La Sala inició el debate del informe elaborado por la Comisión Mixta de senadores y diputados que buscó zanjar las diferencias entre ambas ramas del Congreso, pero dada la extensión del mismo se pidió más tiempo para conocer sus detalles.
Con un detallado informe de cómo se resolvieron las diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados respecto del proyecto que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, la Sala de la Cámara Alta inició la discusión de dicha iniciativa que forma parte de la agenda de seguridad priorizada.
Dado lo extenso del informe, que alcanza las 235 páginas, los senadores solicitaron más tiempo para conocerlo en detalle, por lo cual se acordó votarlo el próximo martes 3 de diciembre en una sesión especial de 15 a 16 horas.
No obstante, se inició un extenso debate respecto de las implicancias que tiene la creación de este nuevo ministerio y toda su orgánica administrativa tanto a nivel central como regional.
En Sala intervinieron los senadores Iván Flores (quien informó el proyecto en su calidad de presidente de la Comisión Mixta), Luz Ebensperger, Carmen Gloria Aravena, José Miguel Insulza, Matías Walker, Yasna Provoste, Alfonso De Urresti, José Miguel Durana, Jaime Quintana, Alejandra Sepúlveda, Juan Castro Prieto, Isabel Allende y Claudia Pascual.
DIVERGENCIAS
Previo al debate, el senador Flores explicó los principales puntos a los que se abocó la Comisión Mixta, que realizó 12 sesiones para resolver las divergencias.
El primer tema en divergencia fue el de la dependencia de las fuerzas de orden y seguridad pública, quedando establecido que dependerán del Ministerio de Seguridad Pública.
Asimismo, se establecen funciones de coordinación interministerial e intersectorial del Ministerio, entregando herramientas de gestión para dicha coordinación. Se dispone que la ministra o ministro respectivo podrá solicitar la información a los otros órganos del Estado.
Otro punto que se zanjó es las atribuciones que tendrá la nueva cartera respecto de las fuerzas de orden y seguridad pública. Al respecto, se establece que solo la ministra o ministro podrá solicitar informes reservados, con lo que se fija una línea de responsabilidad precisa.
Además, se habilita un modelo de gestión de la seguridad que incorpore a toda la institucionalidad pública y privada. También se crea un Centro Integrado de Coordinación Policial que permitirá crear una instancia de asesoría de las policías al Ministerio para lograr una mejor coordinación.
Otro aspecto, dice relación con el Sistema Nacional de Protección Ciudadana y con la orgánica que tendrá el nuevo ministerio. Acá se señaló que las secretarías regionales ministeriales, será la orgánica de desconcentración del ministerio y tendrán funciones específicas, requisitos, causales de cesación y se crean los departamentos provinciales de seguridad pública.
En tanto, la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, destacó el acuerdo al que llegó la Comisión Mixta y explicó que el objetivo de esta iniciativa es crear un ministerio especializado, con un perfil técnico y sectorial, que tendrá además el rol de articular a los distintos actores del Estado en esta materia.
Se refirió al rol que tendrán los consejos de seguridad -uno de seguridad y otro de prevención del delito-; a las funciones del delegado regional, los seremis de seguridad y a los cambios orgánicos en el Ministerio del Interior.
En Sala los senadores coincidieron en que la seguridad es uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía y que requieren de una orgánica que sea sólida y a la vez rápida para poder dar respuesta a los fenómenos delictuales.
Asimismo, se destacó que se estableciera claramente la dependencia de las fuerzas de orden y seguridad pública y que se realicen cambios orgánicos para facilitar la coordinación de los distintos actores del Estado en este tema.
No obstante, uno de los puntos donde hubo distintas opiniones dice relación con la implementación territorial de la nueva cartera, sobre todo el rol que tendrá el delegado presidencial. Ello, pues algunos senadores y senadoras plantearon que sería importante considerar a las figuras de los gobernadores regionales en este esquema.
