“Fueron cinco días de trabajo, más de 50 horas de trabajo legislativo, con una alta participación parlamentaria”, afirmó la Presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola, al concluir el despacho del proyecto de Ley de Presupuestos 2025.
La legisladora, acompañada de los vicepresidentes, Eric Aedo y Gaspar Rivas, destacó el debate en las distintas partidas y que, tras las votaciones, la Sala de la Cámara avanzara en un presupuesto que “contempla las tres seguridades: la seguridad pública, la seguridad social y la seguridad económica”.
Además, valoró que se aprobara la partida de Salud y de Cultura. En cuanto a Educación, dijo que se tendrán quedar los debates en el segundo trámite en el Senado, para poder recuperar o ver cómo se llega a un acuerdo en materia de los Servicios Locales de Educación (ver nota relacionada).
Cariola también subrayó que “fue una jornada extenuante pero democrática, donde todas las posiciones se pudieron expresar (…) y donde lo más importante de todo es que las prioridades de las chilenas y chilenos en seguridad, vivienda, salud y educación y otros temas están contemplados en el presupuesto aprobado por esta Cámara”.
La propuesta ahora pasará a revisión del Senado.
Tesoro Público
La jornada de votación concluyó con la discusión de las partidas del Tesoro Público y los Gobiernos Regionales.
Vale recordar que la iniciativa ingresó a trámite contemplando un crecimiento del gasto fiscal de un 2,7%. Este monto se redujo a un 2% (cerca de 543 mil millones menos), durante la etapa de análisis previo en la Comisión mixta tras un acuerdo con el Ejecutivo.
En el debate de las normas del articulado, la mayoría de las diputados y diputados valoró dicho acuerdo. Se estimó que es una buena señal para la ciudadanía, que restablece la confianza entre los distintos sectores.
Entre los puntos destacados estuvo esta reducción y la incorporación de asesoría técnica para ajustar las proyecciones de crecimiento. En este ítem solo se rechazó el artículo sobre la autorización de endeudamiento. y algunas indicaciones parlamentarias, respecto de las cuales el Ejecutivo adelantó reserva de constitucionalidad.
En tesoro público, desde el oficialismo plantearon la deuda existente con los mineros del carbón y solicitaron restablecer las pensiones de gracia.
También la falta de financiamiento (solo $1.000) para el INDH, lo cual relativiza la importancia de los DDHH. Pero, la oposición criticó al instituto porque considera que es una organización altamente politizada.
Pese a que el gobierno no repuso en este trámite dichos recursos, se aprobó una norma de Andrés Longton (RN) para que el INDH pueda deducir querellas por hechos que revistan carácter de crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra, tortura, desaparición forzada de personas, terrorismo, narcotráfico, crimen organizado y tráfico ilícito de migrantes o trata de personas.
Además, una modificación del gobierno para fijar que las municipalidades tienen plazo hasta el 31 de enero de 2025 para informar a la Subdere el uso de los recursos transferidos durante el 2024. De lo contrario, no se podrán transferir los recursos 2025.
Gobiernos regionales
Finalmente, en el caso de la partida de Gobiernos Regionales, un punto de preocupación fue que no se haya reducido el monto de asignación directa que tienen los gobernadores regionales.
Sin embargo, mientras algunos plantearon que es fundamental avanzar en la legislación que quita la posibilidad a los gobernadores de distribuir dineros, otros pidieron que estas autoridades puedan respaldar a los comités de ayuda temprana y de reconstrucción.
En las votaciones, la Sala no aprobó la indicación del Ejecutivo referida a una glosa que abordaba modificaciones a los presupuestos de inversión regional de los gores. Empero, sí logró el respaldo para especificar plazos y trámites en torno a propuestas de distribución presupuestaria. Otra enmienda impulsada por el Gobierno permite que las transferencias de capital del presupuesto de inversión de los Gores puedan financiar proyectos de municipalidades asociados al Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL).
Además, por efecto de una votación separada pedida por Felipe Donoso (UDI), se eliminó una norma que permitía, en 2025, que los Gores pudiesen efectuar transferencias a instituciones cuyos presupuestos se aprueben en esta ley. Otra indicación limitó a un 10% el gasto derivado por transferencias corrientes para cometidos al extranjero de los Cores.
En la partida se verificó un reordenamiento de las glosas, a solicitud de la Asociación de Gobernadores y otros actores regionales. Además, se permitirá la firma de convenios de mandato, lo que posibilitará acelerar la ejecución de proyectos y mejorar la administración de los recursos.
