En condiciones de ser remitido para el pronunciamiento de las respectivas Salas del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados, quedó el informe de la Comisión Mixta que abordó las discrepancias en torno al proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SBAP)
Ello, luego que la instancia integrada por diputados y senadores y que presidió el senador Juan Ignacio Latorre, despachara el informe respectivo logrando acuerdo en gran parte de las normas que dicen relación con los sitios prioritarios, el rol del Estado en la fiscalización y la unificación de organismos que hoy están dispersos”.
No obstante, tras un largo debate, la única materia en la que la Mixta no logró consenso fue en lo “que tiene que ver con las concesiones económicas para proyectos como, por ejemplo: la salmonicultura, las salmoneras o proyectos mineros y energéticos, en las áreas protegidas”, dijo el senador Latorre.
Precisó que “frente a este tema que fue muy controvertido, especialmente con las protestas de los trabajadores y de las mismas empresas salmoneras, el Ejecutivo había presentado una indicación complementaria a la propuesta de modificación del artículo 158, que indicaba que aquello no afectaría las concesiones de acuicultura otorgadas con anterioridad a la publicación en el Diario Oficial. Sin embargo, tras un doble empate en la votación, el artículo junto con la indicación respectiva quedó rechazado”.
Por su parte, el senador Matías Walker, integrante de la instancia aseveró que tras un doble empate se rechazó la indicación del gobierno que proponía sacar a salmoneras de reservas naturales y que había generado gran inquietud en el sector. Estas reformas no se pueden hacer sin los representantes de los pescadores, los armadores, los sindicatos, y los dirigentes de los pueblos originarios y de la pesca artesanal, sin el mundo real”, precisó añadiendo que esta materia será parte de otra discusión en la nueva ley de acuicultura.
Afirmó que “debemos seguir mejorando los estándares ambientales, pero entendiendo que las reformas no se pueden llevar adelante sin el concurso del mundo de la producción y el trabajo; de quienes se levantan temprano para sacar a sus familias adelante bajo condiciones adversas”.
A su turno, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, valoró el acuerdo alcanzado en gran parte de la iniciativa, sin embargo, descartó que la propuesta del Ejecutivo respecto a la necesaria protección de las áreas naturales afectara negativamente las fuentes laborales. Manifestó que la indicación establecía una gradualidad respecto a las actuales concesiones que están operativas a 12 e incluso 21 años y otras, que son de carácter indefinido este proyecto no las alteraba porque no es retroactivo, dijo.
Al término de la larga jornada de debate la ministra puntualizó que “si bien no es el mejor escenario para nosotros, creemos que el proyecto en su totalidad contiene distintos tipos de resguardos para el eventual otorgamiento de concesiones en áreas protegidas, además de prohibiciones claras respecto de las áreas de conservación más estrictas”.
