A partir de las diez de la mañana comenzaron a llegar hasta el Congreso Nacional diversas organizaciones artístico culturales de la región de Valparaíso y el país, junto a Centros y Sitios de la Memoria y los DDHH, para pedir al Congreso que aprueben la partida correspondiente al ministerio de Culturas, “sin recortes ni disminuciones”.
Al masivo acto, que contó con la participación de músicos, artistas, gestores y representantes de la mayoría de los Sitios de Memoria del país, también llegó la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo y parlamentarios de diversas bancadas, quienes comprometieron su apoyo ante los asistentes.
Lo anterior, ad portas de la votación de la partida respectiva en la sala de la Cámara de Diputados. Por primera vez, después de muchos años, este sector experimenta un aumento relevante, un 46 por ciento, y frente a las peticiones de recortes, las organizaciones alertan sobre “el grave deterioro e impacto que ello provocará en un sector que enfrenta siempre grandes obstáculos para salir adelante”.
Según la presidenta del Parque Cultural de Valparaíso, Gianina Figueroa, “la Cultura, la Memoria y los patrimonios son esenciales para el desarrollo de un país, no se trata de bienes prescindibles ni accesorios; por eso, nos hemos convocado, junto a artistas y numerosas organizaciones ciudadanas, para pedir al Congreso que aprueben los recursos pensando en el desarrollo de Chile”.
Entre los presentes, Pancho Sazo, fundador del grupo Congreso, señaló que “todos ganamos con la cultura y el patrimonio. Un pueblo así es maravilloso; no puede ser que aquí siempre se estén recortando los recursos. Sin Artes, Culturas y Memoria, los pueblos se vuelven amnésicos”.
La convocatoria de este jueves buscó visibilizar la relevancia de las Culturas y las Artes y la “imperiosa necesidad de proteger la Memoria en nuestro país”. Según lo señalado por las organizaciones, “la decisión de recortar impacta de manera directa a la ciudadanía, socavando los esfuerzos para mantener viva la memoria histórica de los crímenes contra los derechos humanos en Chile y afectando la infraestructura y el financiamiento del sector cultural”.
