Como Comisión de Igualdad de Género del Consejo de Rectoras y Rectores, nos sumamos con un profundo dolor y tristeza a las condolencias para la familia y seres queridos de la estudiante de la Universidad de Concepción que fue víctima de femicidio el día 8 de marzo, constituyendo el octavo femicidio consumado durante este año.
Repudiamos que los casos de violencia de género, y en esta oportunidad su manifestación más cruel y extrema, terminen con la vida de mujeres en manos de sus parejas, familiares o incluso desconocidos. Es por ello que insistimos en la necesidad urgente de aprobar una ley integral que asegure a las mujeres una vida libre de violencia, a través de acciones de prevención, sanción y reparación de las violencias sexistas, que comprometa a la sociedad en su conjunto en la erradicación de las desigualdades y violencias basadas en género.
Las universidades, en nuestro rol educativo, debemos ser parte de los procesos de transformación social y cultural que permitan la desnaturalización de la violencia de género. En ese sentido, la educación no sexista y las acciones preventivas de la violencia física, sexual y simbólica deben estar presentes de manera transversal en nuestras casas de estudios y el sistema educativo en general. Del mismo modo, los medios de comunicación, las redes sociales y la publicidad deben terminar con los discursos que invisibilizan a las mujeres y reproducen estereotipos de género que sólo profundizan y naturalizan la desigualdad estructural y sistémica que sufren las mujeres y las disidencias.
Con fuerza y profunda convicción manifestamos nuestro compromiso con una educación con perspectiva de género que contribuya activamente en la prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres y las diversidades sexuales en todas sus manifestaciones. Por último, hacemos un llamado a la sociedad, y en particular a la clase política, a sumarse a este deber ético y trabajar para contar en el breve plazo con una política integral de igualdad de género desde una mirada interseccional y un enfoque de derechos, condición fundamental para construir sociedades progresivamente más justas, humanas e igualitarias.
