Ayer, Chile se hizo presente en los alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia en el procedimiento relativo a la opinión consultiva solicitada por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las consecuencias jurídicas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado.
Este procedimiento se inició en enero de 2023. En febrero del mismo año, la corte invitó a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a presentar sus opiniones.
La opinión consultiva solicitada tiene por objeto que la corte clarifique las reglas de derecho internacional aplicables a esta situación, de tal manera que la Asamblea General pueda ejercer correctamente sus funciones respecto a una situación, la ocupación del territorio palestino por Israel, que se extiende desde 1967, es decir, por más de 56 años.
Más de 50 países se han hecho presentes en este procedimiento, para colaborar con la correcta determinación del derecho internacional aplicable.
La presentación de ayer fue consistente con nuestra política de Estado, que aboga claramente por una solución de dos Estados, en que Palestina e Israel puedan vivir en paz dentro de fronteras seguras internacionalmente reconocidas. Se debe recordar que Chile reconoció al Estado de Palestina en 2011.
El terrible ataque terrorista de Hamas y la guerra que se ha desencadenado en Gaza, ha hecho más urgente que nunca que se imponga el imperio del derecho en esta región. Con su intervención ante la Corte Internacional de Justicia, Chile está contribuyendo a aquello.
Estimamos que los objetivos de Chile, incluido el promover el Estado de Derecho a nivel internacional y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, han sido recogidos en nuestra intervención. Esta intervención de Chile es consistente con nuestra posición de Estado de abogar por el respeto de la autodeterminación de los pueblos, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
No se debe confundir este procedimiento consultivo, que no es un procedimiento contencioso, con otras acciones judiciales pendientes, tanto ante la Corte Internacional de Justicia como ante la Corte Penal Internacional.
