Como “una muy buena noticia que permitirá a Chile fortalecer el combate al crimen organizado” calificó hoy el presidente de la comisión de Seguridad, senador Iván Flores, la aprobación del proyecto que crea un Subsistema de Inteligencia Económica y que, entre otras medidas, permite el levantamiento del secreto bancario a través de modificaciones a la Unidad de Análisis Financiero, UAF, y de la acción que pueda ejercer el Fiscal de la CMF, Comisión de Mercado Financiero.
Adelantándose a los plazos programados, la comisión de Seguridad despachó la iniciativa, ingresada por el Gobierno en mayo del año pasado, pasando a la comisión de Hacienda.
En lo medular, la iniciativa crea un subsistema de inteligencia económica compuesto por la UAF, el SII, Servicio Nacional de Aduanas para poder perseguir la ruta del dinero e investigar actividades sospechosas ligadas al crimen organizado como el lavado de activos.
Según lo explicado por el senador Iván Flores, “se permitirá a la Unidad de Análisis Financiero abrir el secreto bancario en las causas que persigan la ruta del dinero y particularmente de transacciones de lavado o de crimen organizado en general. Esto es clave, junto a lo aprobado para la Comisión de Mercado Financiero; no hay forma de combatir el crimen organizado y delitos como la corrupción si no seguimos el camino del dinero ilícito”.
Cabe señalar que, además, se están modificando normas existentes respecto de los casinos de juegos y los juegos de azar. “Hoy día tenemos miles de máquinas hasta las más pequeñas comunas de Chile, haciendo juegos ilegales, con el subterfugio de que se trata de juegos de destreza y no juegos de azar, no pagan impuestos, no pagan patente y le sacan la plata a la gente”.
Finalmente, y consultado por el procedimiento No Cash, que busca impedir compras en efectivo por cierta cantidad de dinero, el senador Flores explicó que esta modalidad se incluirá en un proyecto que se encuentra actualmente en la comisión de Economía, y que regula transacciones. El proyecto aprobado hoy establece, sin embargo, la obligación de registrar el RUT de los compradores en las transacciones superiores a 1 UTA, $800.000 aproximadamente.
