En las votaciones de las partidas de la Presidencia de la República, el Congreso Nacional, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República, se aprobaron diversas indicaciones parlamentarias.
Con la aprobación de las primeras cuatro partidas, se inició el debate particular del Presupuesto 2025 (boletín 17142).
En esa línea, se respaldaron los presupuestos de la Presidencia de la República, el Congreso Nacional, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República.
En el caso de la Presidencia, su variación es de 0%, respecto del presente año. No obstante, considera un aumento en gastos de personal que son compensados con la reducción en transferencias corrientes. Además, contempla recursos para la operación y mantención del Palacio de La Moneda, la Residencia Presidencial Cerro Castillo y el Edificio Moneda Bicentenario.
Las y los diputados que intervinieron en el debate criticaron los recursos destinados para la contratación de personal a honorarios (102 personas para apoyo de las actividades presidenciales), lo cual preocupa por ser un año electoral. Asimismo los destinados al Palacio de Cerro Castillo.
La Sala aprobó tres indicaciones parlamentarias. La primera, del diputado Juan Antonio Coloma (UDI), establece que el Presidente de la República, sus Ministros de Estado y Subsecretarios deberán someterse semestralmente a un control de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales.
Asimismo, la indicación presentada por las/os diputados RN, Ximena Ossandón, Eduardo Durán y Frank Sauerbaum para incorporar una glosa nueva que indica que no podrá exigirse al personal de apoyo de la Presidencia la realización de jornadas de trabajo que coloquen en riesgo su integridad física o psíquica. En caso fallecimiento o enfermedad grave, la Dirección Administrativa de la Presidencia deberá iniciar una investigación sumaria de la cual informará a la familia, Contraloría y la Inspección del Trabajo.
Por último, la indicación del diputado Luis Sánchez (PREP), que señala que las personas que se contraten con cargo a los recursos de Presidencia, tendrán la calidad de agentes públicos para todos los efectos legales, incluida la responsabilidad administrativa y penal que pudiera derivar del ejercicio de sus funciones.
Congreso Nacional
El presupuesto del Congreso Nacional considera una suma de $173.737 millones, con una variación total de 1,4%, respecto al 2024.
Estos recursos financian al Senado, la Cámara de Diputadas y Diputados, la Biblioteca del Congreso, el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y el Comité de Auditoría Parlamentaria.
Para el Senado, el aumento es de 1,5% y considera fondos adicionales para el mantenimiento de los edificios de Santiago y Valparaíso. Asimismo, para el pago de las contribuciones de la sede de Valparaíso, reajustado a fines del año pasado con un alza de más de 250 millones de pesos.
La Cámara, por su parte, sube un 1,4% sus fondos. Como ejemplo, se incluyen fondos para la construcción de un nuevo ascensor, dado que, actualmente, solo uno de los tres en existencia está operativo. Los otros han completado su vida útil tras 40 años de servicio.
La Biblioteca del Congreso no tendrá incrementos. En el caso del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias se presenta un aumento de 1,4% en el subtítulo del Comité de Auditoría.
En el debate desde la bancada republicana rechazaron el aumento porque no refleja austeridad. Añadieron que aún se pueden optimizar recursos, ajustar el cinturón y se debe partir por el Congreso.
Por otra parte, en materia de asignaciones, hubo discrepancia sobre una propuesta referida a mejorar las condiciones laborales del personal de apoyo. Se defendió que las asignaciones no reflejan el costo de la vida y dificultan la función de los diputados en ejercicio y su personal. Por el contrario, otros legisladores manifestaron su preocupación porque iría en contra de la confianza que implican esos cargos y de la normativa actual que los regula.
Finalmente, la Sala aprobó la indicación -presentada por Ana María Gazmuri (PAH) y las legisladoras PC Carmen Hertz, Lorena Pizarro y Daniela Serrano– que plantea que se puedan priorizar medidas para mejorar las condiciones laborales, estabilidad laboral, formación, capacitación, reajustabilidad de sueldos y otros beneficios adicionales de dicho personal.
Poder Judicial
La partida del tercer poder de Estado se incrementará, igualmente, en un 1,4% el 2025. Los recursos asignados son $746.851 millones.
Los programas con mayor crecimiento son la Corporación Administrativa del Poder Judicial, con un porcentual de un 3,6%, y la Academia Judicial, con un 9,9%.
El foco de este presupuesto está en enfrentar ciertos nudos críticos en los tribunales de justicia, como las leyes promulgadas sin financiamiento. Además, el aumento de los ingresos, cantidad de escritos que se generan en los tribunales y, como consecuencia, un aumento en la carga de trabajo de sus funcionarios.
La Sala aprobó una indicación de la diputada María Francisca Bello (FA) que plantea que con cargo a los recursos para el financiamiento de la ley 21.484, sobre responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos, para que se pueda aplicar un estudio para revisar costos de implementar una efectiva interconexión de los sistemas de información del poder judicial y otros órganos del Estado para la implementación de la ley 21.389 que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
Asimismo, en el debate hubo apoyo al presupuesto, considerado por algunos como un modesto avance, pero destacando la asignación de recursos adicionales para la Academia Judicial, que permitirá capacitar a mas jueces y funcionarios judiciales.
Contraloría general
Finalmente, la última de las partidas de este grupo -aprobada por la unanimidad de la Sala- es la del órgano contralor que presenta una variación total de 1,6%.
Este erario de continuidad considera mejoras evolutivas a los sistemas de la institución. Además, refuerza la implementación de nuevas leyes y la rendición de cuentas de convenios con el Estado.
En ese sentido, destacan los recursos para:
1.- Fortalecer el sistema de rendición de cuentas.
2.- Reforzar el canal del denunciante de la Ley 21.592.
3.- Implementar la atención de denuncias por acoso laboral de la Ley 21.643.
4.- Robustecer la gestión de datos y la inteligencia artificial.
5.- Finalizar, durante el primer trimestre de 2025, la construcción de la sede regional de Coquimbo.
Finalmente, el subtítulo de mayor crecimiento es la Adquisición de Activos No Financieros (61%). Esto para las plataformas informáticas y sistemas evolutivos para el desarrollo de tecnologías de fiscalización.
Conjuntamente con los recursos para la operatividad, se aprobó una glosa del diputado DC Ricardo Cifuentes que establece que la Contraloría informará trimestralmente a la Comisión Mixta de Presupuesto sobre los criterios generales que tendrán las Contralorías Regionales. En específico, sobre optimizar la ejecución del Programa de Inversión Regional que deben desarrollar los respectivos Gobiernos Regionales en el año 2025.
En el debate se plantearon matices sobre la real capacidad fiscalizadora, dada la carencia de personal, recursos y tecnología.
La Sala, citada hasta las 22 horas, continuará con la discusión de las siguientes partidas.
