Santiago Escobar y Carlos Alzamora
IDEMIA, fue la empresa que se adjudicó el contrato de US$226 millones con el Registro Civil hasta 2032. Hasta hoy, ha obtenido en ingresos US$$540 millones en solo de 3 años, con el “mecanismo chileno” de tratos directos, visados por Contraloría con el argumento de “continuidad de servicio” en la provisión de cédulas y pasaportes, y que IDEMIA sería la única que da “confianza y seguridad”. La firma tiene una red inmejorable de contactos en el mundo político, pero al interior del Registro Civil ha tenido problemas para cumplir con todos los requerimientos del nuevo sistema, pero como es la antigua proveedora sigue en el proceso y gana de sus propios errores. El Sistema debe partir el lunes 16 de diciembre, pero se ve difícil que lo haga sin problemas.
Este lunes 16 de diciembre se estrena el nuevo diseño de los documentos de identificación en Chile. Una cédula nueva, con 32 medidas de seguridad, entre ellas algunas muy sofisticadas. Por ejemplo, imágenes estampadas en sustrato de policarbonato opaco, que solo se pueden ver a la luz de los rayos UV. En tanto, el nuevo pasaporte tendrá la tapa azul, 70 medidas de seguridad y en las hojas del cuadernillo habrá referencias gráficas a las regiones de Chile. En junio, cuando se anunció el plazo autoimpuesto por el Registro Civil, Omar Morales, el director nacional, y Luis Cordero el entonces ministro de Justicia, destacaban que este cambio era “una segunda revolución” para el servicio desde su creación en 1884. Las autoridades querían ilustrar la importancia de este proceso, que -además -como siempre incluye otros contratos, en este caso para la renovación del mobiliario en las oficinas y otros servicios complementarios, como los gestores de fila electrónicos.
Pero “la segunda gran revolución” tiene problemas de tiempo y de gasto. En el servicio se apuran a corregir problemas inesperados con IDEMIA, proveedor tecnológico histórico del Registro. Según versiones internas, solo habría entregado un tercio de las muestras requeridas que se acordaron para validar los documentos. La compañía, con sede administrativa en Courbevoie, el distrito de negocios de París, Francia, solo habría entregado ese tercio del total acordado y que se realiza en una fábrica que funciona en Países Bajos.
El Servicio explica que el sistema de identificación que opera en la actualidad data del año 2013 y es un sistema integrado en una sola licitación, que incluye desde la fabricación del documento hasta el mobiliario y equipamiento para la entrega de la cédula/pasaporte, pasando por los data center. “La administración anterior del Registro Civil -sostienen-, en el año 2019 diseñó un modelo que dividió la adquisición de este conjunto de subsistemas que hasta entonces estaban siendo llevados por una sola empresa (… y) el sistema general se fragmentó en 5 licitaciones (mesa de ayuda, computadores, impresoras, periféricos, fabricación de documentos). La única adjudicada fue la fabricación de documentos”. Como todo debe ser hecho a un mismo tiempo, dicen, se hicieron tratos directos por los servicios complementarios. Lo que no explican es por qué “lo complementario hecho en tratos directos”, sumó a los U$226 otros U$314 millones de dólares, 1.5 veces más de lo gastado en lo principal.
La serie de tratos directos entre 2022 y 2024 han incrementado el flujo de ingresos de la compañía de forma relevante. En noviembre de 2021 la licitación era un contrato de 10 años equivalente a un total de US$226 millones, que el Servicio dice que solo era la fabricación de cédulas y pasaportes. Gracias a los tratos directos “para que funcione el sistema”, IDEMIA habrá recibido ingresos por US$540 Millones en solo 3 años, o sea 314 millones de dólares más.
Pese al monto, los “servicios complementarios” presentan problemas y atrasos. En materia de mobiliario las pruebas de atención a público han dejado en evidencia que los muebles no están adaptados para personas en silla de ruedas o baja movilidad, de manera que necesitarán una asistencia extra de una funcionaria, para completar sus trámites. El Servicio lo explicó como “un problema de las sillas de rueda”, que son más anchas -señaló- que las medidas estándar de las puertas de entrada, lo que no es responsabilidad del servicio. Los gestores de fila electrónicos tampoco estarían listos lo que obligará a contratar personas para que realicen esta labor.
El “mecanismo chileno” del trato directo y la red política
Pese a estos y otros problemas IDEMIA está en posición inmejorable frente a su contraparte estatal, el RC, en comparación con otras empresas que tienen contratos importantes con el Estado.
Los contratos de trato directo visados por la Contraloría entre enero de 2022 y enero de 2024, han sido imputados a un retraso del propio Registro Civil en el proceso de licitación y justificados invocando “la continuidad del servicio”. Entre los argumentos el RC esgrimió la certeza de que “no existe otro proveedor con la seguridad y confianza requeridas”, según consigna la resolución del 4 de enero de 2024, que autoriza el último de estos tratos directos, vigente hasta el 5 de enero de 2025.
En la controvertida licitación de noviembre de 2021 adjudicada a un Consorcio Chino, y luego readjudicada a IDEMIA, estuvo presente el riesgo para Chile de que se acabara el programa de la Visa Waiver, por parte de Estados Unidos por la adjudicación a los chinos. Entonces, la oferta de IDEMIA calculaba los precios al público de la cédula y el pasaporte en $3.200 y $19,745, respectivamente.
Sin embargo, el 25 de enero de 2022 la Contraloría tomó razón de un trato directo, entre otras por las razones mencionadas antes, y los precios varían al alza quedando en $3.530 para la cédula y $69.212 para el pasaporte, sin IVA.
A través de estas prórrogas sucesivas, IDEMIA recibe actualmente $89.417 Iva incluido, por pasaporte. El Estado aporta $19.517, de manera que al público un pasaporte cuesta $69.900. Casi cuatro veces por sobre la oferta con la que la firma francesa se adjudicó la licitación, todo aparentemente por los mentados “servicios complementarios”.
Consultada la Dirección del Registro Civil sobre esta enorme brecha de precios, no responde y simplemente señala que “La información respecto a los costos del nuevo sistema de identificación que consiste en la licitación de fabricación y dos contratos de servicios complementarios está disponible en la web de Mercado Público” y “cuentan con toma de razón y control de gastos de Contraloría General de la República”. (las negritas son nuestras)
IDEMIA opera en Chile el Sistema de Identificación desde 2011, y según el contrato de 2021, seguirá proveyendo al Estado hasta 2032. Los retrasos y problemas de la puesta en marcha de la nueva etapa empiezan a generar molestias al interior del Servicio, en medio de un crisol de partidos políticos e intereses de distinta índole alrededor de las millonarias cifras de este negocio.
En Chile IDEMIA es representada por el estudio Zúñiga y Campos, oficina que forman Francisco Zúñiga y Jaime Campos, (ZC) con amplias redes con el mundo de centro izquierda y el actual oficialismo.
Jaime Campos histórico del Partido Radical, fue ministro de Justicia de Michelle Bachelet, mientras el contrato con IDEMIA de 2011 a 2021 estaba en curso. El actual director, Omar Morales Márquez, también del Partido Radical, fue promovido desde Valparaíso, donde era director regional del Servicio, mediante un concurso de Alta Dirección Pública. Antes fue Seremi de Economía y gobernador de la provincia de San Antonio en el primer gobierno de Bachelet.
Desde que asumió la Dirección del servicio teniendo a IDEMIA como su proveedor más importante, ha viajado constantemente al exterior, algo que en el Servicio se interpreta como “un lobby internacional a favor de IDEMIA”.
Por su parte, Francisco Zúñiga tiene una alta reputación en el mundo oficialista, particularmente en el socialismo democrático, como histórico militante el PS y uno de los constitucionalistas más consultado del partido. Muy cercanos a Bachelet, desde La Moneda lo llaman a menudo para zanjar asuntos complejos. En enero de este año, impuso su criterio respecto de que era posible revocar las pensiones de gracia entregadas durante el estallido social.
El abogado Zúñiga es mentor de algunos abogados prometedores de la plaza, que el vincula a su bufete ZC. Entre ellos Jaime Gajardo Falcón, que ascendió de subsecretario a ministro de Justicia a raíz del caso Monsalve, ministerio del cual depende el Registro Civil. Gajardo, militante del PC, compartió con Zúñiga la coordinación del libro “Constitucionalismo y Procesos Constituyentes volumen 3” publicado en 2021. El actual ministro trabajó en el estudio ZC hasta 2022. Ese mismo año aclaró que nunca vio asuntos de IDEMIA mientras estuvo en esa oficina. Pero su ex jefe está bien aspectado para llegar a un acuerdo en caso que los problemas de implementación empañaran la puesta en marcha del nuevo sistema.
