En una ceremonia especial del Tribunal Pleno se entregaron los títulos póstumos a los familiares de Silvio Vicente Pardo Rojas, egresado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Fernando Álvarez Castillo y Jaime Eltit Spielmann, egresados de la Universidad de Concepción y a Littre Quiroga Carvajal, Héctor Mario Silva Iriarte, José Tohá González, Fernando Abraham Valenzuela Rivera y Guillermo Osvaldo Vallejos Ferdinand, egresados de la Universidad de Chile.
La Corte Suprema realizó una segunda entrega de títulos póstumos para ocho licenciados de derechos de distintas universidades del país y que figuran en las nóminas de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación.
En una ceremonia especial del Tribunal Pleno se entregaron los títulos póstumos a los familiares de Silvio Vicente Pardo Rojas, egresado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Fernando Álvarez Castillo y Jaime Eltit Spielmann, egresados de la Universidad de Concepción y a Littre Quiroga Carvajal, Héctor Mario Silva Iriarte, José Tohá González, Fernando Abraham Valenzuela Rivera y Guillermo Osvaldo Vallejos Ferdinand, egresados de la Universidad de Chile.
A la actividad asistieron la ministra de Interior, Carolina Tohá Morales; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega; la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira; la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; el rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra Rubilar; el Fiscal Nacional, Ángel Valencia; la presidenta del Tribunal Constitucional, Nancy Yáñez; el Defensor Nacional, Carlos Mora y el presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza, entre otras autoridades.
El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar destacó la entrega realizado por el máximo tribunal para quienes cursaron la totalidad de sus estudios en el Derecho y que fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad.
“Este reconocimiento, junto con ser extraordinario por las razones ya expresadas, es también un hito singular y trascendente, pues, por una parte, hacemos entrega del título de abogado a quienes lamentablemente no pueden estar presentes, ni prestar a viva voz el juramento o promesa ni desempeñar la profesión que hoy solemnemente se les reconoce; y por otra, realizamos este acto a modo de reparación que, además de su marcado simbolismo, es un paso concreto para cumplir en forma cabal ese objetivo de carácter reparatorio, tanto para las personas directamente afectadas, como para sus familiares y la sociedad en su conjunto.”, dijo el presidente Fuentes Belmar.
Agregó: “A este respecto El Derecho Internacional de los Derechos Humanos dicta que toda vulneración de este tipo crea un deber de reparación, que indudablemente debe ser integral. Por ello, la reparación en estos ámbitos no se satisface sólo con la determinación de responsabilidades penales o con las indemnizaciones pecuniarias respectivas; también se requieren pasos concretos de otro orden que, desplegadas dentro de las competencias legalmente establecidas, hagan posible realzar la importancia de respetar y garantizar los derechos y valores esenciales para toda persona y sociedad, del que fueron privados quienes hoy investimos como abogados.”
El ministro Fuentes Belmar continuó: “Ritos como estos tienen un enorme impacto social, pues robustecen la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales, objetivos centrales que dan sustento y sentido a todas las instituciones públicas y, desde luego y muy esencialmente, al Poder Judicial.”
El ministro Fuentes Belmar destacó la importancia de la trayectoria de las víctimas y sus familiares que son reparadas con la entrega de títulos póstumos.
“Detrás de cada uno de los nuevos abogados hoy investidos, existe una trayectoria profesional y personal, familiar y recuerdos que han de ser especialmente sentidos por sus seres cercanos, a quienes manifestamos nuestro aprecio. Esperamos que este reconocimiento permita restituir y fortalecer, al menos en parte, la dignidad que toda persona merece, tanto en vida como con posterioridad a ella.”
“El carácter emotivo de esta ceremonia también involucra, desde luego, a este tribunal. De este tipo de reconocimientos brota una sensibilidad que nos conecta, desde el alma, con la importancia del significado de este hito: el compromiso permanente del estado con el respeto y reparación de los derechos fundamentales de todas las personas. Hablamos de imperativos que se vinculan con sentimientos profundos que nos distinguen como seres humanos, y que tienen como correlato compromisos concretos en expresiones a nivel normativo, doctrinario y de todo orden.”, concluyó.
La decisión de entregar estos títulos se adoptó luego de recibir una nueva solicitud de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y del Colegio de Abogados de Chile y considerando que el tribunal pleno decidió el 11 de enero de 2022 “otorgar, a modo de reparación y en forma extraordinaria, el título de abogado póstumo a quienes cumplan con el requisito de haber obtenido el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales antes de su desaparición y/o ejecución, como también a quienes obtuvieron dicho grado en forma póstuma en sus respectivas universidades”.
Las víctimas
En esta segunda ceremonia de la Corte Suprema los títulos póstumos fueron para:
Silvio Vicente Pardo Rojas, casado y padre de un hijo, fue detenido el 4 de abril de 1974 en la vía pública por personal de la Armada y visto por última vez en el Cuartel Silva Palma, recinto desde donde se le perdió el rastro.
Fernando Álvarez Castillo, 40 años de edad, era intendente de la provincia de Concepción. Fue detenido el 11 de septiembre de 1973 y llevado a la Base Naval de Talcahuano y luego a la Isla Quiriquina y el 5 de noviembre del mismo año trasladado a la Cuarta Comisaría de Concepción, lugar donde fallece tres días más tarde a raíz de las torturas recibidas.
Jaime Eltit Spielmann, 27 años, fue detenido el 13 de septiembre de 1973 en Santiago y llevado hasta un departamento en calle San Ignacio donde permaneció hasta el 6 de octubre de 1973. Luego fue trasladado en tren a la ciudad de Temuco, donde permaneció detenido en el Regimiento Tucapel entre el 7 y el 13 de octubre de 1973, fecha en que se pierde su rastro.
Littre Quiroga Carvjal, 33 años, Director Nacional de Prisiones, detenido el 11 de septiembre de 1973 cuando se fue a presentar voluntariamente al regimiento Blindado N° 2 y trasladado hasta el Estadio Chile dos días más tarde. Su cuerpo fue encontrado acribillado en las cercanías del Cementerio Metropolitano, el 16 de septiembre de 1973, junto a otras cuatro personas, entre ellas el cantante Víctor Jara.
Héctor Mario Silva Iriarte, 38 años, gerente de la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo) de la zona norte y ex regidor de Chañaral, fue detenido el 12 de septiembre de 1973 y ejecutado el 19 de octubre de 1973 en el paso por la ciudad de Antofagasta de la comitiva militar conocida como “Caravana de la Muerte”.
José Tohá González, 47 años, exministro del Interior y exminstro de Defensa del Presidente Salvador Allende, fue detenido el 11 de septiembre de 1973 en el Palacio de La Moneda y retenido en la Escuela Militar. Luego fue trasladado al campo de prisioneros de Isla Dawson, en la región de Magallanes, y llevado en febrero de 1974 en precarias condiciones de salud al Hospital Militar de Santiago, lugar donde murió el 15 de marzo de 1974.
Fernando Abraham Valenzuela Rivera ejecutado en la vía pública el 19 de noviembre de 1974.
Guillermo Osvaldo Vallejos Ferdinand, fue detenido el 20 de septiembre de 1973 por personal de carabineros de la Quinta Comisaría, en la empresa Airolite, lugar donde se desempeñaba como asesor jurídico del interventor de la entidad. Fue llevado al Estadio Nacional. Su cuerpo fue encontrado en la vía pública el 22 de septiembre de 1973.
El 16 de noviembre de 2022, en la primera ceremonia especial, la Corte Suprema otorgó de manera póstuma los títulos de abogados y abogada a los familiares de los detenidos desaparecidos Cecilia Gabriela Castro Salvadores y Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida; y de los ejecutados políticos Patricio Munita Castillo, Juan Ramón Soto Cerda y Marco Orlando Letelier del Solar, quienes obtuvieron su grado de licenciado de manera póstuma en la Universidad de Chile.
