En un contexto en que la agenda legislativa es más bien reactiva, el Consejo Transversal para la Seguridad creó este informe con el fin de generar una política de Estado de largo plazo en materia de seguridad.
Los resultados se presentaron en un seminario con autoridades como el rector UC Ignacio Sánchez, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos Luis Cordero, el gobernador de Santiago Claudio Orrego, el diputado Diego Shalper, y la alcaldesa de Quinta Normal Karina Delfino. En un panel, este análisis se centró en cuatro ámbitos: políticas policiales, persecución penal, institucionalidad y crimen organizado.
El Consejo Transversal para la política de Seguridad en Chile, articulado por el Centro de Estudios Justicia y Sociedad (CJS UC) de la Universidad Católica, se constituyó en 2023 como un espacio de reflexión e incidencia en torno a la agenda político-criminal que hoy está marcando la discusión nacional.
Este 25 de enero, en un seminario donde se exhibieron los resultados, se entregó el Informe final del Consejo, el cual tiene por objetivo ser un insumo concreto para la discusión legislativa en materia de seguridad en Chile. Para ello, se analizaron varias de las iniciativas legales en cuatro ámbitos de la seguridad: políticas policiales, persecución penal, institucionalidad y crimen organizado.
Las principales conclusiones a las que llegó el Consejo, luego de varias sesiones de análisis de la agenda nacional, es que las respuestas legislativas tienden a enfatizar el control del delito por sobre la prevención, lo que en el largo plazo puede tener efectos más nocivos que beneficiosos, pues encarece la persecución penal, presiona al sistema de justicia y a las cárceles, que ya funcionan al límite de su capacidad.
“Estamos haciendo entrega del Informe del Consejo Transversal para la Seguridad, tras muchas sesiones constituidas por expertos, docentes, actores sociales, del sistema de Justicia, alcaldes. Este informe tiene una mirada crítica. Las áreas de mayor preocupación tienen que ver con el uso de la cárcel como la principal solución al problema de Seguridad que hay en Chile. Ese uso de la cárcel solo puede llevar a más malos resultados, porque estamos frente a un sistema de Justicia que está altamente congestionado, con poca capacidad de resolución de casos y por eso debemos desarrollar otras medidas para que se puedan focalizar en los casos más complejos y violentos, vinculados al crimen organizado”, dice Pablo Carvacho, director de Investigación del Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC.
Entre las reflexiones del Consejo, el control inteligente del delito debería buscar un equilibrio con la prevención, pues son perspectivas complementarias y no excluyentes. En relación al sistema de seguridad se abordan algunas dimensiones que no parecen reformar lo central de las policías ni de su relación con la ciudadanía. En el sistema de persecución es donde se observan problemas más graves, por cuanto se trata de proyectos que promueven el uso de la cárcel y limitan las opciones de desvío temprano del juicio penal. Ambas líneas de medidas agravarían el problema del hacinamiento carcelario, así como otras consecuencias que se pueden derivar del uso masivo de la cárcel como solución.
“El informe se hace cargo de la agenda legislativa que se ha desarrollado en los últimos años por la preocupación en Seguridad. Dentro de eso, no hay un foco específico de los delitos realizados por menores de edad, pero como Centro Justicia y Sociedad UC hemos apoyado la creación del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, que ahora cuenta con renovación de metodologías de intervención, y tenemos buenas expectativas sobre ese trabajo para abordar un fenómeno tan complejo como el delito en menores”, dice Pablo Carvacho.
En cuanto a la institucionalidad, si bien iniciativas como la creación del Ministerio de Seguridad tiene aspectos positivos, desde el Consejo Transversal ven que no logra entregar claridad respecto de su gobernanza regional y local, espacios donde finalmente se juega la capacidad preventiva del Estado en materia de seguridad.
En el análisis de este informe, las medidas respecto al crimen organizado presentan el desafío de contar con una línea de base clara. Si bien esta ausencia es un desafío global por el carácter oculto y dinámico, propio del crimen organizado, es necesario activar un punto de partida que permita medir y dar seguimiento a un fenómeno creciente en el país.
Sobre el Consejo
A comienzos de 2023 se comenzó a desarrollar una agenda legislativa que buscaba atacar la delincuencia. La extendida idea de resolver los problemas de seguridad ciudadana en base al aumento de penas junto con la, a ratos, irreflexiva ampliación de las facultades de los organismos de seguridad, llevó al Centro Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile a conformar un Consejo Transversal para la Política de Seguridad y Justicia.
Este Consejo se constituyó como un espacio de reflexión e incidencia en torno a la intensa agenda político-criminal en discusión. Para lograr esto, se convocó un grupo diverso de expertos de distintos ámbitos del quehacer social.
El consejo buscó entregar una mirada reflexiva respecto de las mejores políticas en materia de seguridad a fin de lograr un equilibrio entre aquellas medidas preventivas, de control y reinserción social.
Miembros:
- Felipe Bulnes: Abogado UC y Master en Derecho (LL.M.) en Universidad de Harvard. Fue ministro de Justicia y de Educación, entre 2010 y 2014, y agente del Estado de Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Actualmente es socio del estudio Bulnes, Urrutia & Bustamante.
- Pablo Carvacho: Abogado UCh, Magíster en Sociología UC, Master en Ciencias del Derecho de la Universidad de Stanford. Fue jefe de gabinete del Servicio Nacional de Drogas y Alcohol y jefe de división de gestión territorial de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Es Director de Investigación y Desarrollo del Centro de Estudios Justicia y Sociedad.
- Claudio Castro: Ingeniero civil UC. Fue director social para América Latina y el Caribe en la Fundación Techo, fundó la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile. Estudió Políticas Públicas en la London School of Economics (LSE). Desde 2016 es alcalde de Renca.
- Catalina Droppelmann: Psicóloga UV, Magíster y PhD en Criminología de la Universidad de Cambridge. Es Profesora de la Escuela de Gobierno y del Instituto de Sociología UC, e Investigadora de Viodemos. Es la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Justicia y Sociedad.
- Mauricio Duce: Abogado UDP y Magíster en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Stanford. Es profesor de diversos cursos en el área de la justicia criminal en la Facultad de Derecho de la UDP y director del Programa de Reformas Procesales y Litigación.
- Paulo Egenau: Psicólogo UC, Magíster en Drogodependencias de la Universidad de Barcelona. Director y Docente del Programa de Drogas de la UCEN y Director Social del Hogar de Cristo.
- Ulda Omar Figueroa: Abogado UC. Magíster en Derecho Penal de la Universidad de Sevilla. Se desempeñó como abogado asistente y asesor en el Ministerio Público. Actualmente es coordinador del Área de Justicia del Centro de Estudios Justicia y Sociedad.
- Marta Herrera: Abogada UCh, Máster en Derecho con especialización en litigación oral de la Facultad de Derecho de California. Fue Directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional.
- Juan Pablo Luna: PhD y Magíster en Ciencia Política en la Universidad de Carolina del Norte – Chapel Hill. Profesor titular de la Escuela de Gobierno, además es investigador del Instituto Milenio para los Fundamentos de los Datos y de Viodemos.
- Alejandra Luneke: Licenciada en Historia y Ciencias Políticas UC. Doctora en Sociología y Máster en Desarrollo Urbano UC. Profesora del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado. Es investigadora de Viodemos, CEDEUS y COES.
- Andrés Mahnke: Abogado UV, con experiencia en planificación, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de justicia y modernización del Estado. Fue Defensor Nacional entre 2014 y 2020.
- Maximiliano Ríos: Ingeniero comercial Arcis, Ingeniero Industrial UTEM, Magíster en Filosofía Política USACH, académico y político. Se desempeñó como secretario general de la Corporación Municipal de Salud y Educación de Lo Prado. Es alcalde de Lo Prado desde 2016.
- Alejandra Mohor: Socióloga y Magíster en Ciencia Política, UCh. Investigadora de CESC e instructora adjunta de la Universidad John Jay College de Justicia Criminal de Nueva York.
- Daniel Soto: Abogado especializado en derecho público, seguridad y derechos humanos. Investigador Adjunto del Centro de Innovación Financiera de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez.
- Eduardo Valenzuela: Sociólogo UC. Diplome D’etudes Aprofondie, D.E.A Sociologie Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, París, Francia. Ex Decano de la Facultad de Ciencias Sociales UC, Investigador Principal del CIIR, profesor del Instituto de Sociología y de la Escuela de Gobierno UC. Director del Centro de Estudios Justicia y Sociedad.
- Luis Vergara: Abogado. Magister en Derecho Penal UCh. Posee experiencia de más de 20 años en la Administración Penitenciaria de Chile en el área operativa, asesoría jurídica, técnica en reinserción social y directiva. Es investigador del CESC desde el año 2015. Ha sido docente y consultor.
- Liza Zúñiga: Cientista Política UC, Máster en Criminología y Justicia, Universidad de Edimburgo, PhD en Ciencias Sociales, UCh. Trabajó como investigadora en Carabineros de Chile y en Flacso. Se dedica a la investigación y la docencia en la escuela de Gendarmería de Chile y es Investigadora Asociada al Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC. Es la Secretaria Ejecutiva del Consejo.
