- Según el informe del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro) de la Universidad San Sebastián, preocupa el aumento de los delitos con imputados desconocidos en 13 de 16 regiones del país, entre 2013 y 2023. “Este factor no hace más que dificultar el proceso de investigación”, precisa Luis Toledo, director del Cescro USS.
- También es posible observar para el mismo período que la disminución en la aplicación de términos judiciales observada a nivel nacional (-10%) se ha visto especialmente en la región del Biobío con un -56%.
Entre 2013 y 2023, la Región Metropolitana (40%) concentró la mayor cantidad de casos ingresados en el Ministerio Público, seguido de la Región de Valparaíso (11%). Durante el mismo período, las regiones con mayor alza de ingresos fueron Ñuble (+41% desde 2018), Coquimbo (+38%) y Los Ríos (+33%), data evidenciada en el tercer informe elaborado por el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro) de la Universidad San Sebastián (USS), a partir del análisis de los boletines estadísticos publicados anualmente por la Fiscalía. Desde la otra vereda, las únicas regiones que disminuyeron los delitos ingresados fueron Biobío (-6%), Tarapacá (-4%) y Magallanes (-2%).
Delitos con imputados desconocidos
Otra de las tendencias identificadas es la mayor dificultad en la persecución penal, debido a —entre otros factores— el aumento de delitos con imputados desconocidos, entendiendo a estos como aquellos donde se desconoce el autor del delito al momento del ingreso de la denuncia al Ministerio Público.
Entre 2013 y 2023, las regiones con mayor proporción promedio de delitos con imputados desconocidos fueron:
- Región Metropolitana: 60% desconocidos, 40% conocidos
- Biobío: 56% desconocidos, 44% conocidos
- Coquimbo: 53% desconocidos, 47% conocidos
Por su parte, las zonas que más aumentaron su proporción de imputados desconocidos fueron Arica y Parinacota (10 pp.), seguido de Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo (+9 pp. en ambos casos).
“En términos de variación, los delitos con imputados desconocidos se han incrementado en la mayoría de las regiones del país durante la década analizada, excepto por Ñuble, La Araucanía, Aysén y Magallanes. Este explosivo crecimiento de imputados desconocidos ha impactado exponencialmente en el proceso de investigación, persecución y condena de los responsables”, explica Luis Toledo, director de Cescro USS.
Alerta por efecto “tríada”
Camila Astrain, investigadora del Cescro USS, reafirma el preocupante panorama de persecución a nivel regional. “En la medida que aumenten los delitos, disminuya la aplicación de sentencias condenatorias y aumenten las medidas absolutorias o archivos provisionales, es una señal de alerta, especialmente considerando el aumento de violencia que se ha observado en la delincuencia común y las señales de expansión del crimen organizado en el país”, advierte Astrain.
Lo anterior, debido a que “cuando se genera esta tríada en los datos, se reafirma el bajo nivel de eficacia que está teniendo el sistema penal. El caso sería diferente si la victimización y otros delitos asociados al crimen organizado hubieran disminuido en la última década. Sin embargo, las encuestas nacionales y los datos reportados por diferentes organismos del sistema de seguridad pública señalan todo lo contrario”, explica la investigadora USS.
Esta situación se expone en nueve de 16 regiones del país. Entre ellas, Tarapacá (+145%), Valparaíso (+258%) y O’Higgins (+191%), las cuales han expuesto un considerable aumento de las sentencias absolutorias, es decir, aquellas que declaran al imputado no responsable penalmente, al no acreditarse más allá de toda duda razonable su culpabilidad o los elementos esenciales del delito.
En cuanto a la variación de archivos provisionales (casos que no lograron adquirir los antecedentes suficientes que permitan esclarecer los hechos y continuar con la investigación penal), casos como el de O’Higgins y Maule casi duplicaron el volumen de este tipo de medidas.
También resalta que 10 de 16 regiones del país disminuyeron la cantidad de sentencias condenatorias, cuando se logra acreditar la responsabilidad del imputado en un delito y se definen las penas que deberá cumplir por ello.
