Hace seis años se instalaron en el país las llamadas “Farmacias Populares”. Idea del alcalde de Recoleta Daniel Jadue. En la actualidad la iniciativa no existe y el edil se encuentra en prisión preventiva por cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa. Con estos antecedentes y tras conseguir las 62 firmas necesarias, el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, ingresó en la Cámara la solicitud de una Comisión Especial Investigadora (CEI).
El parlamentario precisó que “lo que parecía en un principio ser una buena idea, terminó en un escándalo” y que hoy existe una investigación llevada adelante por el Ministerio Público, además de una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado, contra Daniel Jadue. Y en ese marco, precisó Durán, “más allá de lo que la justicia dictamine en este caso, como diputados nos corresponde el deber de fiscalizar a las instituciones del Estado que en su momento no controlaron ni supervigilaron a la Achifar -la asociación chilena de farmacias populares-, y a su continuadora, FUSALP -Fundación de Salud Pública-, que dicho sea de paso, integran en su directorio 5 alcaldes en ejercicio”.
Por todo esto el diputado Eduardo Durán anunció que “hemos presentado a esta Corporación la creación de una Comisión Especial Investigadora para que investigue la actuación de los organismos del gobierno que en su momento no controlaron, no pusieron atajo o no supervigilaron correctamente a esta fundación Achifar”. Y recordó que la asociación de farmacias populares “tuvo que acogerse a la quiebra por distintas situaciones también de carácter comercial”.
Agregando que la CEI “viene con todas las atribuciones que le otorga el reglamento de la Cámara de Diputados. En un plazo de 60 días para convocar tanto al Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud, que en dos alas tienen injerencia en esta situación. El Ministerio del Interior, porque a través de la Subdere tiene que supervigilar el correcto funcionamiento de las municipalidades; y por su parte el Ministerio de Salud, a través de la Autoridad Sanitaria, cómo se expenden y cómo se administra la entrega de medicamentos de calidad y oportunamente a la población de nuestro país”.