El Consejo de Defensa del Estado presentó ante el Tribunal Ambiental de Santiago una demanda de reparación por daño ambiental en contra de los titulares de cuatro proyectos inmobiliarios en zona rural, al margen de la regulación urbanística aplicable. La presente demanda es fruto de un trabajo coordinado con la División de Gestión Ambiental del Servicio Agrícola y Ganadero, la Corporación Nacional Forestal, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Lo Barnechea, entre otros servicios públicos con competencia en la materia.
La totalidad de las obras desarrolladas se han ejecutado en terrenos que exceden el límite urbano, protegidos oficialmente bajo las categorías de “Área de Preservación Ecológica” y de “Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad”, además de considerarse como un territorio de alto valor patrimonial, en el cual existen, a lo menos, 14 sitios arqueológicos identificados por el Consejo de Monumentos Nacionales y, cuya afectación provocó la interposición de una querella criminal por parte del organismo, en enero del año pasado.
En particular, la demanda atribuye los daños ambientales producidos en la zona precordillerana de las comunas de Colina y Lo Barnechea, tras el desarrollo de los proyectos inmobiliarios “Habilitación de caminos e instalaciones complementarias de la subdivisión Chaguay”, ejecutado por Desarrollos La Dehesa Spa; el proyecto “La Cumbre”, cuyo titular es Inmobiliaria e Inversiones La Cumbre Oriente Spa; “Construcción de redes interiores Mirador Pie Andino”, de MDPR Spa; y “Hacienda Guay Guay”, desarrollado por Inmobiliaria e Inversiones Chicureo Spa. Se estima que los sitios urbanizados alcanzan una cantidad superior a las 1.900 unidades, instalando en el área nuevos núcleos urbanos, los que a su vez demandarán la infraestructura y el equipamiento respectivo.
Dichos proyectos –señala el CDE– han ejecutado obras de urbanización consistentes en la construcción y apertura de caminos y vías de tránsito, ensanchamiento de caminos interiores ya existentes, pavimentación, nivelación de terrenos, instalación de equipamiento de postes, luminarias y tendido eléctrico aéreo y subterráneo y de redes de agua potable. Se indica que tales obras no cuentan con las autorizaciones que le son aplicables, tales como la licencia ambiental, permisos de edificación y recepción de obras, informe favorable para la construcción, informe de mitigaciones viales, estudios de estabilidad de suelos y taludes, planes de manejo forestal y autorización de excavaciones arqueológicas.
“Los titulares de dichos proyectos pretenden obtener la modificación de facto del uso de suelo en el área afectada, obviando el daño ambiental causado como consecuencia de las obras de urbanización realizadas, las disposiciones urbanísticas y ambientales aplicables y, en definitiva, las consecuencias a largo plazo que la generación de nuevos núcleos urbanos representa para el ecosistema del piedemonte o precordillera de Colina/ Lo Barnechea”, señala la demanda.
Entre las medidas de reparación de los daños provocados, el CDE solicitó al Segundo Tribunal Ambiental el envío de los estudios e informes que se elaboren a todos y cada uno de los órganos con competencia ambiental que intervienen en este asunto, así como al Ministerio de Medio Ambiente, al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y a la Superintendencia del Medio Ambiente. Asimismo, la paralización de las obras de urbanización ya iniciadas y aún no concluidas, el retiro inmediato de equipos de trabajo y maquinaria de los terrenos de los cuatro proyectos, lo que no podrán volver ingresar salvo autorización expresa de los órganos con competencia ambiental pertinentes, para efectos de realizar las obras de reparación, además de toda otra medida que en los plazos y modos determine dicho tribunal.
