Juan Pablo Paredes, académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas e investigador del Centro de Estudios Urbano Territoriales (CEUT) de la Universidad Católica del Maule.
Existe cierta desinformación ciudadana respecto del proceso constitucional. La última encuesta Cadem identificó que un 58 % de las personas encuestadas dice saber poco o nada del proceso, mientras que el 27 % señala conocer algo y solo el 14 % menciona saber mucho o bastante. Mediciones más o mediciones menos, el clima constitucional no es el del ciclo anterior, tampoco el entusiasmo.
Razones hay para ello. Pasamos de un proceso fallido con presencia mayoritaria del mundo independiente y ciudadano, a un proceso dirigido y limitado a la experticia propuesta desde los partidos políticos. Tal giro en 180 grados, por cierto, genera desconcierto y desmotivación en la ciudadanía. El cansancio ciudadano por el gran número de votaciones concentradas en un breve periodo de tiempo, es otro factor relevante. Y así podríamos enumerar varios más.
Frente a tal coyuntura, la secretaria de participación ciudadana del proceso constitucional ha lanzado la campaña “mes de la participación ciudadana”, próximo a iniciarse. Desde el 7 de junio al 7 de julio, se espera que la ciudadanía se involucre en el proceso constitucional mediante la serie de instancias que se han definido, con la finalidad de incidir en la propuesta de texto constitucional.
Cuatro son los mecanismos para la participación de la ciudadanía. Estos son la consulta ciudadana, los diálogos autoconvocados, las audiencias públicas y la iniciativa popular de norma. Los mecanismos van desde un énfasis en la opinión y preferencias individuales, como las consultas ciudadanas, hacia mecanismos más deliberativos y asociativos, como los diálogos ciudadanos y las audiencias públicas, hasta mecanismos más reflexivos y convocantes como la iniciativa popular de norma.
Los mecanismos de carácter dialógico conllevan movilización y asociación de personas y, por ende, requieren inscribirse territorialmente, de lo contrario perderán efectividad. Para ello, las universidades regionales se han asociado con la secretaria de participación para asegurar el funcionamiento, tanto de los diálogos autoconvocados como de las audiencias públicas, al facilitar sus instalaciones para realizar el proceso.
La Universidad Católica del Maule ha definido los espacios necesarios para desarrollar jornadas de diálogos ciudadanos autoconvocados en Curicó y Talca, durante el mes de la participación. Por su parte, ha realizado las acciones necesarias para asegurar el funcionamiento de las audiencias públicas en ambos campus, los días 31 de junio y 1 de julio. Además, en su compromiso con la participación, ha definido una agenda de actividades durante todo el mes, que comenzó en Curicó, con la presencia de Claudia Heiss, integrante de la secretaria de participación, en el seminario mencionado al inicio de la columna.
En el clima de desmotivación y desconfianza ciudadana ya señalado, ¿para qué gastar tanto esfuerzo en fomentar la participación? Al menos por tres razones que merecen relevarse. Primero, por un compromiso irrestricto con la democracia institucional y el Estado de derecho, reflejado en la vinculación con el cierre del proceso constitucional. Segundo, debido a la convicción de que la incidencia ciudadana en el texto constitucional es una condición sine qua non para avanzar en la democratización de nuestra vida pública y política. Finalmente, porque en los espacios locales y a escala territorial es donde se vive la democracia social y se expresa el compromiso ciudadano de manera directa, por ende, son estos espacios los que pueden dotar de vitalidad a nuestra vida en común.
Fomentar y apoyar estos procesos de incidencia ciudadana, mediante su participación en el texto constitucional, son una apuesta por una mayor democratización de nuestra vida institucional, pública y social-comunitaria. Y esa, es una apuesta digna de acometerse.
