La Sala de la Cámara, yendo directamente al fondo de las acusaciones, las rechazó al momento de votarse, con lo cual el proceso culminó en la Corporación.
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, en sesión especial, declaró no ha lugar a la admisibilidad de la acusación constitucional presentada en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá.
Se pronunciaron 67 votos a favor, 76 en contra y 7 abstenciones. Conforme con ello, culminó su proceso de tramitación en la Corporación.
Cabe mencionar que, al inicio de la sesión, la secretaria de Estado comunicó que no apelaría a la denominada “cuestión previa”. Esto es, la impugnación del estricto cumplimiento de los requisitos formales para la presentación del libelo. Según especificó, prefería ir directamente a la discusión de las acusaciones.
Como consecuencia de lo anterior, el proceso continuó conforme a lo definido por la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Ella establece que, si el informe de la comisión que evaluó el libelo recomienda rechazarlo, cuestión que aconteció, se dará la palabra a un diputado que la sostenga. Así, tomó la locución uno de los acusadores, el diputado Luis Sánchez (PREP).
Los acusadores
El diputado Sánchez hizo un repaso por situaciones de violencia que ha sufrido el país. Mencionó que el Gobierno suele sostener que las cifras han bajado. Sin embargo, subrayó que “las cifras de homicidio no han bajado”.
En esa línea, planteó que, en los últimos 24 meses, la violencia homicida ha aumentado sin precedentes. Especificó que Chile es uno de los países más peligrosos del mundo. Puntualizó que solo el 36% de los chilenos se siente seguro de caminar solos en la noche.
Por otra parte, planteó que la crisis tampoco se ve mucho mejor en materia de inmigración ilegal. Aquello, señaló, refleja las limitaciones de las policías y de las políticas de control fronterizo.
“Hubo errores en los gobiernos anteriores sí, pero el Gobierno que hoy está ejerciendo el cargo es el de Gabriel Boric y la ministra que hoy está en el cargo es Carolina Tohá y lo que pretenden sostener algunos sectores políticos es que no se les puede exigir, supuestamente, lo imposible. Nosotros estamos completamente en desacuerdo”, remarcó.
Recalcó que se trata de “un equipo que es incapaz e incompetente para enfrentar estos enormes desafíos”. Y explicó que la acusación se presentó en respuesta a que el Presidente no removió del cargo a la ministra. “Es un medio de control político y jurídico que se hace indispensable e inevitable”, sentenció.
Expuso que hay una clara relación de causalidad entre las omisiones y las decisiones del Gobierno con el agravamiento de esta crisis bajo el mandato de la ministra Tohá. “La ministra Tohá debe responder por las decisiones que ha tomado y las omisiones en las que ha incurrido durante su gestión. No se trata sólo de evaluar el contexto heredado de gobiernos anteriores sino que se deben exigir respuestas concretas al Gobierno que hoy detenta el poder y que ha demostrado una incompetencia manifiesta”, puntualizó.
Defensa de la ministra Tohá
En representación de la ministra expuso el abogado Juan Ignacio Piña (ver acá defensa presentada). Entre sus primeras palabras recordó que esta medida no solo es un control político, sino que, además, implica imponer una sanción gravosísima.
Luego, planteó que la acusación hace dos propuestas distintas. Una apunta a supuestas acusaciones respecto de sus funciones u omisiones que no dicen relación con su directo actuar. Lo segundo, acotó, es proponer un nuevo estándar para las acusaciones constitucionales indicando que no es un elemento de último ratio, situación que, tanto la tradición como los invitados a la comisión desmintieron, reconociendo que se deben cumplir con ciertos estándares de gravedad para su verificación.
El abogado sostuvo que los acusadores no hicieron atribuciones concretas a la ministra. En este plano, recordó que la responsabilidad es por infracciones de deberes propios, lo que no acontece en la generalidad del libelo. Más bien, acota, se hace una descripción de la situación de la seguridad pública en el país. Y, sobre la base de ello, se apela a una interpretación abierta de las causales constitucionales. “Es la primera vez que se escucha una norma de interpretación constitucional sin tomar en cuenta la norma constitucional”, apeló.
Comentó que el libelo solo tiene dos menciones directas a la ministra Tohá. Una de ellas refiere a la dictación de una resolución exenta referente al Protocolo de Reconducción. Este documento, remarcó, no lo realizó la ministra, sino un órgano descentralizado como es el Servicio Nacional de Migraciones. “No solo no lo dicta; no puede dictarlo ni corregirlo si no le gustara”, agregó.
La segunda mención es por, supuestamente, no haber apoyado al general Ricardo Yáñez, quien fue citado a la comisión informante por los acusadores. Al respecto, Piña citó dos testimonios de la excabeza de Carabineros donde no solo refutaba las imputaciones a Tohá, sino que, además, reconocía su labor y apoyo, por ejemplo, en mejoras de herramientas policiales, implementación, vehículos, etc.
Finalmente, entre otras variadas argumentaciones, afirmó que se fija un estándar por infracciones que no establece la Constitución; se imputan hechos previos a que empezara a ejercer el cargo; y se realiza un manejo mañoso de las cifras. Sobre esto último, por ejemplo, recordó que es bajo este Gobierno donde se ha concretado el aumento presupuestario más relevante en últimos ocho años en materia de seguridad pública; donde se quintuplicó el número de leyes dictadas sobre la materia; y donde se ha verificado también mejoras en materia de inmigración ilegal.
