UDI acudirá a Contraloría para que revise legalidad de 14 mil contrataciones que hizo el gobierno de Bachelet durante últimos 6 meses de gestión

22 mayo, 2018

Presidenta del partido, Jacqueline Van Rysselberghe calificó de “escandalosa” la situación detectada por la Dirección de Presupuesto (Dipres), afirmando que la ex Mandataria transformó el Estado de Chile en una “verdadera agencia de empleos” para operadores políticos.

Martes 22 de mayo de 2018. Un requerimiento a la Contraloría General de la República para que determine la legalidad de las masivas incorporaciones a contrata que realizó el Gobierno de Michelle Bachelet entre septiembre de 2017 y marzo de 2018 presentará la UDI para que el ente fiscalizador determine la legalidad de esas contrataciones.

El objetivo de la presentación es establecer el fundamento de esas contrataciones, la calificación del personal que ingresó durante ese período, a qué reparticiones fueron destinados, el rol que cumplen, y si contaban con los requisitos para asumir las labores que se les asignó.

La Presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, calificó de “escandalosa” la información emanada de la Dipres, agregando “que lo ocurrido es una demostración más de que el gobierno de Michelle Bachelet transformó el Estado de Chile en una agencia de empleo para operadores políticos”.

“Si bien solicitaremos un pronunciamiento de la Contraloría respecto a estas masivas contrataciones, a simple vista queda de manifiesto que hubo una intencionalidad política de la anterior administración al hacer este tipo de contrataciones masivas. Lo que queremos es saber si esas incorporaciones se ajuntan a la legalidad y determinar que hay detrás de lo ocurrido”, puntualizó la presidenta y senadora UDI.

La parlamentaria indicó que “el gobierno de Bachelet aumentó de manera irresponsable el personal del Estado, con un costo significativo para las arcas fiscales y para el país”. “Esto refleja que la ex Presidenta Bachelet y la Nueva Mayoría asumieron la administración del Estado como un botín de su propiedad, sin importarles el perjuicio que provocaron con ello. Son situaciones que no se deben repetir, porque además dañan el normal funcionamiento de los siguientes gobiernos”, concluyó Van Rysselberghe.

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