- Presidente de la comisión de Seguridad, Iván Flores, explicó que el funeral realizado en La Florida hoy no podría haberse desarrollado así con nueva normativa.
- Ley pasó a último trámite a la Cámara tras haber sido aprobada por el Senado.
Tras aprobarse en el Senado el proyecto que reduce a 24 horas el plazo máximo para realizar todo el proceso funerario en casos de funerales de riesgo, el presidente de la comisión de Seguridad, Iván Flores, señaló que “esperamos que la Cámara apruebe a la brevedad en tercer trámite para que podamos contar con esta ley que sin duda va a ser un aporte en estos casos. Los hechos que hemos visto los últimos días con motivo del funeral de un barrista habrían sido muy distinto, porque esta ley será para todos los funerales de riesgo”.
El proyecto forma parte de la agenda priorizada en materia de seguridad y tiene como objetivo regular la realización de funerales en que existan circunstancias, que permitan presumir fundadamente, que su realización representa un riesgo para la seguridad y el orden público. No sólo para los casos vinculados a crimen organizado y narcotráfico.
Según el senador Iván Flores, “el grado de riesgo del funeral lo establecen las policías y Gendarmería, cuando evalúan los antecedentes y características del fallecido y emiten un informe que se entrega al delegado o delegada presidencial, quien emite la resolución respectiva en base a esos antecedentes”.
Asimismo, precisó que se establece que se aplique el máximo de la penalización existente cuando se incumplan normas, en el contexto de estos funerales, como el uso de armas, uso de fuegos artificiales, consumo de alcohol y drogas, entre otros.
El senador señaló que “no más velorios, y el plazo de 24 horas como máximo para cremar o sepultar a la persona es perentorio. Esta es una ley solicitada desde las comunas más afectadas por este tipo de funerales que han provocado un sinfín de problemas, alteraciones en orden público e incluso delitos”.
Entre mayo de 2019 y noviembre del año pasado se registraron más de mil 800 funerales de riesgo, con una serie de complejidades y conflictos para la comunidad, lo que implicó cierre de colegios, centros de atención médica y un amplio despliegue de efectivos policiales.
