La diputada independiente Camila Musante confirmó que su proyecto de reforma al mecanismo de nombramiento de jueces y ministros de la Corte Suprema y de Apelaciones será puesto en tabla de la Comisión de Constitución para avanzar en su debate y tramitación, considerando que “el Ejecutivo no le ha dado urgencia”, pese a que fue presentado el ministro de Justicia, Luis Cordero; y al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco.
Al respecto, la diputada Musante (IND) señaló que “hace cuatro meses ingresamos, junto a los diputados que me acompañan, un proyecto de reforma constitucional que cambia el actual sistema de nombramiento de ministros y de jueces, entendiendo que este es el debate de fondo ante el Caso Hermosilla y sus designaciones a dedo. Hoy conocemos los antecedentes de la ministra Vivanco, a quien incluso le solicitaba integrar salas. y no sabemos todavía si es que junto con ella escribían las sentencias o no”.
“Entendemos que más allá de perseguir las responsabilidades individuales, el fondo de este debate está en el actual sistema de nombramiento de ministros y de jueces y cómo consensuamos un mecanismo equilibrado donde intervengan los distintos poderes del Estado, a través del Consejo de Alta Dirección Pública, para que se produzca este nombramiento de la manera más transparente posible y con intervención de todos los poderes del Estado”.
En ese mismo sentido, detalló que “hemos propuesto un proyecto de reforma constitucional que crea un Consejo Judicial que tiene a su cargo esta separación de funciones. Todo con la intención de blindar la independencia del Poder Judicial de presiones externas y de nombramiento a dedo, como ya hemos visto durante los últimos meses, casi un año. en esta historia llamada ‘Caso Hermosilla’”.
Considerando lo anterior y la crisis del Poder Judicial, la parlamentaria confirmó que “el diputado Calisto, presidente de la Comisión de Constitución, ha decidido poner este proyecto en la tabla, ya que el Ejecutivo no le ha dado urgencia”.
“El ministro Cordero conoce este proyecto, se lo presenté personalmente hace meses. Se lo presenté también al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco. Todos los actores ya están en conocimiento de una propuesta para cambiar el problema de fondo: Cómo hoy nombramos a nuestros ministros, a nuestros jueces, quienes administran la justicia en nuestro país”, complementó.
Ya en mayor profundidad, indicó que “participan los tres poderes del Estado a través de un órgano autónomo independiente constitucionalmente llamado Consejo Judicial. La idea es que exista acá algo que se llama, en el derecho, los contrapesos. Por lo tanto, que no solamente haya una propuesta de los senadores y que termine definiendo el Ejecutivo cómo ocurre hoy. Sino que también participan los miembros del Poder Judicial, incluso, una novedad, incorporando a la Academia, a los profesores destacados de las escuelas de Derecho, y que los nombramientos se produzcan por Alta Dirección Pública”.
Asimismo, aclaró que “no se saca el Congreso (del proceso de nombramiento) porque este es uno de los poderes del Estado. Yo diría que (el problema) no está intrínsecamente en la integración de un poder del Estado, sino en la falta de controles y en la falta de transparencia y en la falta de requisitos suficientes. Por eso es que hemos establecido el elemento esencial que es el nombramiento por Alta Dirección Pública. Y hemos agregado un contrapeso más, que son personas ajenas a los poderes del Estado como son los académicos destacados de las escuelas de Derecho”.
Consultada respecto a los nombramientos de ministros y autoridades en los chats del abogado formalizado, la diputada señaló que “hay que ser muy cuidadosos y saber separar la paja del trigo porque conversaciones del señor Hermosilla con muchos personeros políticos, autoridades y representantes, vamos a encontrar en esas 700 mil páginas”.
“Lo importante es distinguir cuáles comprometían a esas autoridades para que abusaran del cargo del que ostenta y cuáles no. Por eso que lo de Vivanco es tan grave. Porque Hermosilla le decía ‘integra esa Sala’, obviamente para que fallara como a él le interesaba, para que dictara una sentencia y se pronunciara como a él le interesara. Y eso, no solamente es grave y cuestionable desde el punto de vista ético, también es un delito”, sostuvo.
Para la parlamentaria, “ahí hay que empezar a hacer esa distinción respecto de muchos que pueden haber sostenido conversaciones y otros que van a tener responsabilidades. De todos los que tengan responsabilidades, he sido muy clara, acá es el caiga quien caiga. Y si la querella que presenté hay que ampliar, lo haremos. Pero hay que ser en extremo cuidadoso y analizar los antecedentes de los que son constitutivos de delitos de aquellos que no. Ya definirán los tribunales”.
Por su parte, el diputado Miguel Calisto (Demócratas), presidente de la Comisión de Constitución, confirmó que “vamos a acoger la propuesta por parte de los diputados mocionantes. Nos parece importante abrir el debate respecto de crear un nuevo sistema de un régimen de nombramiento de jueces y de ministros de la Corte Suprema, a propósito de la contingencia”.
“La situación que hoy día estamos atravesando es grave, debilita evidentemente la institucionalidad del Estado. Y para nosotros es fundamental que el Congreso abra los espacios disponibles para que este debate se dé de manera seria. Vamos a convocar al Ejecutivo y a la Corte Suprema”, afirmó el parlamentario.
De igual forma, destacó que “creemos que este Consejo puede evidentemente ser una alternativa o una solución a la situación que hoy día vivimos donde sigan participando los tres poderes del Estado pero a través de procesos transparentes con criterios lo más objetivos posibles”.
“Esto además se suma a la discusión que hoy día se está dando en el Congreso Nacional respecto del régimen del sistema de nombramiento de conservadores, notarios y auxiliares de la Administración de Justicia, que esperamos pronto venga desde el Senado y, de esta manera, poder avanzar en mayor transparencia y enfrentar estos hechos que atentan contra la prioridad y que dañan a la institucionalidad del Estado”, añadió el presidente de la instancia legislativa.
En tanto, la diputada Maite Orsini (FA) señaló que “nuestra justicia no puede depender de favores personales, que redes de crimen organizado decidan cómo impartir la justicia o que cambien el nombramiento de una persona por fallar de una determinada manera, cómo ocurrió con Hermosilla y Vivanco a raíz del recurso de amparo que se había interpuesto en favor de una niña menor de edad que había sido víctima de violencia policial”.
“Hoy día más que nunca es urgente poder discutir en este Congreso sobre la forma en la que nombramos a los ministros de la Corte Suprema. Porque ¿cuántas veces el señor Hermosilla levantó el teléfono para llamar a algún ministro de Corte, en el que él había intercedido para su nombramiento, para favorecer a sus clientes? ¿Es la punta del iceberg el caso Vivanco y Matus? ¿Hay más jueces que también le han dado favores a personas que han intercedido en su nombramiento?. Eso es algo que no sabemos y eso es gravísimo”, planteó la parlamentaria.
Además, confirmó su respaldo a la acusación constitucional contra la ministra Vivancos y el ministro Matus, afirmando que “donde hay la misma razón, debe haber la misma disposición. Si estamos disponibles a respaldar las acusaciones constitucionales en contra de Vivanco y en contra de Matus por haber hecho favores o concesiones a las personas que intercedieron en sus nombramientos; si se logra comprobar lo mismo respecto de ministros de Corte, contra todo ellos procede y se respaldará la acusación constitucional, sin duda”.
Finalmente, el diputado Raúl Soto (PPD), indicó que “el sistema de nombramientos de jueces está absolutamente viciado, hay que cambiarlo radicalmente, esto requiere cirugía mayor porque está en juego no sólo la credibilidad del sistema judicial, sino que de todo el sistema democrático de nuestro país. Y este proyecto que presentamos hace meses atrás, que ya va a ser tramitado en la Comisión de Constitución, plantea una alternativa absolutamente razonable y viable, que es la creación de un Consejo Judicial que tenga de verdad autonomía, independencia, que tenga contrapeso respecto a las distintas influencias que pueden haber de los distintos poderes del Estado, y que aplique criterios de objetividad a la hora de designar y elegir a las personas que van a estar a cargo de entregar justicia a nuestro país. De una vez por todas hay que dejar en el pasado el sistema actual de nombramientos, porque es allí donde radica el problema».
