Entre las demandas que solicitan a la dirección de la institución se encuentran medidas inmediatas para mejorar condiciones de trabajo de sedes regionales, resguardar la autonomía institucional, y terminar con la asesoría de Nicolás Espejo, cercano al Defensor de la Niñez y acusado públicamente de acoso sexual y abuso de autoridad mientras trabajaba en Unicef.
Desde el miércoles 31 de octubre, la Asociación de Funcionarias y Funcionarios de la Defensoría de la Niñez, que agrupa a casi el 80% de la dotación nacional de dicha institución y cuenta con representación de todas las sedes regionales, se encuentra movilizada mediante la paralización de sus funciones, tanto en el nivel central como en sedes regionales. Esto, debido a la dilación en las respuestas a una serie de demandas laborales levantadas a la presente administración, encabezada por el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, quien asumió el cargo hace ya un año.
“No sólo hemos recibido respuestas no satisfactorias a nuestras solicitudes, sino además se han tomado decisiones regresivas en relación a derechos adquiridos y se han agudizado escenarios internos que afectan, entre otros ámbitos, el resguardo de la autonomía institucional”, declara el presidente de la Asociación, Gabriel Marín Figueroa. “Se ha impuesto una estructura orgánica que, como trabajadoras y trabajadores de derechos humanos, consideramos no es la adecuada para el funcionamiento técnico especializado de este tipo de instituciones, en la que el criterio técnico debe estar siempre por encima de cualquier decisión o persona y que la toma de decisiones no quede supeditada a decisiones políticas”, agrega.
Uno de los puntos del petitorio se titula “Resguardo de la autonomía institucional, nuevo organigrama y rol del gabinete del defensor de la niñez”, a través del cual exigen a la dirección, por ejemplo, que las directoras de unidad (cargos escogidos mediante Alta Dirección Pública) no dependan jerárquicamente de un cargo de confianza, como lo es la actual jefa de gabinete, Grace Schmidt Monje, sino del propio Defensor de la Niñez, quien es el mayor cargo técnico y representante legal de la institución.
En la misma línea de la autonomía, la Asociación exige “atender con carácter de urgente (…) el análisis de la autonomía institucional, remitidos al jefe de servicio en junio de 2024, específicamente en lo relativo a aplicar legislación nacional vigente en materia de derechos laborales, principalmente 40 horas y Ley de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, y enmendar el posicionamiento institucional sobre la comprensión de la autonomía legal de la Defensoría de la Niñez, asegurando su independencia y el régimen laboral que por Ley rige a sus funcionarias y funcionarios”. Esto, ya que sus contratos son por Código del Trabajo, sin embargo se les ha negado la aplicación de estas dos nuevas leyes, aún cuando este servicio público no depende de ningún poder o servicio.
La situación de las sedes regionales y sus equipos también forma parte importante del petitorio, en donde se piden medidas inmediatas para subsanar una serie de dificultades de coordinación y comunicación que hoy existen, además de problemas de infraestructura que presentan algunas de ellas. A modo de ejemplo, dos sedes regionales llevan meses sin contar con una sede donde ejercer sus funciones, estando condicionadas al uso de sus espacios personales para trabajar, sin existir medidas compensatorias al respecto.
Otros temas del petitorio son la transparencia sobre contrataciones, remuneraciones y beneficios; ambientes laborales bien tratantes y mejora de procesos internos; participación sindical vinculante en las decisiones institucionales; y algunas solicitudes urgentes, como el término inmediato de la contratación a honorarios de Nicolás Espejo, quien se encuentra prestando servicios de asesoría, debido a la acusación pública en su contra por acoso sexual y abuso de autoridad, mientras él trabajaba en UNICEF, ya que esto “atenta con la credibilidad y compromiso ético de esta institución de derechos humanos”.
“Como Asociación creemos firmemente que el trabajo institucional por la promoción, difusión y protección de los derechos de la niñez y adolescencia en Chile debe comenzar por garantizar el bienestar integral de las personas defensoras de los derechos humanos que conforman la institución. Y si bien las demandas remitidas en diversas oportunidades al Defensor de la Niñez no son una solución total a los problemas que trabajadoras y trabajadores enfrentan hoy en día, sí constituyen un avance significativo en la búsqueda de ese bienestar integral, en la construcción de ambientes laborales bien tratantes y en el resguardo de la autonomía institucional”, dice el presidente de la Asociación, quien además explica que, a raíz de este compromiso con los derechos de la niñez y adolescencia, la Asociación estableció funciones críticas que serán atendidas durante el periodo de movilización.