar adecuadamente al juzgador en el marco del necesario equilibrio de los poderes públicos, fortaleciendo con ello su autonomía para ejercer cabalmente su rol frente a cualquier individuo, institución o grupo, siempre en función de garantizar los derechos de las personas.

VIII. Cierre

Agradezco de manera muy especial al señor Presidente de la República, al Presidente del Senado y de la Cámara de Diputados y Diputadas y a las demás autoridades que nos han acompañado en esta cuenta pública.

Asimismo, agradezco a mis colegas ministros, ministras y a la fiscala judicial de la Corte Suprema el compromiso y colaboración que me han brindado para liderar este tribunal.

Agradezco también a las juezas, jueces, funcionarios y funcionarias judiciales el esfuerzo desplegado y los insto a seguir trabajando de manera comprometida para hacer frente a los distintos desafíos que nos corresponde como Poder Judicial.

Con lo expuesto declaro inaugurado el Año Judicial 2023.

Habiéndose cumplido el objetivo de esta audiencia, se levanta la sesión.

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