Desde la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal manifestaron que no estarán disponibles para integrar una instancia como la que instaló Pablo Longueira cuando se discutió el fraccionamiento que hoy tiene la ley de pesca.
Hernán Cortés, presidente del Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP) y vocero de la Alianza declaró enfáticamente: “En el pasado el acuerdo lo lograron con un grupo muy reducido y provocó el quiebre de la pesca artesanal y el consiguiente nacimiento de la CONDEPP que se opuso desde el primer día a ese acuerdo».
Por su parte, Ramón Chaparro, tesorero de CONDEPP y presidente de SIPESCA, manifestó que “Valoramos que la dirigente de ese entonces (2011) y actual presidenta de CONAPACH, Zoila Bustamante, reconociera que fue parte de la mesa pesquera que validó el actual fraccionamiento de la ley Longueira, y que tuvo como resultado la precarización de la pesca artesanal, y lo que le faltó decir es que no participará de una nueva mesa pesquera».
«La mesa pesquera que están proponiendo algunos diputados, representantes de la industria y algunos pescadores artesanales, en particular Pedro Martínez Yaupe, de Arhispel, que tiene negocio con la industria, es formalizar una nueva colusión, es decir, que los interesados se ponen de acuerdo a espalda de los consumidores, una ‘mesa pesquera 2.0’ a la que sólo faltaría invitar a Longueira» agregó Chaparro.
En la misma línea, Hernán Cortés emplazó a la Industria diciendo: “Emplazamos al señor Bacigalupo, representante de SONAPESCA, primero a reconocer el origen corrupto de los privilegios que se les otorgó con la actual ley de pesca; segundo a que deje de confundir a la opinión pública mezclando términos y equiparándolos, nos referimos a desembarques y cuotas de pesca que son cosas diferentes; y finalmente a manifestar nuestro rechazo al matonaje que significa la amenaza de inconstitucionalidad del proyecto de artículo único de fraccionamiento, porque no tienen moral para defender una afirmación como esa cuando hay correos electrónicos que enviaban representantes de las pesqueras a parlamentarios para que incluyeran indicaciones que les aseguraron este tipo de privilegios. Y con un fallo que reveló una verdad jurídica: que hubo cohecho, sobornos y fraude al fisco en su tramitación”.
