Por casi tres horas, la Sala del Senado se abocó a analizar la acusación constitucional presentada en contra de la destituida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez.
Fue el secretario general del Senado, Raúl Guzmán, quien entregó una completa relación de los hechos, desde que se presentó el libelo en la Cámara de Diputados hasta su llegada a la Cámara Alta.
Allí, precisó los dos capítulos por los que se acusa a la ex magistrada, esto es, incurrir en la causal de notable abandono de deberes al ejecutar conductas que afectaron gravemente la imparcialidad y la independencia con que debía obrar como jueza, en particular, al mantener contactos indebidos en el contexto de determinadas causas y no declarar la inhabilidad que le asistía.
El segundo capítulo acusatorio, se refiere a «injerencias indebidas en distintos nombramientos de cargos judiciales y públicos, afectando gravemente la probidad judicial».
DIPUTADOS ACUSADORES
Luego, fue el turno de los diputados acusadores Jorge Guzmán y Ximena Ossandón, quienes explicaron punto por punto los fundamentos por los cuales sostienen que la ex jueza incurrió en notable abandono de deberes.
«Hemos visto que las conductas de la señora Vivanco son graves, reiteradas y han vulnerado principios que rigen el actuar judicial por lo que de manera evidente se ha alejado del cumplimiento de sus deberes como jueza… hay un accionar que desde la perspectiva de la proporcionalidad de la sanción, demanda una condena de este honorable Senado y las consecuencias que la Carta Fundamental dispone de encontrase la acusada culpable en definitiva», dijo la diputada Ossandón.
Asimismo, señalaron que «la remoción unánime del máximo tribunal la semana pasada, parece confirmar que no estamos en presencia de una impulsividad de la Cámara de Diputados».
En sus intervenciones los diputados se refirieron a los casos en los que la ex jueza habría incurrido en acciones indebidas, tales como sostener «un conjunto no menor de contactos indebidos con abogados intervinientes en causas conocidas en la Corte Suprema» sin inhabilitarse o abstenerse de intervenir en esos casos.
En tal sentido, citaron el caso de la empresa Belaz Movitec contra Codelco, donde la acusada presidía accidentalmente la Tercera Sala que debía ver el caso «provocando una tramitación exprés» del mismo y que provocó una millonaria indemnización a favor de la empresa. Sobre el punto, los diputados acusadores manifestaron que tal causa «reportó una indemnización de 11.700 millones a favor de la empresa y en la que un expediente de más de 300 páginas fue revisado en 90 minutos. Es al menos sospechoso».
Además, señalaron que la investigación a raíz del denominado «caso audios» reveló que la ex ministra «actuaba como una real operadora» no sólo en el ámbito judicial, sino que en otras materias como las del Ministerio Público o de los conservadores de Bienes Raíces.
«Al contrario de cómo debía obrar la ex ministra, anteponiendo siempre el interés general antes que el de sus vínculos o personas promovidas, estuvo constantemente interviniendo, ejerciendo injerencias impropias y eventualmente un tráfico de influencias continuo para intervenir en nombramientos de su ámbito de desempeño», dijo la diputada Ossandón. A modo de ejemplo, se refirió a la participación de la ex magistrada en la carrera para la designación del Fiscal Nacional.
EXPOSICIÓN DE LA DEFENSA
Luego, fue el turno del abogado defensor Juan Carlos Manríquez, quien fundó su exposición ahondando en el rol del Senado que actúa como jurado, el rol de la mujer en todos los espacios públicos y la contextualización de los argumentos esgrimidos por los diputados acusadores y en lo que calificó como “conjeturas y prejuicios” derivadas de la “extracción de conversaciones telefónicas del celular del abogado Hermosilla y sus posteriores filtraciones”.
Al respecto, señaló que “el asunto es discernir si las dudas planteadas por estas pruebas -que debieran ser declaradas ilícitas- son suficientes para aplicar una sanción, con las consecuencias de una acusación constitucional por notable abandono de deberes”.
Precisó que la ex magistrada ya fue sancionada por el máximo tribunal y “con esta acusación se pretende defenestrarla por segunda vez, inhabilitándola para ejercer cargos públicos por cinco años. No es justo ni proporcional”, argumentó el abogado Manríquez.
Posteriormente, vino el plazo para las respectivas réplica y dúplica de parte de la parte acusadora y defensora.
«Esto no es un capricho, es una responsabilidad con el país… estamos acusando a los magistrados de la Corte Suprema, lo que jamás pensamos que llegaríamos a hacer, pero efectivamente si hay vicios en el ejercicio del poder de los magistrados, tenemos la responsabilidad de decirlo, de acusarlo y aunque tenga consecuencias», señaló la diputada, Ximena Ossandón
«Más allá de la remoción que ya declaró la Corte Suprema, declarar la inhabilidad de la ex ministra Vivanco por parte del Senado, no es solo un acto de justicia frente a los hechos cometidos sino una medida necesaria para preservar la integridad y legitimidad de las instituciones», agregó el diputado Jorge Guzmán.
En respuesta, el abogado defensor aseveró que “concedo que el género no es determinante para considerar el ajuste o desajuste de un funcionario para estos estándares”. No obstante, aclaró que existe cierta distancia en “ser removida por no tener buen comportamiento con los deberes supuestamente infringidos”.
Asimismo, reflexionó en el sentido que si bien “la prensa no puede decirlos cómo pensar sí nos dice qué pensar”, al referirse a las publicaciones en medios sobre las conversaciones telefónicas que involucran a su defendida.
