Tras diversas conversaciones sobre la expansión del gasto y la necesidad de salvaguardar los equilibrios fiscales, la Comisión Especial Mixta de Presupuestos valoró el acuerdo marco alcanzado con el Ejecutivo para la discusión del erario del próximo año.
Un ajuste del presupuesto de gastos para 2025 equivalente a 543.539 millones de pesos, que reduce desde 2,7% a 2% el crecimiento del mismo en el presupuesto 2025, así como medidas para actualizar y transparentar la actualización de los ingresos y el balance fiscal son algunos de los contenidos del acuerdo marco para la discusión del erario del próximo año.
Pasadas las 21 horas de este jueves y ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el ministro de Hacienda, Mario Marcel dio a conocer el documento comprometido con el fin de “establecer un marco de acuerdos que orienten la última fase de la discusión presupuestaria”.
Dicho acuerdo fue valorado por los senadores Felipe Kast, presidente de la instancia; Ricardo Lagos, Juan Antonio Coloma, José Miguel Insulza y Rodrigo Galilea quienes coincidieron en que reafirma el patrimonio nacional en orden a tener buenas prácticas en materia de estabilidad fiscal, ante las diversas recomendaciones que realizaron organismos como el Consejo Fiscal Autónomo.
Por su parte, las senadoras Yasna Provoste y Claudia Pascual junto a su par Juan Ignacio Latorre hicieron presente que este acuerdo marco no incluyó las diversas medidas sectoriales que se solicitaron durante el debate presupuestario en materia de salud y, especialmente, educación.
El documento dado a conocer por el ministro Marcel considera entre otros puntos:
– Contar con una asistencia técnica externa de un organismo internacional para la revisión y actualización de los modelos de proyección de ingresos.
– Las propuestas que se entreguen deberán recoger los aportes del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y se materializarán en lo que corresponda, con anterioridad a la presentación del primer Informe de Finanzas Públicas de 2025.
– El ajuste de gastos para el presupuesto 2025 no incluirá a los servicios de salud, las policías, Gendarmería, sistema escolar, concesiones y subsidios de vivienda.
– Se considera la recapitalización del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES).
– Los eventuales retiros del FEES se realizarán de acuerdo con la normativa de Ley de Responsabilidad Fiscal, no obstante, se deberá solicitar la autorización del Congreso para efectuar retiros cuando superen el 0,3% del PIB.
– Se mantendrá el límite de endeudamiento de 16 mil millones de dólares propuesto inicialmente con el fin de permitir el funcionamiento de los estabilizadores automáticos del presupuesto.
Cabe precisar que las disposiciones de este acuerdo se traducen en una serie de indicaciones al Articulado del proyecto y el Tesoro Público.
MIDESO
En la jornada de esta tarde se continuó con el debate de las diversas partidas presupuestarias (vea nota relacionada). En esa línea los fondos destinados al Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO), se aprobaron con 19 votos a favor y uno en contra. Con antelación, se pusieron en votación una serie de materias, la mayoría de las cuales terminaron por ratificar los fondos contemplados por la Dirección de Presupuesto (Dipres).
Así se agregó una glosa para permitir que los gobiernos regionales puedan financiar gastos en infraestructura y habitación de los establecimientos de larga estadía para adultos mayores.
A su vez, los parlamentarios hicieron ver al Ejecutivo, la necesidad de revisar la baja del per cápita que se destina a los tratamientos de personas con discapacidad cuando cumplen 18 años. La Dipres planteó la posibilidad de mejorar la cantidad de los cupos para que la disminución de los fondos no sea tan drástica.
Por otra parte, se rechazaron los fondos del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), el que también fue estudiado en la partida de Salud. En este caso, también se dio un amplio debate sobre la continuidad de este programa y su evaluación.
VIVIENDA
En el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se desarrolló un amplio debate respecto a los programas de construcción asistida, reconstrucción post incendios y regularización de viviendas. En ese sentido se rechazaron las indicaciones relativas a los programas y recursos de Serviu que estaban destinados a la regularización de asentamientos precarios.
Asimismo, se aprobó la asignación del Ejecutivo que habilita al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, “a suscribir convenios con municipios y realizar transferencia de recursos, para la gestión, diseño, desarrollo y/o ejecución de obras urbanas y/o habitacionales que forman parte de un Plan Maestro que se desarrolla en dicha comuna, además de estudios bases para instrumentos de planificación territorial. El convenio establecerá las acciones a desarrollar, plazos, modalidades de ejecución y evaluación. Con cargo a estos recursos también se podrán celebrar convenios con otras entidades públicas y organismos del gobierno central, los que no se incorporarán en sus respectivos presupuestos”.
JUSTICIA
Con el rechazo de los recursos para la Subsecretaría de Derechos Humanos y de la Defensoría Penal Pública se despachó también la partida correspondiente al Ministerio de Justicia.
Durante el debate legisladores de oposición mantuvieron el criterio de mantener el rechazo a estos recursos por las dudas surgidas respecto a los gastos y contrataciones, así como la falta de una política. En la oportunidad, el senador José Miguel Insulza hizo presente que ambas instituciones responden a obligaciones de un sistema democrático.
PODER JUDICIAL Y MINISTERIO PÚBLICO
En tanto, las partidas de Poder Judicial y Ministerio Público se aprobaron con algunos cambios, por ejemplo en el caso de este último se repusieron los gastos variables del programa “calles sin violencia”.
Por su parte, la partida del Ministerio de Mujer se aprobó luego de una serie de consultas por gastos en nuevas contrataciones. Además, se aclaró que algunos programas de Prodemu tuvieron una rebaja que apunta a la eficiencia operacional y no afecta la cobertura del mismo.
