El documento plantea reevaluar el mérito de las pensiones que han sido entregadas a personas con antecedentes penales y revocar el beneficio si se llega a detectar una mejora física en los beneficiarios con lesiones leves.
La comisión especial investigadora sobre el otorgamiento de pensiones de gracia a víctimas del estallido social (CEI 26) aprobó las propuestas y conclusiones incluidas en el informe elaborado por diputados de oposición.
Durante el debate, el diputado Boris Barrera (PC) sostuvo que al respaldar el informe se cuestionan otras pensiones. Agregó, en ese sentido, que se ponen en riesgo aquellas como la de los ex mineros de Lota o portuarios que han tenido condenas anteriores, por ejemplo.
Desde este punto de vista, consideró que se deben analizar todas las pensiones de gracia. “Hay violadores de derechos humanos que cometieron muertes y que tienen pensiones financiadas por el Estado y que son heredables”, puntualizó.
El diputado Mauricio Ojeda (IND), en tanto, recordó que en la Región de La Araucanía se han violado los derechos humanos de manera constante. Manifestó no estar disponible con su voto para beneficiar a un delincuente que “patea la cabeza a un carabinero o intenta incendiar una caseta”.
Gustavo Alessandri (UDI) precisó que la comisión investigó las pensiones de gracia entregadas en el contexto del estallido y no de las pensiones en general. A su juicio, estas pensiones de gracia son un “premio” que da el Estado con plata pública.
La diputada Joanna Pérez (DEM) valoró el informe y lamentó que el Gobierno, a propósito de la entrega de pensiones de gracia por el estallido social, “quitará los recursos a los pensionados de gracia del carbón, del distrito 21, desde el año 2020 a la fecha”.
Antecedentes sobre pensiones de gracia entregadas
De acuerdo a lo expuesto por la secretaría de la comisión, la sesión de la jornada del 3 de enero se subroga a lo expuesto en la jornada del 13 de noviembre.
En dicha sesión, se leyeron recomendaciones en las que se instaba a hacer un seguimiento de la situación de los beneficiarios con lesiones leves. Esto con el fin de revisar la evolución de las condiciones físicas que justificaron el otorgamiento de la pensión.
En tal plano, se busca revocar el beneficio si se llega a detectar una mejora física en los beneficiarios con lesiones leves, así como las pensiones entregadas a personas con antecedentes penales.
También se llama a evitar el otorgamiento de pensiones de gracia como medida de reparación por eventuales violaciones a los Derechos Humanos. Esto, independiente del contexto en que se originen.
En este sentido, solicitan que el procedimiento de acreditación de la calidad de víctima esté a cargo de profesionales y especialistas del área de la salud, para constatar “objetivamente” las presuntas lesiones.
