El Consejo de Defensa del Estado se encuentra participando hoy en la primera jornada de la audiencia de formalización que se desarrolla ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en que se indagan diversos delitos cometidos por altos exfuncionarios públicos en perjuicio del patrimonio de la Municipalidad de Vitacura.
Representado por un equipo de abogados de la Procuraduría Fiscal de Santiago –encabezados por el jefe de Litigio Penal, Diego Acuña– el Consejo participa en la audiencia como querellante institucional en representación del interés público, por tratarse de delitos que la ley le encarga especialmente perseguir, dado que afectan cuantiosos recursos fiscales y vulneran gravemente el deber de probidad que todo funcionario público debe observar.
La querella criminal presentada por el CDE el 28 de diciembre pasado imputa delitos consumados y reiterados de malversación de caudales públicos, previsto y sancionado en el artículo 233 del Código Penal; fraude al fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del mismo Código, y todos aquellos ilícitos posibles de acreditar durante el curso de la investigación penal a cargo de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
La acción busca determinar la calidad de autores, cómplices o encubridores del exalcalde Raúl Torrealba del Pedregal; de los exdirectores de Desarrollo Comunitario (DECOM) de dicho municipio, Renato Sepúlveda Nebel y Antonia Larraín Prieto; y de los directivos y/o funcionarios de organizaciones comunitarias que recibieron millonarias subvenciones públicas, Domingo Prieto Urrejola, César Silva Silva y Arnaldo Cañas González.
