El diputado Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), junto a los diputados Tomás Lagomarsino (Partido Radical), Rubén Oyarzo (IND) y Ana María Gazmuri (AH), anunciaron que solicitarán la conformación de una Comisión Especial Investigadora (CEI) tras la denuncia que hizo la Fiscalía Nacional Económica (FNE) contra las empresas Indura y Linde por coludirse en el mercado del gas de uso hospitalario e industrial durante la pandemia y elevar los precios en más de un 40%.
Al respecto, el diputado Mulet (FREVS) señaló que “ambas empresas han sido denunciadas por la FNE por estos actos atentatorios a la libre competencia que, incluso, hicieron durante la época de pandemia en el sistema hospitalario chileno y, obviamente, también en el sistema industrial. El hecho nos parece extremadamente grave. Uno, porque ocurre en pandemia y, otro, porque obviamente atenta contra la libre competencia y le sube el precio a la atención de salud. Ni más ni menos que a la atención de salud”.
Por este motivo, anunció que “hemos elaborado una solicitud de Comisión Especial Investigadora para que la Cámara de Diputados investigue a fondo la actuación de los organismos públicos en esta materia”.
En esa misma línea indicó que “esto es muy relevante, hoy día la legislación de la libre competencia puede establecer, incluso, cárcel para los ejecutivos que se coluden. Aunque eso tiene una limitación que tenemos que revisar ya que solamente pueden ejercer la acción penal la FNE y no cualquier chileno como una acción pública cualquiera. Pero esperamos que la FNE en su oportunidad también ejerza la acción penal”.
Asimismo, señaló que “también la legislación permite la muerte de las sociedades coludidas. O sea, como sanción máxima, la inexistencia también de esas sociedades”.
Según manifestó el diputado, “creemos que el país debe dar una señal clara en esto y el Congreso también, especialmente porque estamos hablando de la salud de chilenos y chilenas, además en medio de la pandemia”.
“Esto es extremadamente grave y por eso esperamos contar con la firma de al menos 62 diputados y diputadas y hacer una Comisión Especial Investigadora en esta materia y sancionar también o proponer sanciones políticas a los responsables de los organismos públicos que obviamente no hayan actuado con la debida diligencia”, agregó.
En ese sentido, expresó que “me pregunto por qué algunos establecimientos de salud no denunciaron, no avisaron, ni alertaron. ¿Qué es lo que pasa? Detrás de una colusión entre empresas también puede haber cierto entendimiento con las personas que reciben los servicios. Hay que investigar todo porque esto es extremadamente grave. Por eso hemos presentado esta solicitud de comisión especial investigadora”.
Por su parte, el diputado Rubén Oyarzo (IND) agradeció la invitación a participar de la conformación de la CEI e hizo un llamado a los demás parlamentarios a firmar la solicitud argumentando que “cuando tenemos una realidad en el país donde, lamentablemente, una madre está caminando miles de kilómetros para luchar por un medicamento que es carísimo, cuando tenemos una lista de espera tremenda en los hospitales públicos, cuando vemos que la realidad en la salud es lamentable, tenemos una crisis y una reforma que estamos viendo apresuradamente; vemos que empresas lo único que piensan es hacer negocio, coludirse, y cometer un delito. Esto es un delito y no lo podemos permitir. Y como autoridades tenemos que investigar y el caiga quien caiga tiene que ser real. La gente se aburrió de esto, de la colusión, de que nos vean la cara. Y sobre todo con un tema tan sensible como es la salud”.
En tanto, el diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical) manifestó que “me hace mucho sentido, porque desde mayo de 2020 hasta el 7 de septiembre de 2021 trabajé en un servicio COVID-19 durante la pandemia, en la residencia COVID-19 del Hospital Gustavo Frique (…) ese oxígeno, esos gases clínicos, salvaban vidas. Permitían que pacientes en estado crítico pudieran sobrevivir, sea en camas básicas, sea en camas intermedias o sea en camas críticas”.
“Aquí hubo un esfuerzo de todo el país para superar la pandemia, pero mientras muchos se sacrificaban arduamente para enfrentar esta crisis, otros se llenaban los bolsillos de dinero más allá de lo ilegítimo, como es el caso de una colusión. Y por todas esas personas, todos esos trabajadores, médicos, profesionales, enfermeras, enfermeros que sacrificaron meses, años de su vida, muchas veces encerrados, dándolo todo por salir de una crisis brutal que nos asedió como planeta; es que no podemos perdonar la colusión de estas empresas que se coludieron e ilegítimamente se llenaron los bolsillos de dinero”, agregó.
Para el parlamentario radical, “esto tiene que ser duro, tiene que ser real, porque no solamente afecta al sector público, aquí hubo una coordinación donde el 40% de las camas críticas de nuestro país fueron entregadas por el sector privado, por las clínicas de nuestro país, donde tampoco se puede descartar todavía que estas empresas también se coludieron para tener precios más elevados en el sector privado”.
“Aquí hay que hacer una investigación seria, sistemática, pormenorizada para llegar a toda la verdad y que las instituciones de nuestro país funcionen y sancionen de la forma más severa a estas empresas”, sostuvo.
Mientras que la diputada Ana Maíz Gazmuri (AH) expresó que “la verdad es que resulta indignante. Vemos una vez más cómo existe un sector de nuestra sociedad que se empeña en pasar por arriba de la moral, por arriba de las normativas y sin ningún escrúpulo, sin ningún pudor de aprovecharse de un momento tan crítico como fue la pandemia de COVID-19 para hacer negocio y mejorar sus ganancias”.
Además, agregó que “aquí vemos que una de las dos empresas está en el camino de ser sancionada y otra no por delación compensada, o sea, además reconocen y saben perfectamente que estaban cometiendo un delito, si no, no podrían recurrir a la delación compensada”.
“Esperamos que de verdad las sanciones aquí desde todos los ámbitos sean estrictas, dramáticas, porque ya estamos cansados de estas situaciones de colusiones en Chile: los pollos y los confort, pero ahora en un área que tiene que ver con la salud y eso realmente es aún más atroz”, concluyó.