Por Santiago Escobar Sepúlveda
El gobierno considera haber dado un paso trascendental en seguridad luego que el Congreso Nacional aprobara la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Los detractores argumentan que solo es mayor burocracia y gasto público. El ciudadano toma palco, mejor dicho, galería, pues la inseguridad que sigue rondando la vida cotidiana.
En mi opinión este ministerio no estará en rodaje y control mínimo de sus mecanismos antes de dos años, y dadas las necesidades actuales y las bases de las cuales parte, es probable que sea un fracaso monumental. Adolece de serios problemas conceptuales para la generación y planificación de políticas, tiene malas definiciones orgánicas, parte de supuestos que no existen como la capacidad de inteligencia y coordinación entre los órganos que compondrían el Sistema Nacional de Seguridad que se formula, y abre este a la participación de entidades privadas en una política que es de estricto ámbito público en su gestión, constituyendo el hecho en un riesgo nacional de seguridad.
En su artículo 3° la ley señala que “El ministro o la Ministra de Seguridad Pública deberá efectuar la coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad pública. (…) encomendar acciones, y pronunciarse, en el ejercicio de sus competencias, sobre (…) los planes y programas que desarrollen los demás ministerios y servicios públicos, de conformidad con la Política Nacional de Seguridad Pública (sic)”.
Más adelante el artículo 8 señala que se crea el Sistema de Seguridad Pública que consiste en “el conjunto de instituciones o entidades públicas o privadas (sic) que mediante su acción coordinada y colaborativa propenden a que el Estado asegure el orden público (…)”. Y agrega que “estará integrado por los órganos de la Administración del Estado con competencia en las materias señaladas en el artículo 1°, (…) y por el Ministerio Público, las municipalidades y las demás entidades públicas o privadas que colaboren en las mismas materias, a través de los representantes que designen” (sic).
En su desorientación notoria en esta materia el oficialismo buscó tapar su mala imagen por el caso Monsalve y la mala gestión de la seguridad con una “maniobra estratégica” que tiene seis meses de respiro. Lo más probable es que el enfermo se agrave y que el tema le rebote en medio de las elecciones presidenciales del próximo año. Pues resulta difícil imaginar un ministerio de Seguridad operativo y articulado el 1° de junio de 2025, excepto como una pegatina de funciones y esquemas a medio diseñar.
Coordinación e inteligencia probablemente serán los mayores déficits. En el resto operacional las competencias institucionales no cambian y la inercia manda. Solo habrá pérdida de eficiencia por sistemas de consulta administrativa en un desempeño ya muy ineficiente en todos los órganos, sean Gendarmería, Policías o la ANI.
En inteligencia, el Ministro o Ministra podrá solicitar a cualquier órgano de la Administración del Estado los antecedentes o informaciones que estime pertinentes, aún si tienen el carácter de secretos o reservados y dispone el artículo 5 literal r) que el Ministerio deberá “ Promover, incentivar y facilitar el manejo interoperable de la información relativa a prevención, investigación, persecución penal, justicia penal, y reinserción social y rehabilitación entre las instituciones con competencia en estas materias y, especialmente, entre las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, el Ministerio Público y el Poder Judicial.”
Si se lee las competencias de información (art.5) con las de participación de organizaciones privadas (art 3 y 8) queda abierto un forado de inteligencia que nadie explica y que es una de las mayores debilidades del nuevo ministerio frente a la lucha contra el crimen organizado, una de las gárgaras preferidas del Ministerio del Interior. Un Sistema Nacional de Seguridad integrado por “instituciones como (sic) Carabineros de Chile, PDI, Gendarmería, la Agencia Nacional de Inteligencia, el Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, ministerios sectoriales, gobiernos regionales, municipios o el Ministerio Público, entre otros”, es un árbol de Pascua al que se puede seguir agregando pompones rojos, por la ambigüedad del adverbio “como” que parece colocado a modo de ejemplo.
En regiones, sin estructura ya es un problema visualizar que habrá tres instancias de consulta y o decisión: las 16 Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) que se crearán a lo largo del país, responsables de coordinar las fuerzas policiales en cada Región. El Delegado Presidencial Regional que sigue vigente y tendrá la atribución de instruir al Seremi de Seguridad Pública como actuar ante alteraciones del orden público, y luego las respectivas policías con sus sistemas operativos y sus mandos.
El Ministerio del Interior sigue en el rol de coordinador político del gabinete y encargado de la articulación intersectorial (¿), el gobierno interior, el desarrollo territorial y la prevención y gestión de desastres. Cosas tan particulares como la coordinación intersectorial en un tema de seguridad entre un Seremi y el ministerio de Hacienda (aduanas, lavado de activos) se hará a través del ministerio del Interior en Santiago. Con más de un centenar de nuevos funcionarios, a quienes habrá que formularles una descripción de funciones, y 700 que se trasladarán desde la cartera de Interior, no será fácil acoplarlos a un nuevo diseño orgánico.
Del vía crucis diario de la inseguridad mejor ni hablar. Hace poco, la Subsecretaría de Prevención del Delito dio a conocer la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), que se realiza desde 2003 con el apoyo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Ella muestra a nivel nacional un 87,6% de percepción de aumento de la delincuencia en los últimos 12 meses. Un 54,3% de las personas cree que la delincuencia aumentó en su barrio y un 76,4% cree que la delincuencia aumentó en su comuna. Entre enero y diciembre de 2023, un 21,7% de los hogares del país ha sido víctima de algún delito de mayor connotación social, es decir, uno de cada cinco hogares.
Datos hay de sobra, incluso georreferenciados y clasificados en diversas categorías. Lo que no existe es inteligencia coordinada y colectiva de los organismos de seguridad -incluidas las policías- que permitan diseñar y aplicar sistemas operativos pertinentes con un mínimo de eficiencia.
