El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (independiente), presentó esta mañana querellas contra 24 médicos, en su mayoría extranjeros, por entregar más de un centenar de licencias médicas fraudulentas.
Los permisos médicos entregados por los profesionales se emitieron en 2023 a funcionarios de la Corporación Municipal de La Florida (Comudef) y, tras una indagatoria de dicha entidad se detectó que se trata de 103 licencias para 72 funcionarios, lo que no solo implicó afectar el servicio por el ausentismo injustificado, sino que un perjuicio para Fonasa e Isapres, estimado en unos $150 millones.
En la investigación se detectó, además, que dos de los médicos querellados trabajan en consultorios que administra la Corporación Municipal, en contra de quienes se abrió un proceso sumarial, actualmente en su etapa final.
La querella contra los 24 facultativos se presentó en el Séptimo Juzgado de garantía, en el que se lleva una investigación luego que en 2022 se detectó una organización dedicada a la emisión masiva de permisos falsos, lo que causó perjuicios sobre los $50 mil millones solo a Fonasa.
Carter señaló que «hay un gran abuso; si el 70% de lo que todos los chilenos pagamos para esas licencias, una parte importante se roba, se defrauda, finalmente estamos atentando contra de nuestro propio sistema de previsión social, tenemos peor salud y peores licencias médicas porque un grupo de chilenos y extranjeros otorgan o piden licencias médicas falsas. Es gravísimo».
A juicio del alcalde, en este caso puntual, que algunos funcionarios hayan accedido a estos permisos es una forma de atentar contra la fe pública y criticó la «cultura de la pillería chilena». Dijo, además, que se pidió al tribunal que haga las diligencias necesarias «para perseguir a los sinvergüenzas que están perjudicando a los chilenos que sí necesitan salud».
Recientemente, la justicia condenó por primera vez a 11 usuarios a devolver dinero a sus seguros de salud tras haber usado licencias fraudulentas.
Las querellas fueron presentadas por «falsedad en el otorgamiento de certificados, permisos o estado de salud, en falsificación de estos, o en uso malicioso de ellos, previsto en el artículo 509 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 202, del Código Penal».
