– “No cabe duda que no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Chile aún está a tiempo de enfrentar el crimen organizado pero necesitamos fortalecer la institucionalidad. Esta reforma constitucional le otorgará todo el piso al Presidente y garantizará un trabajo eficiente”.
Una reforma constitucional que permita establecer un grupo operativo para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo en el país presentarán los senadores Paulina Vodanvic e Iván Flores, este último, presidente de la comisión de Seguridad del Senado.
Al respecto, el senador Flores señaló que “lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, no podemos seguir haciendo más de lo mismo. La idea matriz de la reforma constitucional es que el Presidente de la República pueda convocar una fuerza de tarea concentrada en un territorio y en organizaciones específicas donde participe Carabineros de Chile, PDI, SII, Aduanas, UAF, Ministerio Público, DIRECTEMAR, Superintendencias, Servicio Nacional de Migraciones, entre otras, dependiendo de las características de dicha organización criminal y territorio. Así, el Presidente podrá otorgar un mandato claro a organismos públicos específicos de actuar en un lugar determinado, con un sistema de rendición de cuentas a la ciudadanía y al Congreso, así como uno de control en que participe la Contraloría General de la República y el Consejo para la Transparencia (por el tratamiento intensivo de datos) en base a objetivos establecidos.”
“Está claro que aquí llegamos a un punto donde se necesita mucho más que mesas de trabajo o leyes; hay que cambiar la táctica y estrategia y esta reforma permitirá a nuestro país dar un salto importante en una lucha frontal y eficiente contra el crimen organizado y los delitos vinculados. Es urgente tener un enfoque operativo, concreto y con una dirección clara, donde se coordinen de forma eficiente las instituciones del Estado que tienen funciones en materia de prevención concreta de delitos, persecución criminal y seguridad penitenciaria.”.
Entre las ideas centrales de la reforma, se señala que “el encargado constitucional último de la seguridad pública es el Presidente de la República, por tanto de él tiene que venir el mandato político y jurídico a todos los organismos públicos para dedicarse a desactivar las organizaciones criminales, incluyendo al Ministerio Público, cuya autonomía constitucional no puede . No es aceptable para la ciudadanía una división de funciones sin un responsable último, por tanto debemos habilitar a este responsable para que pueda responder a las personas.”
