Con el voto unánime de los senadores, la Sala aprobó el proyecto que crea convenios de pago para alivianar la deuda asociada a los préstamos solidarios para transportistas contemplados en las leyes N° 21.256 y N° 21.323. Con ello, la iniciativa queda en condiciones de ser remitido al Ejecutivo para su promulgación como ley.
Según explicó el presidente de la Comisión de Hacienda, senador Ricardo Lagos, el proyecto establece una nueva oportunidad para que, dentro de un periodo de seis meses, los beneficiarios con deudas pendientes a título de los préstamos solidarios de los años 2020 y 2021 del sector transporte – hayan o no suscrito un convenio previamente con la Tesorería General de la República – puedan suscribir nuevos convenios de hasta 36 meses para el pago en cuotas periódicas, mensuales y sucesivas, bajo condiciones más beneficiosas que los convenios generales del Servicio de Tesorerías.
El senador explicó que las leyes 21.256 y 21.323 facultaron excepcionalmente al Ministerio de Hacienda para conceder un préstamo estatal y solidario de apoyo a los microempresarios del sector transporte, por un monto de $320.500 y que podía solicitarse hasta en 3 oportunidades.
Para asegurar el pago de estos préstamos, las leyes contemplaban la suscripción de convenios especiales con Tesorería General de la República (TGR), además de vincular el pago de la deuda con la obtención del permiso de circulación (si había deudas impagas, éstas debieran pagarse en conjunto con el permiso).
No obstante, en abril de 2023 se constituyó una mesa de trabajo entre el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la Tesorería General de la República para buscar soluciones a deudores de préstamos solidarios frente a la inminente imposibilidad de obtener permiso de circulación, a finales de mayo.
El senador Lagos explicó que al discutirse la ley de reajuste al salario mínimo mensual, desvinculó deuda de los préstamos solidarios y su obligación de pago de la obtención del permiso de circulación.
Agregó que el proyecto tendrá incidencia financiera, toda vez que representa una potencial pérdida patrimonial para el Estado de hasta $1.470.761 miles o 40.707 UF del 31 de agosto del 2023.
Para el cálculo del impacto fiscal se consideró que todas las deudas y saldos remanentes, que se encuentran en UF, se pagarían en 36 cuotas a precios del 31 de agosto del 2023 (UF correspondiente a $36.130,61). Lo anterior se comparó con las deudas y los saldos remanentes considerando un pago en 36 meses y una proyección del valor de la UF, que se realizó con una estimación del valor del IPC para dichos meses.
