Listo para votarse en general por la Sala del Senado, este miércoles 15, quedó el proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos, luego que la Comisión de Constitución aprobara la idea de legislar sobre la iniciativa.
Cabe recodar que este proyecto, que forma parte de la agenda de seguridad priorizada, fue analizado en general por la comisión para lo cual se escuchó al Ejecutivo, académicos y representantes de las Corporaciones de Asistencia Judicial del país, entre otros.
En lo fundamental, los temas más recurrentes que fueron planteados dicen relación con contar con los recursos suficientes para implementar la defensoría de las víctimas y avanzar con la profesionalización en las Corporaciones de Asistencia Judicial. En ese punto se planteó que una posibilidad es que quienes realicen las prácticas en dicho lugar sean licenciados en derecho y no solamente egresados de la carrera.
PROYECTO
La iniciativa que cumple su segundo trámite, tiene como objetivo permitir el acceso a la justicia a través de la entrega de orientación legal; entregar asesoría y representación jurídica a quienes no puedan procurárselas por sí mismos o pertenezcan a alguno de los grupos de especial protección que se determinen al efecto y de apoyo sicológico y social en los casos en que corresponda.
Para ello tiene como idea central la creación de un servicio de alcance nacional con desconcentración territorial.
Además, en el caso de Defensoría de las Víctimas, no es una línea de atención, sino que es una subdirección específica. En tal sentido se busca consolidar la administración de dos programas públicos en materia de atención de víctimas, uno que depende de la Corporación de Asistencia Judicial y otro que depende de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
También se incorporan los sistemas de solución alternativa y específicamente la mediación familiar, que actualmente está dentro del Ministerio de Justicia.
Este nuevo servicio público, tendrá alcance nacional y estará desconcentrado territorialmente a través de direcciones regionales.
Las tres grandes áreas de estructura, corresponden a acción y programa, de defensoría de bienes, de víctimas y subdirección de operaciones.
