Un contundente respaldo le dio la Sala del Senado a la idea de legislar sobre el proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, por lo que la iniciativa quedó en condiciones de ser discutida en particular por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.
Fue el presidente de esa instancia, senador Alfonso De Urresti, quien informó a la Sala los aspectos generales de la iniciativa, así como aquellos puntos que fueron planteados durante el análisis en general, que quieren ser modificados en particular.
Indicó que el proyecto crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, que será una entidad administrativa descentralizada, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometida a la supervigilancia del presidente de la República a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Su propósito es permitir el acceso a la justicia a través de la entrega de orientación legal; asesoría y representación jurídica a quienes no puedan procurárselas por sí mismos o pertenezcan a alguno de los grupos de especial protección y de apoyo sicológico y social; asesoría y representación jurídica de las personas naturales víctimas de delitos; y de la administración del sistema de mediación familiar.
Asimismo, explicó que la dirección nacional del Servicio se organizará funcionalmente en tres subdirecciones: Subdirección de Defensoría de Víctimas, Subdirección de Líneas de Acción y Programas, y Subdirección de Operaciones.
Además, existirá un Departamento de Auditoría y Control y un Departamento Jurídico y Fiscalía, dependientes directamente del Director Nacional.
El proyecto establece que este servicio será el continuador legal de las Corporaciones de Asistencia Judicial que existen en nuestro país. Actualmente existen cuatro corporaciones diferentes y autónomas.
DEBATE
Durante el debate de la iniciativa intervinieron los senadores Pedro Araya, Matías Walker, Luz Ebensperger, Isabel Allende, José Miguel Durana, Carmen Gloria Aravena, José Miguel Insulza, Juan Ignacio Latorre, Claudia Pascual, Juan Antonio Coloma, Paulina Vodanovic, Francisco Chahuán, Loreto Carvajal, Rodrigo Galilea, Ximena Rincón, Alejandro Kusanovic, Kenneth Pugh y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero.
Hubo coincidencia en valorar el proyecto en el sentido de que se generan políticas públicas que permiten mejorar el acceso a la justicia por parte del Estado, sobre todo de las víctimas, lo que no está contemplado actualmente en el modelo penal del país.
En tal sentido, relevaron que el proyecto se hace cargo de la atención, defensa y representación jurídica de las víctimas de delitos, lo que permitirá tener asesoría letrada y entregar a las víctimas las herramientas jurídicas necesarias para enfrentar la delincuencia.
En esa línea, recordaron que este es un proyecto largamente esperado y que busca reorganizar el acceso a la justicia. Respecto de las Corporaciones de Asistencia Judicial, que tienen funcionamientos disímiles, manifestaron que es necesario institucionalizar y unificar sus normativas.
Sobre el traspaso funcionario sostuvieron que debe considerar las mejores condiciones laborales.
Puntualizaron que avanzar en este proyecto es avanzara en equidad y que la justicia sea oportuna.
