Por vigésima segunda vez el Congreso respaldó la prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia (EECE) en la macrozona sur, que regirá por quince días en la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío.
La medida -que contó con 37 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones- está a dos semanas de cumplir un año, tal como se recordó durante el debate, por lo que durante el debate se llamó a “no normalizar la excepcionalidad” de la medida.
TOMAR ACCIONES
Asimismo, senadoras y senadores lamentaron “la nueva ola de atentados recientemente ocurridos”. Reiteraron que las situaciones de violencia van más allá de la región de La Araucanía y se llamó a tomar acciones en otras zonas, tales como Valdivia, Los Lagos y Calama, además de toda la macrozona norte.
Por otro lado, hubo coincidencia en la necesidad de garantizar la tranquilidad y desarrollo productivo, lo que –a juicio de algunos legisladores- requiere de acciones “sin restricciones”. Asimismo, algunos sectores constataron un “problema estructural”, “que requiere liderazgo y articulación”. “Debemos ser tajantes y rechazar la violencia, venga de donde venga y llamar las cosas por su nombre”, se enfatizó.
“Claridad en la hoja de ruta” y “seguimiento” de las acciones, también fueron advertidas como necesidades, “para poder evaluar una quincena con otra” y “saber dónde se están concentrando los hechos de violencia”.
Durante el debate, además, se mencionaron temas como la “fuerte presión migratoria”, la amenaza de “barrios completos que se encuentran bajo la amenaza del narcotráfico y del crimen organizado”, “delincuencia cada vez más violenta» y, en este contexto, la necesidad de “acciones del Estado de otra magnitud”.
Intervinieron los senadores José García Ruminot, Alfonso De Urresti, Carmen Gloria Aravena, María José Gatica, Fidel Espinoza, José Miguel Durana, Paulina Núñez, Enrique Van Rysselberghe, Kenneth Pugh, José Miguel Insulza, Alejandro Kusanovic y Francisco Chahuán.
SITUACIONES PREOCUPANTES
En la oportunidad, asistieron las ministras de Defensa Nacional, Maya Fernández y del Interior y Seguridad Pública Carolina Tohá; y los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero y de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde.
La Secretaria de Estado, Carolina Tohá, reconoció que hay una serie de situaciones preocupantes; sin embargo, señaló “no cambian el balance general del estado de excepción”.
“Desde el 18 de mayo de 2022 y hasta el 16 de abril de 2023, los eventos han disminuido un 30% con respecto al mismo período del año anterior en las provincias bajo el decreto. También se observa una importante caída en la cantidad de homicidios (-56%) y en los eventos con presencia de armas de fuego (-36%). Asimismo, los ataques incendiarios disminuyeron en un 21%”, detalló.
Con todo, manifestó que “en los últimos 15 días hubo un aumento preocupante de ataque incendiarios”, con “recrudecimiento de acciones violentas”, pero aclaró que “se están tomando medidas”, entre otras, mayores puntos de control, reposición de un helicóptero, entrega de la mitad de la partida de carros blindados.
Tohá recalcó que ninguna forma de intimidación “va a interrumpir las acciones y la agenda del gobierno”.
