“Que, en conclusión, el proyecto de ley busca establecer un marco jurídico que garantice el derecho a un juicio justo y un proceso adecuado para los militares, en línea con los principios del debido proceso y los derechos humanos, en lo que se logra avanzar en una buena medida”.
Reunido el tribunal plena de la Corte Suprema –el lunes 1 de julio recién pasado– analizó el contenido del proyecto de ley, iniciado en moción, que “Modifica el Código de Justicia Militar en materia de procedimiento y derechos de los militares imputados”. Informe que fue remitido a la presidencia del Senado al día siguiente.
“Que, en conclusión, el proyecto de ley busca establecer un marco jurídico que garantice el derecho a un juicio justo y un proceso adecuado para los militares, en línea con los principios del debido proceso y los derechos humanos, en lo que se logra avanzar en una buena medida”, sostiene el informe.
“Como se reseñó a lo largo de este informe, la modernización de la justicia militar ha sido un tópico de interés del máximo tribunal. En esta ocasión, y sin perjuicio que la consulta del Congreso Nacional no identifica las disposiciones a informar, se revisan aquellas disposiciones del proyecto que presentan una mayor incidencia en términos sistemáticos o respecto de las facultades de los tribunales, conforme a lo establecido en el artículo 77 de la Constitución Política, bajo la perspectiva que las reformas propuestas impactan significativamente en la organización y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales”, añade.
Sin embargo, el pleno de ministros advierte que: “Según da cuenta el desarrollo de este análisis, el proyecto presenta áreas de preocupación que requieren una revisión. De tales aspectos, es imperativo clarificar el sentido y alcance de la regla de publicidad como consecuencia de la eliminación del secreto en el sumario militar, pues la redacción de la norma admite interpretaciones disímiles que podría friccionar con el acceso a la información en la fase investigativa”.
“En cuanto al marco regulatorio establecido para las medidas cautelares se observa una escasa regulación desde el punto de vista procedimental, en donde la estrategia de los autores se limita a enlistar un catálogo de igual naturaleza al contemplado en el Código Procesal Penal, estando ausente, por ejemplo, los principios que gobiernan dichas medidas”, releva.
“Asimismo, parece imprescindible avanzar hacia una reforma más comprensiva que aborde el sistema en su totalidad de manera íntegra”, propone la Corte Suprema.
“En conclusión, sin perjuicio de que el proyecto de ley constituye un avance en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Chile en materia de justicia militar y actualiza las garantías procesales en el contexto de la jurisdicción penal militar, el mismo requiere una revisión. En tal sentido, se ha llegado a una etapa en que resulta adecuado examinar con mayor detalle la homologación del sistema de justicia militar al nuevo proceso penal que rige a los tribunales penales en Chile, lo que incluiría una revisión profunda de los procesos de adjudicación, derechos de los acusados, y las protecciones para víctimas y testigos, asegurando que todos los elementos del proceso penal militar estén en consonancia con los derechos humanos internacionales y las normativas legales nacionales”, concluye el oficio.
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