Andrea Alvarez Académica Investigadora de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales Universidad de Las Américas
En 2010 se aprobó la Ley No. 20.418 en materia de regulación de la fertilidad. Entre las obligaciones que esta normativa dispone en el ámbito de la educación, se encuentra la implementación de un programa de educación sexual en liceos con subvención estatal. En el mismo sentido, la reciente aprobación, en junio de este año, de la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, establece la promoción de una formación no sexista, lo que implica de alguna manera, seguir avanzando en la discusión sobre afectividad, sexualidad y género en nuestras escuelas y liceos.
La evidencia científica, a través de décadas de investigación, ha establecido sistemáticamente la importancia de la enseñanza en torno a la afectividad y la sexualidad como un componente del desarrollo humano (Goldfard y Lieberman, 2021). Se ha comprobado que los niños, niñas y adolescentes que se han formado en sexualidad, presentan mayores conductas de autocuidado de su cuerpo, salud física y bienestar psicológico.
Por lo demás, la opinión ciudadana es mayoritariamente favorable respecto de la posibilidad de que sus hijos e hijas reciban educación sexual en los colegios. Un sondeo realizado por la Corporación Humanas en 2022 con población adulta arroja que una mayoría de las personas encuestadas desaprueba la educación sexual que recibió en la escuela o liceo, por ser insuficiente, teniendo que recurrir durante la adolescencia a sus pares y a internet para resolver dudas sobre concepción y fertilidad. El mismo análisis señala que menos de un 6% de las personas encuestadas se muestra en desacuerdo con la posibilidad de crear una ley que garantice la Educación Sexual Integral (ESI) para todos los niveles de enseñanza, mientras que 94 % está a favor de una eventual ley ESI.
Es importante recordar que la diversidad de opiniones en materia de afectividad, género y sexualidad son parte de nuestra sociedad y que son resguardadas en la medida en que los programas en instrucción y conocimiento sobre sexualidad se adecuen al proyecto educativo de cada establecimiento, y a la autonomía progresiva de los alumnos.
Todo indica que es posible complementar de modo armónico el derecho de los niños y adolescentes a una educación sexual integral, con el derecho de los padres a resguardar los valores familiares en la formación de sus hijos. Verlos como opuestos es una falsa dicotomía.
