Este martes, en la sala de la Cámara de Diputados, y posteriormente en la misma instancia en el Senado, se aprobó una nueva prórroga al Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Macrozona Sur.

Al respecto, la ministra del Interior y Seguridad Pública indicó que “esta es una renovación que es importante porque se hace en un contexto en que la tendencia a la baja de los ataques en la zona se vuelve ya incontrarrestable. En lo que va del año tenemos un 41% menos ataques violentos y en paralelo tenemos un incremento de 25% de los detenidos por los ataques que ha habido y un aumento también de las condenas que se han obtenido por las acciones violentas”.

La secretaria de Estado emplazó a pasar a otra etapa en esta discusión, que contemple la renovación de esta herramienta institucional pero que, además, aborde “cómo el Estado asegura presencia en la zona y respuesta a los conflictos que han ocasionado -en el pasado- la violencia. En gran parte, la sostenibilidad de los resultados que se han obtenido va a depender de que el Estado no abandone su rol en esa zona”.

En su intervención, la jefa de gabinete recalcó que los hechos de violencia disminuido en todas las regiones de la macrozona sur: -43% en La Araucanía,

-33% en el Biobío, -53% en Los Ríos y -60% en Los Lagos respecto a 2022. A nivel provincial, Malleco marca una disminución de -38% en el total de eventos, siendo la provincia que más incide en la disminución en la macrozona. Además, Cautín disminuyó un -56% y Arauco un -35%.

Los atentados incendiarios presentan una disminución relevante respecto del mismo periodo del 2023 y 2021 (al 23 de junio de cada año), con -59% y -68% menos respectivamente. Además, abril y mayo son los meses con menos atentados reportados desde el 2017, con 4 atentados en cada mes. Asimismo, los fallecidos en este período han disminuido en un 25%, la presencia de armas de fuego – 58%, mientras que las detenciones por violencia rural han aumentado en un 25%.

Avanza proyecto que aumenta sanciones por “narco-funerales”

Además, durante la jornada fue despachado desde la Cámara de Diputados hacia el Senado -en primer trámite constitucional- el proyecto de ley para aumentar y endurecer sanciones por “narco-funerales”.

“Este proyecto ha estado con urgencia desde que se presentó y hoy día finalmente lo despachó la Cámara de Diputados. Es un proyecto que está en la agenda de fast track y esperamos que en el Senado pueda tener una tramitación más rápida para lograr despacharlo en corto tiempo, porque el compromiso adoptado por ambas cámaras es que en el mes de septiembre este proyecto se transforme en ley”, recalcó la jefa de gabinete.

La iniciativa propone aplicar la sanción más alta disponible ante desórdenes públicos, irrupción violenta, obstrucción de la circulación, saqueos, delitos relacionados con fuegos artificiales y el porte de armas blancas. Además, se propone aumentar el máximo de presidio desde 541 días hasta 5 años cuando se vulneren las restricciones fijadas, como realizar velatorio sólo dentro del cementerio.

El proyecto establece que el delegado presidencial regional determine el nivel de riesgo del funeral mediante una resolución fundada y ordenará que la inhumación se realice dentro de las veinticuatro horas posteriores a la notificación de dicha resolución.

Este plazo aplica únicamente a los funerales calificados como de alto o extremo riesgo. Durante este período, se debe completar todo el proceso funerario, incluyendo el traslado del fallecido desde el lugar de fallecimiento o desde el Servicio Médico Legal hasta el sitio de sepultura o cremación correspondiente.

Inteligencia Económica y Ministerio de Seguridad Pública

En tercer lugar, el proyecto de Inteligencia Económica ha sido votado en su mayoría en la Comisión de Seguridad del Senado y se espera que la próxima semana sea despachado de esta instancia.

“Levantar el secreto bancario, que en realidad es el corazón del proyecto del Ejecutivo, cuando hay síntomas de crimen organizado o de delitos violentos y graves que atentan contra los derechos de la población, no es perseguir a las personas por sus compras en el supermercado, es darle las condiciones mínimas al Estado, igual que se las damos para hacerle seguimiento a las personas sospechosas o hacer controles de identidad en la calle. Mirar las

cuentas bancarias cuando hay sospecha de crimen organizado es un requisito de la persecución moderna de este tipo de delito”, subrayó la ministra.

Finalmente, la titular de Interior explicó que se presentó en la sala del Senado el informe de la Comisión de Seguridad sobre la tramitación del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, para determinar qué materias se resolverán en una comisión mixta.

“Se ha decidido votarlo en una semana más, en la búsqueda de un acuerdo, porque el informe da cuenta de una propuesta de mayoría de la Comisión que fue respaldada por el oficialismo y la Democracia Cristiana. Sin embargo la oposición ha tenido todavía dudas respecto de cómo votar para este tercer trámite. Vamos a hacer el esfuerzo de darnos una semana más para construir un acuerdo y asegurar una comisión mixta breve, porque tenemos un compromiso ante el país de despachar este proyecto en corto tiempo”, puntualizó la autoridad.