La Ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, intervino hoy en el Segmento de Alto Nivel de la 52ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos, en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, Suiza. Esta es la cuarta vez que Chile ocupa un asiento como miembro de dicho organismo de Naciones Unidas, tras obtener la primera mayoría regional en las elecciones de octubre del año pasado.
En sus palabras, destacó que para Chile éste es el principal espacio de cooperación, diálogo y consenso en materia de derechos humanos de Naciones Unidas. “Defendemos la necesidad de un orden multilateral que reconozca la interrelación profunda entre las dimensiones de paz y seguridad, democracia y participación, desarrollo sostenible e inclusión, y derechos humanos como eje central del actuar internacional de nuestro país”, afirmó.
La Canciller señaló que el compromiso de Chile con la promoción y protección de los derechos humanos, además deriva de las lecciones de la propia historia del país. Al respecto, puntualizó que este 2023 se conmemoran los 50 años del golpe de Estado que derrocó al gobierno del Presidente Salvador Allende e instauró un régimen dictatorial.
En ese sentido, recordó que, durante la dictadura, “la cooperación internacional y el acompañamiento de organismos internacionales fueron fundamentales para asistir a connacionales en situaciones de necesidad, así como también para presionar por el restablecimiento de la democracia. Durante la transición, ese apoyo fue muy importante para fortalecer nuestra institucionalidad democrática y de derechos humanos, en ese entonces, todavía muy frágil”.
Además, resaltó que más de tres décadas después de la recuperación de la democracia en Chile, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric erige la protección de los derechos humanos como un eje central de su programa de gobierno. Por eso, se impulsa actualmente el Plan Nacional de Búsqueda, política pública que pretende avanzar en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura.
Asimismo, agregó la Ministra, el Gobierno se encuentra adoptando medidas para hacerse cargo de los múltiples desafíos actuales, derivados de recientes situaciones de conflictividad social ocurridas en nuestro país. “Prueba de ello lo constituye el establecimiento de la Mesa de Reparación Integral para víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante el Estallido Social, actualmente en funcionamiento”, puntualizó.
Prioridades en el Consejo
En su intervención, la Ministra se refirió también a las prioridades de Chile durante su período en el Consejo, que se extenderá hasta el 2025. En ese sentido, aseguró que el Gobierno se ha planteado impulsar una Política Exterior Feminista, que vele “por la integración de la perspectiva de género y el resguardo de los derechos de las mujeres y niñas en toda su diversidad, especialmente en lo que respecta a la erradicación de la violencia de género en todas sus dimensiones”.
A su vez, indicó que “la defensa y la promoción de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ constituye también un objetivo de nuestra política exterior que buscaremos plasmar en nuestro trabajo en este foro”.
La Canciller también afirmó que Chile ha puesto en marcha una Política Exterior Turquesa, “que integre acciones para responder a la triple crisis, climática, de pérdida de biodiversidad y de contaminación global, con un enfoque de transición justa y desarrollo sostenible e inclusivo”. Al respecto, destacó que una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno fue adherir al Acuerdo de Escazú, el cual, entre otras cosas, brinda especial protección a los defensores ambientales.
Además, señaló que para Chile es importante prestar más atención a garantizar el goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. “Su garantía constituye un elemento indispensable para la consolidación de las democracias y el Estado de Derecho y para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Común del Secretario General de Naciones Unidas”, consignó.
Finalmente, la Ministra indicó que otros temas emergentes que formarán parte de las prioridades de Chile en el Consejo de Derechos Humanos son el debate sobre empresas y derechos humanos, con particular énfasis en las obligaciones de debida diligencia; los riesgos que supone la desinformación y los discursos de odio para nuestras democracias y el Estado de derecho; los desafíos que impone la emergencia climática e, igualmente, las crisis de movilidad humana; así como también el impacto de las nuevas tecnologías en los derechos humanos.
