Nayalet Mansilla afirma que “la institución ha transitado tiempos difíciles en una sociedad que exige a sus autoridades celeridad y transparencia y en que la seguridad es una preocupación fundamental”.
Tras las celebraciones de las fiestas de fin de año, el Gobierno inició la carrera contrarreloj para nombrar al fiscal nacional, luego de dos intentos fallidos en la Cámara Alta.
El tiempo se acorta y los acercamientos con el Senado para conciliar el nombre de quien liderará el Ministerio Público por los próximos ocho años aún parecen escasos.
El presidente Gabriel Boric ya propuso dos nombres al Senado, José Morales y Marta Herrera, siendo ambos rechazados por la Cámara Alta.
Entretanto, el nombre de la abogada Erika Maira, quien fue seleccionada por la Corte Suprema como nueva integrante de la quina que dejó la caída de Herrera, perdió fuerza luego de la revelación de antiguos tuits en los que hacía duras críticas a diversas autoridades de centro derecha y también contra el presidente Gabriel Boric, cuando éste era diputado.
En este nuevo escenario, en círculos políticos señalan que hoy renace la figura de la fiscal del Ñuble, Nayalet Mansilla, abogada de la Universidad de Talca y egresada del magíster en derecho penal de la Universidad de Chile.
La también egresada del magíster en derecho de la Universidad de Concepción, diplomada en derecho penal y especialista en cambio organizacional, mantiene un bajo perfil, y quienes conocen su carrera profesional aseguran que se trata de la postulante mejor preparada para liderar los destinos del Ministerio Público.
“Ella es una fiscal de trinchera, comprometida con su trabajo, aplicada, súper respetuosa de la institucionalidad vigente y de la jerarquía que exige la Fiscalía Nacional”, señalan.
Nayalet Mansilla afirma no tener vínculos políticos ni con organizaciones de facto que puedan afectar su independencia.
El Ejecutivo tiene hasta este miércoles 4 de enero para elegir entre los cinco postulantes el nombre de su preferencia y enviarlo al Congreso, el que tendrá cinco días para ratificar o rechazar la propuesta entregada por el Gobierno.
“Tengo gran experiencia liderando equipos, conozco la realidad de fiscalías grandes y pequeñas. Instalé la Fiscalía Regional de Ñuble. Estoy consciente de los avances que ha tenido el Ministerio Público en 20 años, pero también soy crítica de nuestra labor”, asegura Nayalet Mansilla.
¿Cuáles son los desafíos del Ministerio Público en el Chile de hoy?
Las bases democráticas y del Estado de derecho se sustentan en buena parte en una eficaz y eficiente sistema de Justicia. El Ministerio Público es parte de él y la figura del fiscal nacional tiene un rol gravitante.
La institución ha transitado tiempos difíciles en una sociedad que exige a sus autoridades celeridad y transparencia y en que la seguridad es una preocupación fundamental. En ese contexto la o el fiscal nacional que sea elegido debe tomar esa responsabilidad, modernizar y gestionar la Fiscalía de Chile liderando la investigación y persecución de los delitos y otorgando medidas efectivas y oportunas de protección a la víctimas y testigos.
¿Cuáles son los temas que se necesitan abordar con urgencia?
Primero, la aplicación del principio de unidad de acción del Ministerio Público. Con esto quiero decir que las fiscalías regionales estamos tomando decisiones disímiles, ya sea porque no contamos con los mismos recursos o porque hemos perpetuado un modelo de investigación basado en la territorialidad, en circunstancia que los fenómenos delictuales trascienden fronteras regionales. Es decir, estamos siendo ineficientes. Y eso hay que cambiarlo de manera urgente.
¿Cómo?
Se debe crear una unidad de turno de instrucción de flagrancia nacional. Hoy cada fiscalía regional tiene su propia unidad de flagrancia, cuando su dotación lo permite, cuando no, el fiscal de cada localidad asume el turno.
En la Región Metropolitana existen cuatro unidades de flagrancia. Podría ocurrir que un delito que partió como un robo en una comuna termine como una mera receptación en otra, y las decisiones podrían ser múltiples.
Un solo turno de flagrancia a cargo de una gran unidad permitiría estandarización de los procesos y toma de decisiones de los fiscales, dando certezas a las policías respecto de las instrucciones, liberando así a las fiscalías de menor tamaño. Eso lo digo con propiedad porque lo apliqué con éxito a la realidad de Ñuble.
¿Cómo mejorar entonces el trabajo que realizan los fiscales en sus respectivas investigaciones?
No basta con condenar al imputado si no incautamos sus bienes, si no desbaratamos a la organización criminal completa, si no perseguimos el lavado de activos.
En lo inmediato, lo que propongo no es la creación de una fiscalía de alta complejidad que requiere de una modificación legal, sino que formar equipos especiales, a cargo de un fiscal, para la persecución de ciertos fenómenos, con fiscales adjuntos y equipos policiales de distintos territorios si el caso lo amerita, pudiendo aplicarse a los delitos que impactan a las macrozonas norte y sur, por ejemplo.
La investigación que llevo adelante por delitos tributarios y lavado de activos por coimas en recambio de luminarias LED me ha permitido implementar este modelo de trabajo.
¿Cómo mejorar el sistema de análisis criminal de la Fiscalía?
La triada del crimen organizado, narcotráfico, armas y delitos violentos, especialmente los homicidios, se está instalando en nuestro país.
Parece claro entonces que para una mayor efectividad de fenómenos criminales complejos es necesario reorientar las unidades de análisis criminal y que éstas actúen coordinadas, promoviendo focos interregionales, compartiendo datos, análisis, información relevante, sobre todo en territorios como la Región Metropolitana.
El 2021 ingresaron a la Fiscalía 1.2 millones de delitos, de éstos un 47% corresponden a imputado desconocido (del cual se ignora su identidad al momento del ingreso de la denuncia al Ministerio Público). De este último universo solo el 11% tiene algún tipo de término judicial. ¿Qué hacer para mejorar esas cifras?
En 2021 los porcentajes más altos son robos, y debe preocuparnos el aumento sostenido de esta cifra, también en los homicidios.
Es urgente enfrentar esta brecha teniendo presente nuestra dotación insuficiente de fiscales y que el tipo de delito ha mutado como lo apreciamos en las denominadas macrozona norte y sur. Para ello es necesario aumentar la dotación de la Fiscalía e implementar un plan de fortalecimiento 2.0.
Se requiere especialización de los fiscales, nuevos equipos para fenómenos delictivos móviles, innovando y modernizando la persecución, trabajando con analistas, compartiendo información con y entre las policías, involucrarnos con los actores del sistema, convirtiéndonos en un referente técnico.
Una de las críticas que se le formulan al Ministerio Público es sobre el trabajo de protección de víctimas y testigos. La percepción de inseguridad ha aumentado a un 7,6%, según datos de Paz Ciudadana. ¿Cuál debiera ser la respuesta del Ministerio Público?
Si bien en los últimos años la Fiscalía ha incorporado adecuaciones de los procesos internos y de coordinación externa, éstos datan de hace más de una década y no se han actualizado.
La situación del país y de nuestras víctimas requiere una respuesta distinta, favoreciendo su derecho de acceder a la justicia y que las protejan de la nueva criminalidad organizada de forma efectiva.
Mi propuesta es actualizar el trabajo con víctimas y testigos, con equipos más capacitados, mayores recursos y dotación para implementar coordinadamente con otras instituciones del Estado o medidas de protección innovadoras que las vinculen a una sólida red asistencial y les dé seguridad y les permite adherir al proceso penal.
En los últimos años la confianza de la ciudadanía en el Ministerio Público ha sufrido una caída. Según la encuesta CEP publicada a fines de mayo del 2022, ante la pregunta sobre confianza en las instituciones la Fiscalía alcanza solo un 15%. ¿Qué hacer para que la gente vuelva a confiar en el sistema de justicia penal?
Primero, investigar con fuerza los delitos de corrupción. Este es un tiempo en que la ciudadanía exige el esclarecimiento de estos hechos, y el o la fiscal nacional debe dar garantía de una persecución con autonomía e independencia, defendiendo a ultranza el principio de igualdad ante la ley, comprometiéndose activamente y, si el caso lo amerita, asumiendo directamente las investigaciones.
Además, creo que es necesario reflexionar sobre la creación de una unidad de asuntos internos que se dedique a la investigación penal de las y los fiscales, cuando éstos sean denunciados, con independencia y autonomía.
¿Eso implica también considerar la rendición de cuentas públicas?
Se requiere renovar la confianza en la Fiscalía y en el sistema de administración de Justicia en su conjunto, explicar y fundamentar nuestras decisiones, avanzar en transparencia activa, como lo impulsé en mi región, a través de un panel informático que muestra los ingresos por delito, y que está a disposición de los 21 municipios de Ñuble para la toma de decisiones en materia de seguridad, iniciativa que fue merecedora además del premio innovación 2022 en la Fiscalía de Chile.
¿Qué elementos destacas de tu postulación?
Soy fiscal de trincheras, tengo gran experiencia liderando equipos, conozco la realidad de fiscalías grandes y pequeñas. No tengo vínculos políticos ni con organizaciones de facto que puedan afectar mi independencia.
Estoy consciente de los avances que ha tenido la Fiscalía en 20 años, pero también soy crítica de nuestra labor. Mi convicción es trabajar por un Chile más seguro y volver a ser una referente para el resto de Latinoamérica en la persecución de delitos y protección de víctimas.
